España pide a la OSCE que supervise las elecciones aunque ha obviado todas sus recomendaciones
Los observadores internacionales de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) analizarán las elecciones 20 de diciembre. Lo hacen a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en las pasadas elecciones ya recibió un informe que señalaba una serie de deficiencias. Sin embargo, en estos cuatro años el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de las recomendaciones para mejorar el sistema democrático.
La misión de la OSCE estará integrada por seis observadores y tras los comicios entregará un informe a la representación de España en ese organismo, que lo distribuirá entre los estamentos de la administración a los que afecten las recomendaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que se trata de “una práctica habitual”.
En el informe de 2011 la OSCE señalaba que las elecciones se realizaron “con transparencia y profesionalidad”. “Los votantes tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una elección informada en un ambiente electoral pluralista”.
Pero el documento recogía una serie de deficiencias a mejorar de cara a los siguientes comicios que han sido obviadas en su totalidad por el Gobierno. El informe puso el foco en el sistema electoral, y en especial en la distribución de escaños por provincias.
La OSCE advirtió al Ejecutivo de que esa distribución provocaba una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas. Señalaba también que el sistema de circunscripciones “favorece a partidos de considerable influencia a nivel estatal y provincial”. Una gran cantidad de provincias eligen un número reducido de diputados, elevando los umbrales para entrar en el reparto, señalaba el documento.
El mínimo del 3% de votos para obtener representación también supone un problema para este organismo. Las papeletas en blanco aumentan el número de votos necesarios para participar en el reparto de escaños, lo que puede suponer que partidos pequeños queden excluidos.
“El sistema electoral para el Congreso de los Diputados no respeta completamente la igualdad de voto a nivel nacional”, sentenciaba la OSCE. Es el mismo argumento que han esgrimido formaciones como IU y UPyD para reclamar una nueva ley electoral “más justa y democrática”, y que nunca ha recibido el respaldo de los grandes partidos.
Tribunal de Cuentas y Junta Electoral Central
La OSCE también señaló algunas deficiencias que afectan al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la actividad económica de los partidos, y a la Junta Electoral Central (JEC), que “vela por la transparencia y objetividad” de las elecciones.
Sobre el Tribunal de Cuentas, el informe criticó que tarde hasta dos años en publicar los informes sobre la contabilidad de los partidos. Pidió al Gobierno que le dotase de más recursos para que los plazos de publicación sean “razonables”. Además, reclamó que se publicasen los informes financieros de las candidaturas tras su presentación, antes de que se sometiesen a examen.
En cuanto a la JEC, la OSCE alertó sobre su opacidad, recomendó que supervisase la cobertura mediática de la campaña en lugar de esperar a posibles reclamaciones y sugirió incluir más mujeres en su composición. En la actualidad solo cuenta con dos, frente a 11 hombres.
Las OSCE hizo otras recomendaciones menores que también fueron obviadas. Criticó algunos puntos de la ley de partidos que bordean “la restricción del derecho a participar en asuntos públicos”, pidió que se formase mejor a los miembros de las mesas electorales, que solo reciben un folleto con instrucciones, y apeló a limitar el papel de los apoderados de los partidos en día de las elecciones en favor de observadores internacionales.
