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Expertos ven insuficiente la Ley de Transparencia y piden que afecte a partidos y, en parte, a la Casa del Rey

Descartan extender el silencio positivo y abogan por un plazo de publicación que, si no se responde, abriría la vía del recurso

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Tres expertos del mundo universitario han denunciado insuficiencias en el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno remitido por el Ejecutivo y han abogado por incluir a los partidos políticos y otras entidades que reciben dinero público y por afectar también, aunque sea parcialmente, a la Casa del Rey.

En esta segunda jornada de comparecencias de expertos, además del presidente del Tribunal de Cuentas y una dirigente de la asociación de lobbies', han acudido a la Comisión Constitucional del Congreso tres profesores universitarios.

Emilio Guichot Reina, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, se ha mostrado partidario de incluir el acceso a la información pública como un derecho fundamental, lo que implicaría elevar el proyecto del Gobierno al rango de ley orgánica.

En cuanto al ámbito de aplicación, ha abogado por extender la transparencia a los partidos políticos, sea en la ley del Gobierno o en otra específica, porque "es una demanda social clamorosa". Respecto a la Casa del Rey, es partidario de que, aun que no es estrictamente una administración pública, al menos haga pública al menos la información sobre bienes o contratación.

LOS DERECHOS NO SON UNA FOTO FIJA

Manuel Sánchez de Diego y Fernández de la Riva, profesor titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha exigido una "profunda transformación" del proyecto de ley, empezando por considerar el acceso a la información pública como un derecho fundamental, lo que requeriría ley orgánica.

A su juicio, el reconocimiento de derechos "no es una foto fija" y, aunque admite que el TC no ha admitido un recurso de amparo basado en el derecho al acceso a la información pública, las demandas de transparencia empujan al reconocimiento de ese derecho como fundamental. "Desearía que fueran ustedes osados para construir un derecho fundamental a la información pública", ha animado a los diputados.

Sobre el ámbito de aplicación, entiende que no se puede limitar a las administración pública, sino que debe afectar a todos los poderes del Estado y en ese sentido cree que debería llegar también a la Casa del Rey, aunque sea parcialmente. En todo caso, ha reconocido el esfuerzo de transparencia que viene haciendo la Jefatura de Estado.

Para Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, no hace falta elevar el libre acceso a la información público al rango de derecho fundamental pues considera que "con los que hay, ya sobra". "Estoy hasta el pelo y más arriba de derechos cuando nadie hace lo que tiene que hacer", ha añadido en otro momento de su intervención.

A su juicio, "todo el que maneje dinero público tendrá que dar cuenta de eso, directa o indirectamente" y en ese sentido ha emplazado a los partidos a "predicar con el ejemplo" y sumergirse en el espíritu de la Ley de Transparencia. "Con la que está cayendo, partidos y sindicatos deben estar en la Ley de Transparencia", sostiene.

ESCEPTICISMO

En todo caso, ha expresado su "escepticismo" ante la Ley de Transparencia porque de poco sirven que se publiquen presupuestos y balance si esa información no resulta entendible por el ciujdadano. "La información puede ser abrumadora pero otra cosa distinta es que se dé en términos legibles para el ciudadano", ha apuntado.

Es más, tampoco cree que la transparencia vaya resolver el problema de la corrupción, que es un tema "complejo" ante el cual el Boletín Oficial del estado "no hace milagros". "No creo que por poner esta ley u otra más bonita, vayamos a acabar con la corrupción --ha dicho--. Los problemas no huyen con el BOE".

Los expertos también hablaron de los pasos a dar cuando la administración no responde a requerimientos de información y todos han defendido el 'silencio negativo', que abre la puerta a recurrir pasado un tiempo de no respuesta, en lugar de dar el salto al 'silencio positivo' (obligación de publicar de inmediato lo que no se ha respondido).

"Soy absolutamente contrario a la extensión del silencio positivo --ha argumentado el catedrático Tomás Ramón Fernández Rodríguez--. La figura original es el silencio negativo y el positivo es una excepción, aunque un día, para hacernos más progres, se quiso convertir el silencio positivo en regla y eso es un disparate".

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