Los problemas para que te atienda un médico en otra región que expuso Albert Rivera son económicos

Los problemas y reticencias para que en España se atienda sanitariamente al residente de una comunidad autónoma en otra región son básicamente de dinero. La ley reconoce ese derecho y existen normas que regulan la atención. Pero luego hay que cuadrar las cuentas porque la comunidad de donde viene el paciente tiene que sufragar el gasto con sus presupuestos. Ahí surgen las trabas burocráticas.

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, dijo en el debate a cuatro del lunes que pretende crear un fondo para que “no se deje de atender a nadie por encontrarse en otra comunidad autónoma”. A día de hoy, esa idea ya está amparada por la normativa. Aunque, en ocasiones, es algo intrincada ya que las regiones no quieren pagar algunas prestaciones no consideradas obligatorias o se quejan porque consideran que lo que se les abona no cubre los gastos.

Para circular por todo el territorio con acceso a los centros sanitarios, en 2013 se creó la tarjeta sanitaria única. El documento está llamado a sustituir a las que han estado expidiendo los diferentes sistemas sanitarios autonómicos y que identificará a los pacientes en centros de salud u hospitales del país “independientemente de la administración emisora”, dice el Real Decreto que la regula.

Las comunidades autónomas tienen que ir implantándola según caduquen las antiguas tarjetas y, en todo caso, en el plazo de cinco años: 2018. El documento lleva un código de identificación personal como usuario del Sistema Nacional de Salud. Esta tarjeta debería eliminar los problemas en los mostradores de citas o admisión. Luego vendría la cuestión de cómo se reclama el gasto derivado del servicio.

Rivera también hizo referencia a la necesidad de que “los informes médicos se compartan”. Es otra versión de los obstáculos burocráticos para aquellas personas que son atendidas lejos de su domicilio habitual. Y también tiene una derivada económica porque hacer compatibles las bases de datos sanitarias con sus propios sistemas informáticos precisa la implantación de protocolos y plataformas comunes. Presupuesto al fin y al cabo.

Algo parecido ocurre con las recetas de medicamentos que se presentan en las farmacias. Cada comunidad financia parte de los fármacos que se dispensan. Presentar recetas de un sitio en otro conlleva un trasvase de dinero público de unos presupuestos regionales a otro. Y, por ejemplo, las farmacias de la Comunidad Valenciana han vivido una situación de estrangulamiento por los retrasos de la Generalitat en abonarles los fondos. El Ejecutivo catalán debe unos 200 millones a los farmacéuticos, según su colegio oficial.

Los fondos 

La cuestión del dinero sobrevuela toda esta atención extraterritorial. En este sentido, no es lo mismo las poblaciones limítrofes entre regiones que el caso de los ciudadanos que pasan una temporada fuera de casa y precisan un médico. Esas circunstancias se han abordado hasta ahora con dos fondos específicos.

Para compensar económicamente las derivaciones entre regiones –habitualmente en la zonas vecinas–, se creó en 2001 un Fondo de Cohesión Sanitaria que llegó a tener 150 millones de dotación presupuestaria con el que financiar los tratamientos que un sistema regional daba a ciudadanos con tarjeta de otra comunidad. Sin embargo, el fondo fue disminuyendo hasta que el Gobierno del PP lo dejó en dos millones para 2015 y, para este año, ya no está en los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora, funciona mediante el saldo que cada comunidad autónoma presenta entre pacientes atendidos y pacientes derivados. Y del tipo de atención que se ha dispensado: no es lo mismo una consulta del médico de familia que un tratamiento oncológico o una operación quirúrgica. El Real Decreto preparado y presentado por el Ejecutivo a finales de 2015 para regularlo especificaba que se compensará “cuando [una región] no disponga de los servicios adecuados”.

Por otro lado se da la situación de los ciudadanos que se desplazan temporalmente a otra zona del país y deben acudir al médico o continuar con algún tratamiento. En ese caso, se echa mano de otro fondo: el de Garantía Asistencial (FOGA) que instauró el equipo de Mariano Rajoy en 2012. También se basa en la resta entre “la atención prestada a pacientes” de otra región y “el importe de la atención recibida por pacientes de la comunidad en otra comunidades autónomas”. El FOGA alcanza, especialmente, a la cartera de servicios básica de Atención Primaria y Especializada.

A todo esto se le añade que las comunidades autónomas han estado ofreciendo, antes de la reciente tarjeta única, una tarjeta sanitaria temporal a los residentes que pasen hasta seis meses en sus territorios para incorporarles a sus bases de datos sanitarias. Una vez pasados esos meses, los ciudadanos tenían que renovarla. De hecho, si se vive más de seis meses en una localidad, hay que empadronarse en ese municipio (con lo que se adquiría la tarjeta de ese sistema regional de salud).

Los convenios

Muchas comunidades autónomas tienen firmados diversos convenios de colaboración para que sus ciudadanos de zonas limítrofes puedan utilizar los servicios sanitarios de la vecina.

Sin ir más lejos, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón anunciaron el 11 de junio un acuerdo por el que 11.000 personas de la zona próxima de Teruel y Castellón podrán acudir a la sanidad aragonesa o valenciana indistintamente.

Fórmulas parecidas aparecen, por ejemplo, entre Galicia y Castilla y León (que entre 2010 y 2014 intercambiaron casi un millar de pacientes entre atención primaria y hospitalaria según sus sistemas sanitarios). El País Vasco tiene suscritos convenios similares con La Rioja o Navarra para que algunas de sus poblaciones utilicen los hospitales vecinos al tiempo que ofrecen diversos servicios especializados a riojanos o navarros de los pueblos cercanos al límite administrativo.

También es cierto que este asunto de la atención limítrofe sirve para la contienda política. Castilla-La Mancha y Madrid firmaron un acuerdo para que población del norte de Toledo (y pacientes de procesos complejos de Guadalajara) utilizaran dos hospitales madrileños en Aranjuez y Parla.

El convenio se rubricó cuando ambas administraciones estaban dirigidas por el Partido Popular e idearon un sistema muy parecido al que aplica Madrid para pagar a las empresas privadas que gestionan algunos de sus centros externalizados: un canon per cápita anual para cada tarjeta sanitaria asignada a esos hospitales.

Sin embargo, el Ejecutivo castellanomanchego, que ahora preside el socialista Emiliano García-Page, ha considerado que este modelo es demasiado gravoso y pide que solo se pague por los pacientes que, de hecho, utilicen los servicios de Madrid.

Los programas electorales

Más allá de las palabras lanzadas por Albert Rivera en el fragor del debate televisivo, lo que propone el partido que preside en su programa electoral es que haya “iguales servicios y prestaciones básicas en todas la comunidades autónomas. Consensuaremos una cartera de servicios comunes para evitar diferencias injustificadas en la cobertura”.

Esa figura como tal ya está en funcionamiento. Su definición oficial, según el Ministerio de Sanidad, es “el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, (…) mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias”. También es cierto que el último decreto sanitario del Partido Popular sacó diversas prestaciones de esta cartera lo que ha hecho que, mediante carteras supletorias, algunas comunidades autónomas sí ofrezcan servicios a sus ciudadanos que otros territorios no hacen (y por lo tanto no financian total o parcialmente).

El Partido Socialista por su parte sí menciona explícitamente el Fondo de Cohesión Sanitaria que pretende recuperar como figura financiada mediante los impuestos. Su propuesta es alimentarlo “con una adecuada dotación presupuestaria” para limar desigualdades y eliminar problemas “a la movilidad de los pacientes”.

Mientras, el Partido Popular recuerda que el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó el Fondo Asistencial y abunda en la idea de “libre elección” de sanitario en Atención Primaria y especializada “en todo el territorio nacional” para lo que anuncian una genérica “eliminación de barreras administrativas”.