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La corrupción del caso Púnica obliga a un centenar de estudiantes a comenzar el curso en barracones

La ampliación de un instituto de Valdemoro (Madrid) está paralizada porque la propiedad del terreno pertenece a un imputado en la operación Púnica

La anterior corporación municipal del PP en el municipio madrileño adquirió el suelo pero no lo inscribió en el Registro de la Propiedad

Se han instalado cuatro módulos prefabricados para que los estudiantes comiencen las clases el lunes

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Instituto Neil Armstrong (Valdemoro)

Instituto Neil Armstrong (Valdemoro) Valdemoro.es

Finalmente, cerca de un centenar de alumnos del  instituto público Neil Armstrong en Valdemoro (Madrid) comenzarán el lunes el curso en barracones. La Comunidad de Madrid ha instalado tres aulas en cuatro módulos prefabricados, después de que la cesión del suelo en el que se iba a construir la ampliación del centro siga paralizada. Todo se debe a que parte del terreno pertenece a Ramiro Cid, titular de la sociedad Obras y Vías, imputado en la operación Púnica y con sus propiedades bloqueadas por la Audiencia Nacional.

Por primera vez, durante este curso se impartirá Bachillerato en este centro bilingüe. Así que para acoger esta nueva enseñanza, la Comunidad presupuestó 1,3 millones de euros con el objetivo de construir seis aulas y un laboratorio, según información municipal. Por ahora, estas obras no se han licitado porque el Ayuntamiento se ha ido encontrando con obstáculos al intentar ceder el suelo al gobierno regional, debido a la presunta gestión corrupta de los anteriores equipos municipales.

El primer escollo llegó al comenzar el proceso para publicitar el concurso público. El Ayuntamiento –liderado por Ciudadanos– y la Comunidad se llevaron una sorpresa al ver que el terreno no era de titularidad municipal sino que estaba a nombre de una empresa de Cid. Según explican desde el AMPA del centro, "la cesión del suelo se realizó mediante un documento privado pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, oficialmente parte del suelo pertenece a la sociedad Obras y Vías, que actualmente tiene sus propiedades inmovilizadas por su presunta vinculación con la Púnica".

Tras tener constancia de este hecho, la comunidad educativa inició una campaña para solicitar a la Audiencia Nacional que se levantase la prohibición sobre la disposición de este terreno. Finalmente consiguieron la autorización del juzgado, pero también necesitaban que el titular concediese la cesión del suelo. Ahí se encontraron con el segundo obstáculo: la falta de colaboración del propietario. "No acude a firmar la escritura pública en el registro. Si no se inscribe a nombre de una Administración, el terreno no puede salir a concurso", indica una portavoz del AMPA.

Uno de los barracones instalados en el instituto / Foto cedida por el AMPA

Uno de los barracones instalados en el instituto / Foto cedida por el AMPA

Para desbloquear esta situación, según informan desde el Ayuntamiento, el 31 de agosto el alcalde firmó un requerimiento notarial "para que el representante legal de la sociedad Obras y Vías aporte en la notaría documentos, títulos y escrituras que permitan formalizar la cesión del suelo para la ampliación del centro". Por ahora, el proceso continúa paralizado.

Entre 90 y 130 estudiantes afectados

Viendo que el bloqueo se podía alargar, en agosto la Consejería de Educación instaló los barracones. Esta fue la decisión elegida por la asociación de padres para garantizar la escolarización en el centro a todos los alumnos.

"Nos propusieron varias alternativas: los prefabricados, dar clases por la tarde o distribuir a los jóvenes por varios centros. Creemos que la solución encontrada es la menos mala. Eso sí, esperamos que sea transitoria y que nuestros hijos no paguen la corrupción que ha habido en Valdemoro", indica la portavoz del AMPA. Los progenitores de estos alumnos se muestran satisfechos por las condiciones de los módulos prefabricados: "Hemos tenido suerte y los barracones están bien acondicionados".

Esta redacción se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la dirección del centro para conocer cuántos alumnos se van a ver afectados, sin haber obtenido respuesta por el momento. El AMPA y los partidos de la oposición estimaron al inicio del conflicto que la cifra rondaría los 130 estudiantes. La Consejería reduce esta cantidad a 90. La estimación es compleja, ya que los alumnos no pasan la jornada en la misma clase. La portavoz de la asociación explica que "en cada aula se imparte una materia determinada y son los jóvenes los que van cambiando de sala según el horario".

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