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Redes eléctricas compartidas: el eslabón perdido de la transición energética

La legislación española permite que una fábrica con gran consumo tenga una red interior de varios kilómetros de línea, pero prohíbe que dos vecinos de rellano compartan sus cables eléctricos (y por supuesto, tampoco su instalación de autoconsumo)

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¿Qué tienen en común el autoconsumo, las baterías, los vehículos eléctricos, la domótica y la gestión inteligente de la demanda? Puede decirse que todos ellos son elementos del cambio de modelo energético y que necesitan de una conexión eléctrica. En otras palabras, les une el hecho de que en un futuro permitirán alcanzar un modelo más eficiente, barato y sostenible e interactuarán en una misma red eléctrica.

Sorprende que las reclamaciones más populares en favor de cambios regulatorios para cambiar el modelo eléctrico suelan centrarse en la movilidad eléctrica y, sobre todo, en el autoconsumo. Sin desmerecer ninguno de estos dos o de los otros elementos mencionados, considero que es el momento de situar la regulación de las redes eléctricas en el centro de la transición energética. Y esas redes, además de inteligentes y abastecidas de energía renovable, deberían de ser también compartidas por varios consumidores.

Es sabido que la legislación española es referente mundial en barreras al cambio de modelo energético, y las redes eléctricas no son una excepción. Así, en España, las redes eléctricas compartidas por varios consumidores están, como regla general, prohibidas. Según la normativa actual, aprobada en el año 2000, cuando la digitalización de la electricidad estaba aún por llegar, cualquier red que conecte a más de dos consumidores diferentes, tiene que ser obligatoria y gratuitamente cedida a la compañía distribuidora (sic), para que ésta la gestione, obteniendo además por ello una retribución pagada por esos mismos consumidores. ¿El motivo? Supuestamente, la necesidad de que la red de distribución esté gestionada por empresas expertas que garanticen la seguridad del suministro.

Pero, ¿esto es así realmente? No del todo, pues el riesgo para el suministro no depende del número de consumidores que se conectan a una red cerrada, sino, en todo caso, de la tensión de la red y de la potencia del consumo y generación que hagan uso de ella. Por ejemplo, la legislación española permite que una fábrica con gran consumo tenga una red interior de varios kilómetros de línea con decenas de MW de generación conectados a ella, pero prohíbe que dos vecinos de rellano compartan sus cables eléctricos (y por supuesto, tampoco su instalación de autoconsumo).

Parece ser, por tanto, que la amenaza no es tanto al sistema eléctrico, como se trata de argumentar, sino a las eléctricas (pequeño matiz). Si los ciudadanos empezáramos a compartir redes eléctricas cerradas y conectadas a la red de distribución en un único punto, los costes fijos de la factura se abaratarían muy sustancialmente (bajaríamos la potencia contratada), cayendo en picado los ingresos de las eléctricas, a pesar de que estas prestarían exactamente el mismo servicio que ahora (en la actualidad ya no garantizan el 100% de la potencia de todos los vecinos al mismo tiempo, sino que se aplica un coeficiente de simultaneidad).

Contrastando con esta esperpéntica realidad española, encontramos el reciente borrador de nuevo paquete energético presentado por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030, que establece el derecho de los autoconsumidores de un mismo edificio o centro comercial a compartir su instalación de autoconsumo y a que los consumidores puedan establecer redes de “energía comunitaria” a las que se conectan para consumir y generar energía eléctrica.

Hay que tener en cuenta, además, que el sector de las redes compartidas es un sector con enorme potencial económico, no sólo para los sectores dedicados a todos los servicios que se prestan en esa red (autoconsumo, movilidad eléctrica, baterías…), sino también por las redes en sí, que requieren de una gestión inteligente que muchas veces los vecinos no podrán desarrollar por sí mismos y tendrán que buscar entidades que las gestionen (cooperativas, municipios, empresas de servicios energéticos…). Las propias eléctricas, si tuvieran visión de futuro, ofrecerían los servicios de gestión de redes compartidas, ya que ellas son las que mejor saben gestionar redes, en lugar de aferrarse con uñas y dientes al obsoleto modelo de red eléctrica centralizada y unidireccional.

Por todo ello, es necesario abrir espacios legales a las redes inteligentes, bidireccionales y, por supuesto, compartidas. Y como decía al principio, la adaptación de las redes al nuevo modelo descentralizado no es una finalidad en sí misma, sino un instrumento para, entre otras cosas, conseguir que las instalaciones de autoconsumo sean más fáciles de integrar, que las cargas de vehículos eléctricos se realicen de forma eficiente y que los consumidores puedan desempeñar un papel activo en la gestión de la demanda. En definitiva, se trata de una herramienta para cubrir las necesidades de electricidad, calor, frío o transporte de forma más sostenible.

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