Persecución, detenciones arbitrarias y coacciones de migrantes en Bulgaria, la última frontera de la UE

Hassan (nombre ficticio para proteger su situación administrativa) lleva más de 14 meses encerrado en Busmantsi, un centro de detención para personas migrantes a las afueras de Sofía, la capital búlgara. Este joven de origen sirio, de 22 años, se encontraba en su casa en Sofía cuando, en agosto de 2024, la policía se presentó allí y se lo llevó. Desde entonces, lo mantienen encerrado, ignorando su estatus de refugiado —reconocido en junio de 2023, cuando llegó al país—, con el argumento de que supone “un peligro para la seguridad nacional”.

Bulgaria es puerta de entrada terrestre a la Europa continental y la primera etapa de lo que se conoce como la Ruta de los Balcanes. Según estipulan la Convención de Ginebra y los Acuerdos de Dublín, toda persona que llegue a este país tiene el derecho a pedir asilo, y esta solicitud debe tramitarse. Una condición que vino acompañada de 69,6 millones de euros fondos de la UE para su ejecución, que se unieron a los 141 millones que la Comisión Europea le concedió en 2023 para sistemas de vigilancia electrónica en su frontera.

La lluvia de dinero comunitario ha dado a la UE los frutos que esperaba: en 2023 se evitaron más de 169.600 intentos de entrada irregular desde Turquía (lo que representó más del 99% del total nacional de entradas irregulares), y en 2024 fueron 52.534 las “entradas prevenidas”, según un informe de la Asylum Information Database (AIDA), dependiente de la UE. Desde 2025, Bulgaria también forma parte plenamente del espacio Schengen, lo que ha supuesto la eliminación de pasos fronterizos con Grecia y Rumanía, los dos países de la UE con los que linda, y el refuerzo del resto de fronteras.

La “prevención”, uno de los eufemismos favoritos de la Unión para justificar la violencia fronteriza, tiene efectos letales. Solo en el segundo semestre de 2024, un teléfono de ayuda habilitada por varias organizaciones humanitarias presentes en el país recibió más de 96 llamadas de emergencia como resultado de las prácticas de la policía de frontera. Resultaron afectadas 589 personas, de las cuales nueve acabaron muriendo (incluidos cinco menores).

Según el Comité Helsinki de Bulgaria, una ONG de defensa de los derechos humanos, tan solo en 2023 se registraron un total de 9.897 devoluciones en caliente —también conocidas como push-backs— que afectaron a 174.588 personas, como consecuencia directa de estos acuerdos. Otras ONG y activistas denuncian todo tipo de abusos sistemáticos: robo de pertenencias, uso de perros, amenazas con armas de fuego o desnudez forzada, entre otras prácticas.

El método búlgaro: ni entrar ni salir

Además de las devoluciones en caliente, Bulgaria aplica lo que serían retenciones en caliente o pull-backs. Consisten en impedir que las personas abandonen el país de tránsito; cuando una persona consigue llegar a la frontera rumana, serbia o macedonia, es devuelta al territorio búlgaro con el fin de alejarla lo máximo posible de los territorios húngaro y croata. Un ejercicio que viola la libertad de circulación consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Esta práctica comenzó a registrarse tras la firma de un memorando entre Austria, Serbia y Hungría mediante el cual se acordaba “alejar” a las personas de la frontera serbo-húngara, y se ha hecho mucho más común desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en Schengen. El más férreo control de sus fronteras, el incremento de la violencia y el uso de nuevas prácticas han venido acompañados de detenciones arbitrarias a personas ya dentro de Bulgaria.

Así le pasó a Hassan, quien llevaba ya más de un año residiendo en Sofía. La legislación búlgara (LARB) y la Ley de Asilo y Refugiados (LAR) diferencian entre la detención de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo, y prescriben plazos para garantizar su alojamiento por separado. La LAR estipula que, cuando se presenta una solicitud de asilo, el extranjero detenido debe ser trasladado a un centro de acogida abierto en un plazo de seis días, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en el país se están dando tres situaciones: detenciones arbitrarias de personas ya residentes en el país, como fue el caso de Hassan; solicitantes de asilo que consiguen cruzar la frontera y a los que se les suele dictar una orden de expulsión y se les pone en detención mientras esperan la deportación —este es el caso de Abdulrahman, un activista saudí que lleva detenido en Busmantsi más de cuatro años—; y la deportación a Bulgaria desde otros países de la UE por el procedimiento conocido como “de Dublín” (por la ciudad donde se rubricaron los Acuerdos): cuando la solicitud de asilo de una persona es negada, esta es devuelta al país por donde entró. Fue el caso de Ahmed, un afgano deportado desde Alemania en junio quien sigue detenido en Busmantsi.

En Bulgaria hay un total de seis centros para migrantes, de los cuales cuatro son de recepción o tránsito y dos son detención: Busmantsi y Lyubimets.

Busmantsi, según cuentan los que allí se encuentran y confirman informes de instituciones oficiales y ONG, es la representación de un infierno que sería imposible creer que está en suelo europeo si no fuese porque es así. Human Rights Watch denunciaba ya en 2014 que las 486 personas allí detenidas entonces estaban hacinadas en dormitorios de hasta 30 personas. Se destacaba la falta de calefacción —en Bulgaria en invierno se pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero—, camas en mal estado, ventanas rotas, escaso espacio para sentarse, poca comida y violencia policial: palizas, puntapiés y aislamiento en celdas de castigo. 

Retorno voluntario o detención

Existen algunos canales de comunicación entre los activistas y los internos. Las visitas solo están disponibles dos veces por semana y bajo un estricto control policial. Sin embargo, algunas personas allí retenidas pueden acceder, a veces, a teléfonos —sin cámara—. Abdulrahman tiene acceso a uno de estos y es quien se encarga de dar a conocer la mayoría de los casos que llegan: “Tenemos a una joven detenida en Busmantsi (recientemente trasladada a Lyubimets), su estado psicológico es muy malo, fue devuelta desde Alemania en virtud del Reglamento de Dublín, su madre, su hermana y su hermano pequeño siguen en Alemania”, se lee en el último mensaje que manda.

A través del teléfono de Abulrahman es posible acceder a Hassan. “Todos los días me llevan a una sala para interrogarme —a excepción de los fines de semana— y allí me intentan hacer firmar el retorno voluntario”, cuenta el joven sirio.

Victor Lilov, representante legal en casos de este tipo en Bulgaria, confirma que últimamente “existe una presión sistemática por parte de las agencias para el ‘retorno voluntario’”. También lo denuncia No Name Kitchen, organización de origen serbio de asistencia a personas en frontera y presente en Bulgaria. Una encuesta que realizó entre 21 personas reveló que 15 de ellas (el 71%) habían sufrido este tipo de presiones durante sus procedimientos de asilo, lo que “revela un patrón sistemático de coacción utilizado por las autoridades búlgaras para obligar a los solicitantes de asilo a firmar acuerdos de ‘retorno voluntario’”.

Hassan cuenta que a él empezaron a coaccionarlo hace unos tres meses y desde entonces esta presión no ha cesado. La condición que ofrecen los funcionarios búlgaros es simple: o firmas el retorno voluntario o te quedas encerrado 18 meses. “Es una práctica sistemática, y la gente suele rendirse y acaba firmando”, asegura el sirio, “pero yo me niego a firmar y por eso ahora están poniendo una presión extra sobre mí”.

La caída de Asad abre la espita

La primera vez que se registró esta coerción de manera masiva fue el pasado diciembre, coincidiendo con la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y con la entrada de Bulgaria en Schengen. Desde entonces, se ha convertido en un ejercicio sistemático en todos y cada uno de los centros de Bulgaria. “Para los sirios, los abusos han sido especialmente flagrantes. Desde la caída de Asad, muchos han sido coaccionados para firmar los llamados documentos de ‘retorno voluntario’ bajo amenazas e intimidaciones, lo que constituye un claro abuso de poder disfrazado de elección”, declara Ric Fernández, coordinador de No Name Kitchen.

“Pagué un abogado que me dijo que no podía hacer nada y que, seguramente, sería enviado a Turquía”, continúa Hassan, que explica que su hermano, que vive en Sofía, contactó con un centro de asistencia jurídica y le consiguió otra abogada. Tras revisar su caso, la experta le aseguró que no tenían nada contra él. “Me dijo que estaban intentando asustarme para que firmase”, indica.

Hassan lleva ya 14 meses encerrado con el argumento de que es “una amenaza para la seguridad nacional”, a pesar de tener concedido el estatus de refugiado. “Cuando pregunté por qué, me dijeron que era información confidencial”. Debería ser puesto en libertad en menos de cuatro meses, pero admite no tener esperanzas. “Siempre dicen que te liberan a los 18 meses, pero no hay una base legal para ello, por lo que no lo creo”, señala.

Hassan se refiere a otros compañeros que, como él, llevan encerrados meses al negarse a firmar el papel. Abdulrahman lleva más de cuatro años. Nidal, palestino, ingresó en abril de 2024. En ambos casos, la justicia búlgara les ha dado la razón y ha exigido su liberación hace meses. Pero siguen encerrados. “Nos lo dicen claro: vas a estar encerrado hasta que firmes. No tienes opción, al final vas a ser deportado”, cuenta sin esperanza Hassan.