Así propone un proyecto ciudadano cambiar la ley para proteger la vida humana frente a inundaciones y sequías
“Es inadmisible que sigan pasando catástrofes como la de la dana de hace un año cuando disponemos de los medios para evitarlo”. Lo dice Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide modificar la Ley de Aguas de 2001 para evitar las grandes inundaciones y sequías que sufre España en los últimos años.
Se trata de una iniciativa ciudadana que surgió a raíz de varios actos que este colegio profesional realizó con motivo de la dana del pasado año, que se cobró 237 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, y de otras anteriores que también arrasaron con todo. Cuenta con el apoyo del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y también de diferentes expertos en economía, urbanismo y arquitectura.
Ya ha sido admitida a trámite por la Junta Electoral Central y el objetivo es lograr 500.000 firmas para forzar su debate en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa se presenta este viernes en el Centro de Interpretación del Agua (CIAb) de Albacete y reúne a representantes institucionales y técnicos y de la sociedad civil. Entre ellos estarán los alcaldes de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), Sergio Marín y Miriam Lava, cuyas localidades fueron devastadas por la dana del 29 de octubre de 2024.
Este proyecto promovido por la sociedad civil propone modificar el artículo 14 de la mencionada ley para incorporar tres modificaciones sustanciales. La primera de ellas, y la más importante, es que la protección de la vida humana sea reconocida legalmente como principio rector de la gestión hidrológica en España.
Actualmente, la Ley de Aguas únicamente recoge la protección del medio ambiente, no habla de la integridad y la salud humanas frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías. “No es una propuesta contra nadie, sino a favor de todos. Es hora de poner la vida en el centro del sistema hidráulico”, destaca su promotor José Luis Belmonte.
Efectivamente, la normativa no habla de proteger vidas. No menciona la salud, ni la seguridad, ni lo que ocurre cuando una riada arrasa un pueblo o una sequía deja a familias enteras sin recursos. “Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Porque ninguna ley está completa si no pone la seguridad de las personas en el centro”.
En segundo lugar, reclama incorporar a la Ley la inversión suficiente y planificada para mitigar riesgos naturales. Según apunta el presidente del Colegio de Ingenieros, se requiere una inversión adecuada en infraestructuras hidráulicas para prevenir y mitigar los efectos de fenómenos extremos.
Los promotores de la ILP han estimado que existe un “déficit estructural” (obras hidráulicas sin realizar) estimado en más de 22.000 millones de euros en todo el país. Y solo en toda la cuenca mediterránea, ese déficit es de 8.000 millones.
A menudo, añaden, las decisiones políticas se centran “en el corto plazo”, dejando de lado medidas que “podrían marcar una gran diferencia en la seguridad de las personas y del territorio”. Por eso, esta iniciativa ciudadana propone incluir un principio claro y necesario: “La inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos naturales, por inundaciones o sequía.”
Sabemos perfectamente qué infraestructuras necesitamos para proteger a la población frente a riesgos hídricos. Están identificadas, cuantificadas y técnicamente avaladas. Solo falta ejecutarlas
La ILP no pide un “gasto desmedido” sino de una “inversión razonable y urgente” que puede evitar grandes pérdidas humanas, sociales y económicas en el futuro. Porque “cuando se trata de prevenir desastres, más vale actuar a tiempo”.
“Sabemos perfectamente qué infraestructuras necesitamos para proteger a la población frente a riesgos hídricos. Están identificadas, cuantificadas y técnicamente avaladas. Solo falta ejecutarlas. Esta ILP introduce un principio sensato: que no se puede posponer lo que salva vidas. Aplaudimos esta iniciativa como ingenieros y como ciudadanos”, declara Carrillo.
El ingeniero hace especial hincapié en la tercera pata de la ILP: la profesionalización técnica de la gestión hidrológica en la administración pública. “Los cargos técnicos y de planificación en la administración del agua deben ser ocupados por profesionales con la cualificación técnica adecuada, priorizando decisiones técnicas sobre políticas en la gestión hidrográfica”, explica.
Los cargos técnicos y de planificación en la administración del agua deben ser ocupados por profesionales con la cualificación técnica adecuada, priorizando decisiones técnicas sobre políticas en la gestión hidrográfica
De esta forma, proponen que la Ley de Aguas reconozca el principio de profesionalidad y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad, especialmente en aquellos relacionados con la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo.
En un contexto donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, es fundamental que las decisiones “se basen en criterios técnicos y no en intereses políticos”, mejorando la eficacia de las medidas y protegiendo mejor a las personas y al entorno.
Según datos del Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, las inundaciones generan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños. La reciente dana de octubre de 2024 “evidenció la necesidad urgente de actuar”.
La iniciativa también ha recibido el respaldo de entidades profesionales. En representación del ámbito legal, Ester Mocholí, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y experta en Derecho de Urbanismo, ha manifestado su compromiso con la iniciativa.
“Desde el ICAM defendemos que el derecho a la vida no puede quedar subordinado a criterios técnicos, presupuestarios o políticos. Esta reforma es jurídicamente posible y socialmente inaplazable. Es un ejemplo de cómo el Derecho puede estar al servicio de la dignidad humana”, afirma.
La ILP puede firmarse tanto en papel como digitalmente con certificado FNMT, y se ha activado una red de voluntarios y mesas informativas por todo el país. La campaña se difunde con el lema: 'Tu firma protege vidas'.
Apoyo de arquitectos
La jornada de Albacete será inaugurada por el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Mesones, y contará con la intervención de su homólogo en la Comunitat Valenciana, Javier Machí, así como de los mencionados promotores de la ILP, José Luis Belmonte y Miguel Ángel Carrillo.
Entre las personalidades que participarán figuran el catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM, Francisco Delgado, especialista en Derecho de Aguas; la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro; el vocal de APECA, Juan Ángel Rosa; y el presidente de ZINCAMAN, Antonio Fernández-Pacheco.
La jornada cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real (UCLM) y el Colegio de la Abogacía de Albacete, entidades que aseguran compartir “el compromiso de avanzar hacia una gestión más segura, técnica y responsable del agua en España”.
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