El Ayuntamiento de Málaga dejó caducar expedientes para cancelar pisos turísticos que incumplían la normativa municipal

Durante el verano de 2024, en plena ola de protestas por la falta de vivienda asequible, el Ayuntamiento de Málaga instó a la Junta de Andalucía a que “desinscribiera” cientos de viviendas turísticas del registro andaluz. Sin embargo, durante los meses posteriores no hizo nada más en muchos de estos procedimientos, ignorando el requerimiento expreso de la Junta de Andalucía para que justificara los motivos por los que debía cancelarse la vivienda turística. Al cabo de meses sin recibir respuesta, la administración autonómica no ha tenido más opción que declarar la caducidad del procedimiento de cancelación de la vivienda turística y “restituirla” en el registro, dependiente de la Consejería de Turismo.

Así consta en al menos media docena de resoluciones dictadas durante la primera semana de noviembre, según ha podido saber este medio. Se trata de viviendas turísticas cuya desinscripción solicitó el Ayuntamiento y que se daba por hecha, por no cumplir el requisito de contar con salida y suministros independientes del resto de la finca, vigente desde febrero de 2024.

El Ayuntamiento no ha cuantificado a este medio el total de casos en los que su inacción ha permitido la reincorporación de viviendas turísticas al registro autonómico, aunque abogados y fuentes conocedoras de la situación estiman que serán numerosas. En su día, el Ayuntamiento ya pidió más tiempo para responder. Ahora, fuentes conocedoras de la situación explican que el problema está en la pretendida aplicación retroactiva de la norma para desinscribir, que en Urbanismo no ven posible.

En su día, la aplicación retroactiva de este requisito por parte del Ayuntamiento de Málaga indignó a la Asociación de Profesionales de Viviendas Turísticas, que animó a propietarios y gestores a oponerse, y ofreció incluso un modelo de escrito.

Tanto la Junta como el Consistorio aseguran que esos expedientes volverán a iniciar el procedimiento para cancelar las viviendas que incumplan la normativa. Por su parte, AvvaPro mantiene un perfil discreto que contrasta con la vehemencia con la que denunció en su día la desinscripción. Sin cuantificar el número de viviendas “reinscritas”, insiste en la necesidad de “respetar los procedimientos”, que sean transparentes y con “plazos adecuados”, “evitando aplicar normativas de forma retroactiva que puedan causar inseguridad jurídica”.

Tres medidas restrictivas y un discurso más duro

Las viviendas se registraron una simple declaración responsable durante la primavera de 2024; durante el verano el Consistorio pidió a Turismo que las desinscribiera; Turismo inició el procedimiento para cancelar su registro casi de inmediato y notificó a los particulares, que alegaron contra esa decisión. Así que Turismo se dirigió al Ayuntamiento de Málaga, para que respondiera. Pero durante un año eso no ocurrió, así que Turismo ha acabado declarando la caducidad del expediente y la vivienda vuelve al Registro con todas las de la ley.

La secuencia de hechos permite atisbar una incoherencia entre la actuación administrativa y el discurso público sostenido en los últimos meses por el Consistorio malagueño.

Ante el éxito de las manifestaciones que vinculaban la masificación turística con la escasez de vivienda asequible (una relación apuntalada desde ámbitos académicos), el relato de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento cambió entre la primavera y el verano de 2024: tras años de carta blanca a las VUT, ayuntamientos como Málaga, Sevilla o Cádiz impusieron límites basados en su propia normativa urbanística, alegando que podían hacerlo porque la Junta había modificado la norma autonómica en febrero. Málaga cambió el tono y la normativa; mientras, la administración autonómica empezó a airear el número de VUT que cancelaba de la mano de los municipios.

En junio de 2024, en vísperas de la masiva protesta ciudadana por la falta de vivienda asequible, el Ayuntamiento anunció por sorpresa que a partir de entonces sólo podrían inscribirse nuevas viviendas turísticas si cumplían la condición de disponer de un acceso diferenciado. Además, ese requisito tendría efecto retroactivo a febrero de ese año.

La Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AvvaPro) protestó y anunció entonces que sostendría una batalla legal dando apoyo a quien quisiera recurrir estas cancelaciones, por entender que vulneraban la seguridad jurídica. “Un atropello a los derechos legítimos de quienes gestionan este tipo de propiedades”, se quejó su presidente, Juan Cubo, apuntando a la posible responsabilidad patrimonial en que podría incurrir el Ayuntamiento de Málaga.

Como consecuencia del cambio normativo y del discurso político, cientos de viviendas inscritas en el registro andaluz como turísticas entre febrero de 2024 y el verano de ese mismo año con la mera declaración responsable de sus titulares quedaron en el alambre. Esas son las que, si sus propietarios alegaron, quedan salvadas por la inacción municipal.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía suscribieron hace ahora un año un convenio de colaboración para coordinar y reforzar el control y el intercambio de información sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ubicadas en la capital. Se trata de un acuerdo similar al firmado entre la administración autonómica y los municipios con mayor número de VUT (Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba) para articular un “ágil sistema de intercambio de información” entre administraciones.

Más viviendas turísticas, pese a las limitaciones

En todo caso, esta medida no aplacó el descontento ciudadano en Málaga ni las críticas al alcalde Francisco De la Torre, cuya indolencia (o connivencia) con el problema de la vivienda durante años está detrás de que miles de malagueños tengan que marcharse de Málaga, según la oposición.

El problema ahora sí preocupa al regidor, que ha dado dos pasos más para limitar el número de VUT: en enero de 2025 el Ayuntamiento prohibió la inscripción de nuevas VUT en barrios ya saturados, y en septiembre estableció al fin la moratoria de nuevas VUT en toda la ciudad que había anunciado seis meses antes. El Ayuntamiento ha anunciado cada una de las tres medidas que han restringido las VUT en vísperas de una manifestación, y cada una de ellas ha entrado en vigor meses después.

El resultado de todas ellas es que desde la primavera de 2024 hasta ahora se han cancelado definitivamente 1.333 VUT en Málaga capital, según datos de la Consejería de Turismo. Sin embargo, ninguna de las medidas ha sido capaz de frenar la expansión de estos alojamientos en la capital de la Costa del Sol. A 22 de febrero de 2024 (fecha desde la que se aplica la prohibición de inscribirlas si no tienen salida independiente) había 10.691 viviendas turísticas inscritas en Málaga. El 14 de enero de 2025 (prohibición en algunos barrios) eran 12.324. El 23 de agosto de 2025 (moratoria total) eran 12.821. En la actualidad hay 12.839 inscritas en el Registro de la Junta, un 20% más que hace año y medio.