Teresa Peramato reconoce el “trabajo” de García Ortiz y admite la “profunda herida” de su condena
Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno como fiscal general del Estado, fue recibida este jueves en el Congreso con el margen que no tuvo su predecesor. Toda la oposición —salvo Vox— elogió su dilatada carrera, centrada en la lucha contra la lacra de las violencias machistas. Y le dio un voto de confianza ante la compleja tarea que tiene por delante: ponerse al frente de la institución en su momento más delicado de la historia. Ella, por su parte, dijo que cuenta con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor, Álvaro García Ortiz, al que reconoció su “trabajo” y haber hecho “lo indecible” por la modernización de la carrera.
Fiscal con 35 años de experiencia, Peramato asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunció al puesto tras el fallo del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información reservada sobre su fraude fiscal. Un nombramiento que requiere, entre sus trámites preceptivos, la comparecencia ante la Comisión de Justicia, encargada de valorar sus méritos e idoneidad para ejercer esta responsabilidad.
Durante algo más de media hora, Peramato dio pinceladas de su larga trayectoria, profundamente ligada a la lucha contra los “feminicidios” y la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos. Y defendió el modelo de elección del fiscal general, en el que la propuesta de nombramiento parte del Gobierno. Afirmó que es por el que optan la “práctica totalidad” de los países del entorno “sin que ello haya supuesto sembrar duda alguna sobre la imparcialidad y autonomía de la institución”.
Respecto a los retos de su mandato, aludió a la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, pero reclamó más autonomía y más plazas. “Aspiramos a más”, aseveró. También propuso reformas internas, como la búsqueda de una mayor autonomía presupuestaria y funcional para el Ministerio Fiscal. Destacó, asimismo, su intención de fortalecer la especialización de las unidades, como ciberdelincuencia, medioambiente y corrupción.
Críticas a García Ortiz
Toda la oposición —salvo la extrema derecha de Vox— alabó su dilatada carrera y le concedió la tregua que no tuvo su predecesor. El Partido Popular, que ha convertido a la Fiscalía en diana de sus ataques, recibió a García Ortiz con acusaciones de “complicidad y colaboración con ETA” en su comparecencia en el Congreso el 28 de julio de 2022, días después de que el Gobierno lo propusiera para el puesto. En esta ocasión, el PP reconoció la “indiscutible e intachable trayectoria” de Peramato.
La portavoz popular, María Jesús Moro, admitió que Peramato “cumple formalmente” los requisitos que exige la ley, aunque aludió a sus “sombras” y criticó su reconocimiento a la labor realizada por su predecesor. “No es su mejor aval”, le dijo la diputada, que afirmó que García Ortiz “dedicó todo su esfuerzo a seguir instrucciones gubernamentales o a asimilarse plenamente a esa posición política con decisiones políticas impropias de un fiscal general”.
Ante este escenario, la diputada del PP sostuvo que la nueva fiscal general tiene por delante el reto de “recuperar el prestigio, la credibilidad y la confianza en la institución” y “reparar los daños” que se han causado a todos los miembros de la carrera. Y le pidió “firmeza” ante los “ataques” al Tribunal Supremo. El PP llegó a reclamarle incluso que abra “investigaciones internas” a los fiscales que hayan pronunciado “exabruptos” contra los magistrados del alto tribunal.
En el turno de réplica, Peramato rechazó pronunciarse sobre esos supuestos ataques. “No voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración política ni en relación al procedimiento del fiscal general ni en relación a la declaración que hayan podido hacer determinados fiscales en el entorno de una asociación”, contestó. Y expresó su “respeto más absoluto” a la libertad de expresión. “Otra cosa es que lo podamos compartir o no”, añadió.
El diputado que más elevó el tono fue el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que calificó a la fiscal de “activista de la ideología de género” y despreció su “vinculación política a la ideología de izquierda” por el hecho de haber sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). “Nos tendrá enfrente denunciando todos los abusos de la ley, las ilegalidades, los sectarismos que usted promueva en la Fiscalía General”, añadió.
El diputado de Junts, Josep Pagès, también fue crítico al responsabilizar a la Fiscalía de la “represión” contra los líderes independentistas. Una “represión” que, a su juicio, “adoptó formas más sistemáticas” bajo fiscales generales nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pagès afirmó que el “problema” de la Fiscalía General del Estado es su “dependencia jerárquica” del Gobierno y acusó a la institución de actuar como “una especie de agencia de inteligencia judicial” que “promueve estrategias con fines partidistas o relatos interesados de acuerdo con los medios de comunicación”.
“Decía mi compañero que no es comparable García Ortiz con lo que se hizo con los independentistas, pero sí que rompe barreras que hacen que cada vez más se pueda alterar los límites democráticos de control de la disidencia”, apostilló Pilar Vallugera, de ERC, que alabó la trayectoria feminista de Peramato.
A García Ortiz también refirió el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien afirmó que su condena es “un caso de libro de guerra judicial” emprendido por un tribunal “altamente politizado” y que ha actuado con “impulso político”. Iñarritu afirmó que hay “actores altamente politizados están actuando contra instituciones del Estado que no controlan”. En términos similares se expresó el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien reiteró su apoyo a Peramato y García Ortiz, de quien dijo que es una victima de una “conspiración de mentiras”.
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