El Supremo rechaza investigar por revelación de secretos al presidente del tribunal que condenó al fiscal general

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que los Comuns pedían investigar penalmente por revelación de secretos al ponente de la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz. Los jueces de la conocida como 'Sala del 61' entienden que su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones no es punible y que el ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, no adelantó ilegalmente el sentido condenatorio del fallo por decir ante los presentes: “Tengo que poner la sentencia”. Según el Supremo, en esa frase “no se revela una información directa y unívoca”.

Tal y como reveló elDiario.es, tres magistrados de la Sala de lo Penal participaron en unos cursos para abogados organizados por el ICAM apenas unos días después de que el juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso quedara visto para sentencia. Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral participaron en el curso y el primero de ellos, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, comentó al final de su alocución: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”, reveló un audio publicado por TVE.

La querella de los Comuns, a través de Jaume Asens, acusaba a Martínez Arrieta de haber anticipado a estos abogados que iban a condenala qr al fiscal general a pesar de que aún quedaban días para conocerse el fallo. Las risas de los asistentes al curso, decía la querella ahora rechazada, “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia”. En ese momento no era público que la primera ponente, la progresista Susana Polo, se había quedado en minoría con Ana Ferrer y había cedido la ponencia a Martínez Arrieta.

El Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, ha rechazado tanto esta como otras alegaciones y ampliaciones de la querella contra el magistrado. “La frase emitida por el querellado no contenía una anticipación del sentido condenatorio del fallo”, explican los jueces. En la frase de Martínez Arrieta, añaden, “no se revela una información, directa y unívoca” y “no se deduce necesariamente que con tal afirmación se esté desvelando que ha habido un cambio en el magistrado ponente, ya que las sentencias en los órganos colegiados son de todos sus miembros”.

Tampoco acepta el Tribunal Supremo que se cuestione por vía de esta querella la imparcialidad de sus jueces por haber participado de forma remunerada en unos cursos del ICAM cuando este ejercía la acusación popular del caso. “El querellante se aparta del cauce contemplado legalmente para denunciar la falta de imparcialidad de jueces o magistrados”. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado presentaron una recusación en base a la participación de los magistrados en estos cursos que solo fue hecha pública después.

Los cursos del ICAM y la tesis de un abogado

El tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz estuvo formado por siete magistrados pero la sentencia condenatoria no fue unánime. Las progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se quedaron en minoría defendiendo que el entonces fiscal general no debía ser condenado y la ponencia pasó a manos de Andrés Martínez Arrieta, que firmó la condena de dos años de inhabilitación y multa junto con Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Manuel Marchena y Carmen Lamela. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) interpuso la primera querella relacionada con el correo de Alberto González Amador y ejerció la acusación popular durante el juicio, pidiendo cuatro años de cárcel para él.

Tres de los magistrados que optaron por la condena –Martínez Arrieta, Del Moral y Berdugo– participaron por 90 euros a la hora en el curso 'Curso de casación y turno especial', tal y como reveló elDiario.es. Protagonizaron varias ponencias en la formación, coordinada desde hace años por Del Moral, y tanto Martínez Arrieta como Berdugo se refirieron a la sentencia. En esos días el tribunal estaba sumido en las deliberaciones y aún faltaban días para que se supiera que el sentido del fallo era condenatorio.

“Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”, dijo Martínez Arrieta al término de su ponencia. La querella entendía que esa expresión daba a entender lo que ya había pasado a puerta cerrada: la ponente original, Susana Polo, se había quedado en minoría defendiendo la absolución y la redacción de la sentencia había cambiado de manos. Berdugo, en su ponencia, también bromeó con la sentencia cuya redacción estaba en marcha: “Mañana tenemos deliberación, hemos dejado el fin de semana de reflexión. Podéis decir que os he dado la conferencia entre deliberación y deliberación”.

La 'Sala del 61' del Supremo, convocada cuando uno de los querellados es presidente de Sala como es el caso de Martínez Arrieta y compuesta por 12 magistrados de varias salas incluida Isabel Perelló, entiende que el cauce para cuestionar su imparcialidad no es una querella. Eso tendría que haber sucedido a través de una recusación que no se presentó. Tal y como reveló este periódico, uno de estos tres magistrados, Antonio del Moral, dirigió durante años la tesis de Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.