La exedil imputada por las VPO de Alicante dice que no recuerda reuniones sobre el residencial donde tiene un piso

A Rocío Gómez, la exedil de Urbanismo de Alicante investigada en la causa del escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas, se le han olvidado varios puntos relevantes sobre el residencial Les Naus, donde obtuvo con su esposo una vivienda pública, especialmente relativos a su papel como concejala del ramo. Gómez, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la declaración, ha manifestado este miércoles ante la jueza instructora de la causa que se enteró de la promoción de Les Naus por su marido, años antes de incorporarse en 2023 como concejala al consistorio que gobierna el popular Luis Barcala.

La exedil, dimitida a consecuencia de la polémica adjudicación, no recordaba ante la jueza que se le informara sobre Les Naus en su etapa de concejala de Urbanismo. Tampoco recordaba que el departamento de Patrimonio reclamara apoyo técnico del arquitecto municipal, una afirmación que contradice de plano a las testificales de los técnicos que han declarado previamente.

La investigada también ha mostrado severos vacíos de memoria en relación con las reuniones con el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi e investigado en la causa). Tampoco recordaba que Ordiñana pidiera modificaciones del contrato, como ha relatado el técnico Pablo Torregrosa en su declaración como testigo.

Por otro lado, Gómez ha asegurado que desconoce si sus suegros, asimismo beneficiarios de una de las viviendas, están empadronados en el residencial Les Naus.

El 18 de diciembre de 2021, según ha afirmado, su marido y ella se apuntaron a la cooperativa que impulsaba el residencial. Al año siguiente, abonaron la entrada de la vivienda. Gómez ha sostenido que, antes de ser nombrada edil, no contaba con información de la promoción por parte del ayuntamiento.

También ha asegurado que no mantiene relación con los hijos de la exdirectora general municipal de Contratación Pública María Pérez-Hickman, que también fueron agraciados con sendas viviendas protegidas.

El arquitecto municipal encargado del expediente

Por su parte, el arquitecto municipal Francisco Nieto, también imputado y que obtuvo una vivienda protegida, ha declarado este miércoles ante la jueza que no hizo valer su condición de servidor público para hacerse con el piso y que se postuló a la adjudicación antes de ser funcionario de carrera, según las fuentes consultadas.

El investigado ha relatado que a principios de 2022, un compañero de piso le comentó la oferta de viviendas de protección pública y él fue a las oficinas de la promotora y dio sus datos. Le llamaron ya en enero de 2025 y el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi), le explicó el funcionamiento de la cooperativa.

Ordiñana le dijo que había una vacante y le avisó de que podía abonar el dinero para incorporarse a la cooperativa y obtener así la vivienda.

Previamente a entrar en la cooperativa, en julio de 2024, la concejala Rocío Gómez, también investigada en la causa, le anunció que, desde el departamento de Patrimonio, le iban a comentar cuestiones técnicas sobre la obra de Les Naus, situado en la playa de San Juan de Alicante.

El 1 de agosto de aquel año se reunió por primera vez con Antonio Faura, técnico municipal de Urbanismo citado como testigo, para tratar “cuestiones técnicas” (meses más tarde, en octubre, se volvieron a reunir).

El arquitecto municipal se ha escudado en que no hizo valer su condición de funcionario para adquirir una de las viviendas y ha asegurado que en ningún caso solicitó “de forma espontánea” que fuera precisamente él el responsable técnico de contrato.

El promotor se quejó al alcalde por el precio del solar

El tercer investigado que ha declarado ha sido el promotor Francisco Ordiñana, que ha explicado que sacó la relación de cooperativistas de listas de otras promociones suyas.

Ordiñana ha afirmado que se reunió con el alcalde Barcala y la concejala de Urbanismo para solicitar la devolución de dinero que consideraba que la promotora había pagado de más por el solar. También propuso, como alternativa, que le compensaran con otro solar, aunque no le hicieron caso, según ha manifestado.

El investigado ha mantenido que cuando se reunió con el arquitecto municipal por primera vez no cayó en que Francisco Nieto formaba parte de la cooperativa y que, en su día, le había solicitado información.

El promotor, en caso de bajas en la lista, llamaba directamente a candidatos que habían quedado fuera inicialmente por si seguían interesados en optar a una de las viviendas de protección pública. También ha afirmado que no tiene relación con Pérez-Hickman ni sus hijos.

Pérez-Hickman no consideró la posibilidad de abstenerse

De hecho, Pérez-Hickman ha declarado que desconocía que sus hijos se habían apuntado a la lista, según ha afirmado ante la jueza. Lo supo cuando pasaron a la siguiente fase e incluso lo advirtió en la mesa de contratación.

Sin embargo, no consideró que tuviera que abstenerse. Sus vástagos, según ha dicho, se enteraron de la promoción de vivienda protegida “por su primo”, ha agregado.

El funcionario que visó el expediente de su esposa

Por otro lado, también ha declarado el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, Roberto Palencia (alto funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de visar los expedientes cuya esposa —arquitecta municipal—obtuvo una de las viviendas). Palencia ha confirmado que tramitó todos los expedientes de Les Naus por falta de personal.

El investigado ha reconocido que le informó a su mujer de la existencia de la promoción de vivienda de protección pública. Sin embargo, se ha escudado en que estaban planteándose separarse, aunque sin llegar al divorcio. El funcionario ha reconocido que “nunca” ha cesado la convivencia con su esposa.

Roberto Palencia, según ha mantenido ante la instructora, nunca consideró procedente abstenerse en el visado de su mujer porque su función, ha defendido, era un mero trámite. Tampoco informó nunca sobre este hecho.

Los testigos apuntan a la exconcejal de Urbanismo

La jueza instructora de la causa, que ha excluido a la Generalitat como acusación particular al ver un “evidente conflicto de intereses”, también ha tomado declaración este miércoles a tres técnicos municipales, en condición de testigos

La primera testigo que ha declarado este miércoles, la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, ha apuntado a la exconcejal Rocío Gómez por el descontrol en la obra de las viviendas protegidas, y a María Pérez-Hickman como la encargada de los contratos privados.

Por su parte, el segundo testigo, Pablo Torregrosa, ha afirmado que pidieron “constantemente” a la concejala Rocío Gómez que les asignaran un técnico arquitecto sin recibir una respuesta clara.

El tercer testigo, el funcionario Antonio Faura, ha confirmado que, en las reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal y con la concejala de Urbanismo, “ninguno de los dos” mencionó su participación en la cooperativa de Les Naus.