¿Insatisfacción o preocupación ciudadana con los servicios públicos?
Hace unas semanas se publicó el informe anual que elabora la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) sobre la percepción que los ciudadanos tienen sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Uno de los datos más destacados del informe es que la satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos, tanto de los servicios públicos en general, como de la educación pública, los centros de salud o los hospitales públicos, ha caído 20 puntos entre 2011 y 2013. Estos últimos días se ha aparecido también el Barómetro Sanitario que pone manifiesto una caída, aunque de menos entidad, en la satisfacción desde 2011.
Evolución de la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de los centros de salud (1994-2013)
En principio, una caída en la satisfacción de 20 puntos podría calificarse de noticia inquietante. Sin embargo, si estos datos se analizan con una perspectiva temporal algo más larga, aunque siguen siendo negativos porque los niveles de satisfacción están ahora más bajos que nunca, no son tan alarmantes. Como puede observarse en los gráficos, mientras la satisfacción con los servicios públicos ha caído llamativamente desde 2011 hasta ahora, justo en los dos años anteriores, entre 2009 y 2011, había pasado lo contrario. En estas últimas fechas mencionadas, la satisfacción se había incrementado llamativamente.
A pesar de los recortes, es extraño que en dos años se haya deteriorado tanto la calidad de los servicios. Pero es aún más extraño que en los dos años previos la calidad de los mismos hubiese mejorado tanto y a la vez en hospitales, centros de salud y educación. Esto nos lleva a preguntarnos ¿hasta qué punto la percepción del funcionamiento de los servicios públicos tiene que ver con el funcionamiento real de los mismos o puede estar también influida por otros factores?
En un artículo de Díaz-Pulido, Del Pino y Palop se concluye que al menos una parte de la evaluación que realizan los ciudadanos de los servicios públicos parece estar relacionada con la forma en que se gestionan tales servicios y con su funcionamiento real. Sin embargo, en el citado artículo también se prueba que hay otros factores que afectan a la valoración que se hace de los servicios públicos. Por ejemplo, la ideología (votantes del partido en el gobierno tienden a valorar mejor los servicios), la edad (los más mayores suelen estar más satisfechos) o la clase social.
Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza pública (1994-2013)
Una explicación posible a estos cambios en la valoración de los servicios es que los ciudadanos los evalúan también en función de las expectativas que tienen de lo que puede pasar con ellos como resultado de las políticas gubernamentales. Según esta hipótesis, cuando se anunciaron los primeros recortes del gasto público los ciudadanos habrían reaccionado confirmando que los servicios públicos funcionaban satisfactoriamente como una manifestación de su defensa de los mismos. Sin embargo, una vez que los recortes están hechos, los ciudadanos han entendido que manifestar su insatisfacción con los servicios públicos es una forma de decir que no se pueden hacer más recortes porque los servicios públicos pueden estar (quizá lo estén ya) en una situación de deterioro difícil de revertir si se continúa con esta política.
No debe olvidarse que, según el mismo informe de AEVAL, un 70% de los ciudadanos considera que los servicios públicos tienen una importancia entre 7 y 10 (en una escala de 1 a 10), y que cada vez son más los ciudadanos que les conceden mayor importancia (en un año el porcentaje de quienes otorgan una importancia de 10 a los servicios públicos ha pasado de ser el 26% al 33%). Además, como Calzada y Del Pino demostraron en otro trabajo, que una parte importante de los españoles pensaba que si los servicios públicos funcionaban mal, lo que había que hacer era financiarlos mejor antes que adoptar otras medidas (dato que se ha encontrado después en trabajos que estudian las actitudes de los ciudadanos en otros países europeos del norte). Asimismo, como ya vimos en un post anterior, en estos últimos años ha crecido el rechazo a los recortes en prácticamente todas las políticas públicas.
Es muy probable que los últimos datos negativos sobre satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos reflejen un deterioro de los mismos, en buena medida derivado de los recortes. Sin embargo, a mi juicio, lo que estos datos también revelan es una gran preocupación ciudadana por los servicios públicos y su futuro que, en el caso de la sanidad y la educación, han escalado hasta formar parte de los seis principales problemas que tiene nuestro país en 2014.
