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Los porqués de una movilización masiva contra un tributo que pagan 7 de cada 100 herederos en Andalucía

De los menos de 20.000 que tuvieron que abonarlo el último ejercicio, la mayoría lo habría tenido que hacer en cualquier otra comunidad autónoma, por ser parientes lejanos

Éste es también el tributo que mejor les desmonta a los socialistas la tesis de la pinza porque cuenta con Podemos e IU como aliados para evitar cambios y desestabiliza su relación con C's

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Firmas contra el impuesto de sucesiones y donaciones.

Firmas contra el impuesto de sucesiones y donaciones recogidas por el PP-A.

Una campaña sin precedentes pero muy efectiva ha hecho que la ofensiva contra el impuesto de sucesiones en Andalucía se haya convertido en el último frente del Gobierno de Susana Díaz pese a que su impacto sea mínimo: en el último ejercicio sólo tuvieron que pagarlo 19.136 herederos de un total de 255.009 (7,5%), según datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía.

Es más, de esos 19.136, sólo 5.426 eran descendientes o ascendentes directos del fallecido mientras que el resto respondía a vínculos más lejanos (por ejemplo sobrinos) que tributan igual en todas las comunidades autónomas. Hay que sumar a ello que cuando haya concluido 2017, la cifra de los obligados a pagar será incluso menor porque el mínimo exento para descendientes y ascendientes directos ha subido desde el pasado 1 de enero de 175.000 a 250.000 euros por cada heredero. La pregunta por tanto es ¿por qué un impuesto que no pagan más del 90% de los andaluces que heredan ha despertado tanta contestación?

Ni el tan criticado IVA cultural ni el conocido como impuesto al sol provocaron tanta oposición en Andalucía como las últimas semanas el tributo que grava por herencias y donaciones, pensado para la redistribución de la riqueza con el fin de que no se acumule con el paso del tiempo en las mismas personas y que, efectivamente, en Andalucía es el más elevado de todas las comunidades autónomas, pero sólo para cantidades que muy pocos perciben.

En realidad es un debate reabierto porque el pasado año fue eje de negociaciones entre el PSOE-A y sus socios de C’s, que pactaron importantes modificaciones para suavizarlo, pero esta vez, más allá de la política, se ha extendido a la ciudadanía con el nacimiento de la asociación Stop Impuesto Sucesiones y la consiguiente ampliación del frente porque el mensaje ha calado.

De este modo, la asociación ha propiciado una recogida de firmas para la que han inundado comercios y otros establecimientos con el formulario en el que se puede plasmar el descontento contra el tributo. Se suma a ello la que ha sido la primera manifestación contra este impuesto en España, el pasado 28 de febrero en Sevilla coincidiendo con el Día de Andalucía y que se disolvió en la gran movilización con todo de tipo de reivindicaciones, con la Marcha de la Dignidad como protagonista, por lo que es complicado evaluar su impacto en esta convocatoria.

No tanto, en cambio, el impacto que están teniendo en redes sociales, donde se ven discusiones en torno a esta tasa mientras se comparten mensajes en cadena vía wasap o telegram que casi siempre ponen el punto de mira contra el Gobierno de Andalucía y en los que se contribuye a una ceremonia de la confusión alimentada por falsas creencias en torno a este tipo, dando por sentado que en esta comunidad autónoma da pánico heredar porque todos van a tener que pagar por los bienes ganados con el sudor de sus padres. 

Tres tipos de mensajes

Los mensajes varían. Están los que son abiertamente e ngañosos, porque no aclaran por ejemplo que en Andalucía un fallecido puede dejar a sus dos hijos hasta casi 500.000 euros sin contar la vivienda habitual para que éstos paguen. O que el hecho de que se hayan disparado las renuncias a herencias no es exclusivo de esta comunidad autónoma, sino que se produce también en las que menos penalizan por las sucesiones y está más relacionado con la crisis y con que lo que se recibe en muchas ocasiones son deudas.

Luego están los que mienten, como por ejemplo cada vez que los contrarios a este impuesto elevan a más de 500 millones de euros lo recaudado por la Junta de Andalucía -"la que tiene el impuesto de sucesiones más alto de España"- por este tributo en 2016 cuando según las cifras oficiales no llegó a 400 . O cuando refieren como ejemplo del agravio de Andalucía con respecto a otros territorios una liquidación de herencia a pagar para un pariente lejano, lo que sucede en todas las comunidades autónomas.

Y en tercer lugar, los que llaman a otro tipo de dilemas como el derecho o no que puede tener un sobrino que haya cuidado toda la vida de su tío a no tributar por la herencia que éste le deje una vez fallecido, cuestión que por otra parte invita a un planteamiento no a escala regional, sino estatal, porque es igual en todos lados. O, en esta misma línea, los mensajes orientados a plantear la desigualdad a la que se enfrentan los españoles con este tipo de obligaciones según donde residan.

El PP-A y C's compiten por rentabilizarlo

Entre tanto, el PP-A y C's compiten por ver quién rentabiliza más la polémica. Los primeros con la recogida de firmas que ya propiciaron hace casi un año y las periódicas proposiciones en el Parlamento de Andalucía -la pasada semana sin ir más lejos- donde exigen modificaciones a Susana Díaz, aunque no piden a Mariano Rajoy una armonización a nivel estatal. Los segundos, avisando de que vuelven a poner el tema sobre la mesa en la siguiente negociación que sea clave para el PSOE-A, como los próximos presupuestos autonómicos o la sucesión, si la presidenta renunciara por Ferraz.

En esta línea, el propio presidente de C's, Juan Marín, ha aprovechado la situación en la que se encuentra Susana Díaz para avisar de que este impuesto será historia cuando "alguien, alguno o alguna, tenga que negociar" con ellos. Y hasta el momento, los socialistas han encontrado en Podemos e IU a sus mejores aliados para evitar que en el pleno del Parlamento de Andalucía haya prosperado ninguna propuesta en contra de sus postulados en la materia. Este tributo es, de hecho, el elemento que mejor desmonta la tesis de la pinza a la que tantas veces recurren los socialistas.

Éstos quieren neutralizar la campaña, como hicieron con la que empezó con los conciertos en educación, y evitar con ello una crisis del nivel de la marea blanca que les pilló con el pie cambiado. Por eso, este viernes está previsto que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ofrezca datos que arrojen luz sobre las sucesiones y donaciones en Andalucía, cerrando con ello una semana de réplicas que empezó el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. Éste acusaba el pasado lunes a los populares de "mentir y tratar de crispar a la ciudadanía" recogiendo "falsedades" incluso en su web.

De hecho, en el PSOE-A cuestionan que la derecha haga recaer todo el peso en las comunidades autónomas con la tasa más elevada y donde junto a Andalucía están Asturias, Aragón y Extremadura (todas ellas gobernadas por barones alineados con Susana Díaz para dirigir el partido), en lugar de pedir que desde el Gobierno de la Nación se consiga una homogenización compensando a su vez a las autonomías por lo que dejen de recaudar.

Es precisamente aquí donde está el nudo gordiano, dado que Mariano Rajoy no quiere asumir el coste de esta medida que permitiría que todos los españoles fueran iguales a la hora de heredar . En la última Conferencia de Presidentes, la primera en cuatro años, Andalucía, entre otras, planteó esta exigencia dentro de la reforma del modelo de financiación.

Susana Díaz y Javier Fernández con el mismo frente

Por otro lado, destacar que en el cuaderno de recaudación tributaria de la Junta de Andalucía correspondiente a 2016, y que acaba de publicarse, se ha experimentado un descenso del 3,3% en la recaudación por el impuesto de sucesiones, hasta los citados 379,3 millones de euros por este concepto, como consecuencia de la aplicación de la primera parte del acuerdo con C's que incluía las transmisiones en explotaciones agrarias. Lógicamente se prevé una repercusión mayor cuando finalice 2017, dado que el pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo mínimo exento.

En este contexto, los ánimos continúan soliviantados y la recogida de firmas para llevarlas hasta el Congreso de los Diputados sigue imparable mientras en Andalucía no se descarta próximamente una manifestación exclusivamente contra este tipo como la multitudinaria protesta de hace unos días en Asturias, gobernada por el presidente de la gestora, Javier Fernández, con quien Susana Díaz ha encontrado también conexión en este frente por controlar.

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