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Chaves acusa a los medios de haber creado un “ambiente de culpabilidad” que ha “condicionado” el juicio de los ERE

El ex presidente andaluz Manuel Chaves.

Daniel Cela

“Me he visto muy sorprendido por esta sentencia, que no comparto. Yo tengo una sentencia que no es justa, que no es firme, y por eso la recurro al Tribunal Supremo y espero que se haga justicia”. El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, Manuel Chaves, ha hablado por primera vez este viernes, después de que se conociera la sentencia del caso ERE, que le ha condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. Junto a él, otros 18 ex altos cargos de su Gobierno han sido condenados por el mismo delito, diez de ellos también por malversación de fondos, como su sucesor, el ex presidente José Antonio Griñán, que afronta seis años de prisión.

Chaves ha dejado claro que no comparte el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y se ha presentado víctima de prejuicios mediáticos y políticos que le condenaron de antemano. “El contexto que durante todos estos años ha rodeado a este proceso ha condicionado el juicio. Los jueces también son humanos, no hace falta más que ver los medios, los titulares y las tertulias hablando de este asunto. Se ha creado un ambiente de culpabilidad sobre todos nosotros, y el proceso no se ha abstraído del clima que se ha creado en todos estos años”, ha señalado en una entrevista en la cadena Ser.

La sentencia del caso ERE, con 1.780 folios, concluye que la cúpula del Gobierno andaluz diseñó y ejecutó durante una década [2001-2010] un procedimiento ilegal de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que provocó un fraude de 680 millones de euros. 19 ex altos cargos de la Junta han sido señalados culpables de ese descontrol en el dinero público, encabezados por los dos ex presidentes: Griñán, dice el fallo, “era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó” y Chaves fue “plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó”. “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto (...) Es impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejera de Economía y Hacienda. Sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves”, concluye la sentencia.

El ex mandatario ha rechazado la tesis de los jueces que cree contaminada del “ambiente de culpabilidad” que ha rodea el caso ERE “desde el principio”. “Tengo la convicción de la legalidad de todas las ayudas que dimos. El Consejo de Gobierno nunca, nunca tuvo una advertencia de la Intervención General de la Junta de que el procedimiento en la concesión de ayudas sociolaborales pudiera incurrir en una ilegalidad o menoscabo de fondos. Nunca se recibió un informe de actuación que alertase de menoscabo de fondos, es verdad que se recibieron otro tipo de informes, pero nunca al Consejo de Gobierno. Se dijo que había un procedimiento inadecuado, pero no ilegal”.

Esta era la misma línea de defensa de los ex presidentes que no ha prosperado en el juicio. El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, elevó 15 informes a la Consejería de Hacienda, que entonces dirigía Griñán, alertando de que el sistema para la concesión de ayudas podía incurrir en irregularidades. Chaves y su sucesor siempre han defendido que ninguno de esos informes era un informe de actuación, esto es, un código rojo que advierte claramente de que se está cometiendo un delito. “Si lo hubiera sabido, si hubiera recibido ese informe, habría actuado, pero no lo hubo. Había otros informes a otros niveles de la Administración que hablaban un procedimiento inadecuado, pero no ilegal”, sigue insistiendo Chaves.

En la explicación del ex presidente socialista se separan las competencias políticas de las puramente administrativas. “Cuando yo hablo con un consejero, tomo una decisión política que es ayudar a las empresas en crisis. Pero yo el procedimiento de ayudas no lo conozco, eso ya entra en otros niveles de la Administración”, dice. Chaves sostiene que él, como presidente, tomó las decisiones políticas de que se regularan ayudas a miles de trabajadores parados, pero nunca entró en el detalle de cómo se repartió ese dinero. “No conozco los procedimientos porque no los tengo que conocer, no por negligencia. En la ejecución, cuando tomo la decisión de arreglar el problema de Delphi o Santana, no conozco el dinero que se le da a los trabajadores ni las condiciones para acogerse a las jubilaciones”, advierte.

El ex dirigente sostiene que el Consejo de Gobierno no conocía el procedimiento, que en la reunión con sus consejeros se adoptaban decisiones políticas, pero que la aprobación de los Presupuestos que contenían las ayudas sociolaborales dependía del Parlamento. “Durante años, cientos y cientos de diputados de todos los partidos participaron en la elaboración del Presupuesto, y propusieron enmiendas para aumentar esa partida de ayudas. Lo que hace el Gobierno es un acto político, no administrativo, la aprobación final de la ley de Presupuestos la hace el Parlamento. Y una ley, por definición, no puede ser ilegal”, asegura. Sí reconoce que se cometieron “abusos en la ejecución del procedimiento”.

Chaves ha asegurado que ya asumió responsabilidades políticas por el caso ERE al dimitir y “entregar el carné del partido”. “Me equivoqué en las personas, probablemente, y a la hora de vigilar, posiblemente, por eso asumí mi responsabilidad. Pero si yo hubiera sabido que había menoscabo de fondos, habría actuado. Tenía la conciencia de que lo que se aprobaba en el Consejo de Gobierno era legal”, afirma. El ex presidente ha negado que el fallo les acuse de haber “robado el dinero de las ayudas de los parados”, como afirma el PP. Recuerda que “hay más de 6.000 trabajadores mayores que están cobrando su jubilación y la seguirán cobrando hasta 2025 cuando cumplan 65 años”. “No hemos robado el dinero de los trabajadores, lo están cobrando”, afirma. El ex presidente reconoce que en esa lista hay 219 intrusos que se beneficiaron de ayudas que no les correspondían, porque fueron incluidos en ERE de empresas donde nunca trabajaron. Pero matiza que de todos ellos, “sólo 71 son ilegales, el resto son irregularidades, personas que fueron ascendidas en sus puestos”.

La ex presidenta andaluza y actual líder del PSOE-A, Susana Díaz, dijo que el caso ERE “no era un caso del PSOE”, sino de la Junta de Andalucía. El secretario de Organización de la dirección estatal, José Luis Ábalos, aseguró que era “un caso del pasado”, que no afectaba a la ejecutiva actual ni a Pedro Sánchez. Chaves y Griñán lo han sido todo en el PSOE, fueron presidentes del partido federal y pilotaron la federación más potente durante años. Al ser preguntado, el ex presidente andaluz midió muchos sus palabras y terminó reconociendo que el caso ERE “ha sido un caso de miembros del PSOE que han estado en la Junta de Andalucía”. “Queramos o no, nos guste o no, mucha gente identifica este caso con el PSOE”, dice, y ha recordado: “Yo no soy miembro del PSOE, me di de baja del partido”.

Chaves se ha mostrado comprensivo con la aparente frialdad con la que algunos dirigentes socialistas han reaccionado a su condena y la de sus compañeros -Sánchez aún no ha hablado sobre la sentencia de los ERE, conocida el 19 de noviembre-. “En política, es posible que uno se desvincule de aquellos asuntos que molesten política o electoralmente. Pero tengo que agradecer que el partido haya defendido mi honestidad y la de Pepe Griñán. A mí me congratula que cientos y miles de militantes y gente de la calle me haya dado su apoyo”, asegura.

Finalmente, ha dirigido un mensaje a “los militantes, simpatizantes y votantes del PSOE”. “Quiero decir que en ninguna línea de la sentencia se dice que haya un miembro del PSOE que se haya enriquecido, o que el partido se haya financiado ilegalmente, o que se haya financiado una campaña electoral, o una red clientelar del PSOE. El procedimiento, que en su ejecución ha sido declarado ilegal, contenía un objetivo claro: una política socialista clara, que era la de proteger a los trabajadores en desempleo como consecuencia de la crisis de sus empresas. El 90% de ellos cobraron ayudas legales”, concluye.

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