El consenso sobre el feminismo se quiebra en el Parlamento andaluz a las puertas del 8M

Unas horas antes del 8M, de la segunda huelga general feminista en España, el Parlamento andaluz ha vivido un encarnizado enfrentamiento verbal entre las diputadas de izquierdas y las de derechas, acusándose unas a otras de “no ser feministas”, o de ser “feministas radicales”, o “feminazis”, o “feministas liberales”, o “feministas supremacistas” o “manada de ultraderechistas” o “machistas”.

Todos los grupos políticos, excepto los 12 diputados de Vox, han apoyado una iniciativa del PSOE a favor del 8 de marzo y del movimiento feminista, instando al Parlamento a sumarse a la huelga y a los paros de este viernes, y comprometiendo al Gobierno andaluz a preservar las políticas de igualdad en todas sus consejerías. Pero el resultado de la votación chirría con el nivel de crispación que se escuchó en el debate previo, en el que las diputadas enfatizaron más lo que les divide como adversarias políticas que lo que les unió hace un año, cuando se mezclaron entre miles de mujeres en la gran marea del 8M. “Yo no la tengo a usted por feminista. Su compromiso con la igualdad es cero y se lo vamos a recordar toda la legislatura”, le dijo la diputada del PSOE, Soledad Pérez, a la del PP. “Su iniciativa, disfrazada de feminismo, tiene un tufo electoral. Intentan dividir a la sociedad y enfrentar a las mujeres”, le respondió la diputada del PP, Dolores López, a la del PSOE. “Esta parlamentaria va a defender el feminismo liberal subida a estos tacones y sin bajarse de sus principios. Y a mí no me diga portavoza”, le espetó Teresa Pardo, de Ciudadanos, a la parlamentaria de Adelante Andalucía (Podemos-IU). “El feminismo no es excluyente, las excluidas somos las mujeres”, advirtió la diputada de Adelante, Ana Villaverde. “No nos representan estas doctrinas totalitaristas. El feminismo ha degenerado en un movimiento radical de odio hacia el varón”, sentenció la portavoz de Vox, Ángela Mulas.

El consenso político que existía hace sólo seis meses en torno a las políticas de género se ha ido por el desagüe en el arranque de esta legislatura. El año pasado, todos los grupos del Parlamento andaluz -PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU- estaban alineados enérgicamente con el feminismo. Este año no se ha negociado un discurso unánime de apoyo al 8M, porque se sabía que Vox jamás lo hubiera firmado. El año pasado, se pusieron de acuerdo incluso para cambiar el Pleno de día, porque coincidía con el 8 de marzo, y todos querían preservar el derecho de las mujeres a la huelga. El año pasado, aun con matices y reproches propios de la diversidad partidista, diputadas de todos los grupos se sumaron a la inmensa marcha feminista que atravesó las calles y las plazas de Andalucía. Aún hay rastro en las redes sociales de las fotos que subieron las dirigentes del PP andaluz y de Cs.

En un año todo ha cambiado. La política es distinta, pero los problemas que motivaron aquella movilización histórica de mujeres son los mismos: las mujeres son asesinadas y agredidas por sus parejas; cobran menos que los hombres y promocionan más despacio, el paro femenino es un 3,5% más alto que el masculino, y las mujeres desempeñan el 74% de los empleos a tiempo parcial. Hoy el PSOE andaluz ha sido desplazado a la oposición, después de 36 años y medio en el Gobierno. Les ha relevado un Ejecutivo bipartito de PP y Cs, apoyado en una fuerza ultraderechista. Vox y sus 12 diputados se han estrenado en la Cámara con un discurso negacionista contra la igualdad de género y la violencia machista.

Las parlamentarias de Podemos e IU harán huelga este viernes y volverán a manifestarse en las calles. También lo harán las socialistas, algunas de Ciudadanos y pocas, o ninguna, del PP, que ha recibido una consigna de la dirección nacional para apartarse de la convocatoria porque, dicen, “ha sido instrumentalizada por la izquierda con fines electoralistas”. La proximidad de las elecciones generales (28 de abril) ha contaminado el ambiente previo al 8M, ya de por sí viciado por la convulsión política y mediática que ha supuesto la presencia de Vox, un partido clave para la estabilidad del primer Gobierno andaluz de centro derecha.

En el hemiciclo, sólo Vox niega radicalmente la desigualdad de género y los motivos que explican la huelga feminista. El resto apoya las reivindicaciones pero, esta vez, las diferencias entre izquierdas y derechas eclipsan el espíritu del 8M. El cruce de acusaciones gruesas entre diputadas que encabeza esta crónica ocurrió durante el debate sobre una proposición no de ley, presentada por el PSOE, en apoyo del 8M y “los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres”. “Toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que impulsa el feminismo”, dice el texto. A pesar de la bronca previa, todos los diputados, excepto los 12 de Vox, apoyaron la propuesta. Los parlamentarios de Santiago Abascal se pusieron de espaldas, incluso abandonaron el hemiciclo mientras el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, defendía su “hoja de ruta en políticas de igualdad” ante una pregunta de Ángela Aguilera, diputada de Adelante Andalucía, sobre el 8M. “Fíjese en los escaños vacíos de la ultraderecha, que es la que le tiene que aprobar sus presupuestos de igualdad”, replicaba Aguilera.

Durante el Pleno, Moreno Bonilla propuso a todos los grupos “un gran acuerdo” contra la violencia de género, equiparable al Pacto de Estado que se alcanzó a nivel nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La idea es crear “un grupo de trabajo” o “mesa técnica” para analizar “si se necesitan más recursos para políticas contra la violencia de género, cómo, dónde y cuándo invertirlos”. Fuentes próximas al presidente de la Junta explican que su intención es “dejar fuera del ámbito de confrontación política la lucha contra la violencia de género” que, hoy por hoy, es el epicentro del pulso entre Gobierno y oposición. “Estas tensiones le interesan a Vox, pero también al PSOE por razones electoralistas”, afirman estas fuentes.

Estando en la oposición, Moreno Bonilla ya ofreció a la ex presidenta Susana Díaz un pacto contra la violencia machista, que la socialista rechazó. Es difícil imaginar que ahora su iniciativa funcione, porque el PSOE sospecha que su intención es “blanquear a Vox” y “desactivar la oposición de izquierdas”. “Ustedes proponen un acuerdo de mínimos que rebaja y devalúa el consenso sobre leyes y políticas de género que ya existen. Ya les digo que no van a arrastrar al PSOE a un pacto low cost”, dijo la portavoz socialista de Igualdad, Soledad Pérez, durante el debate.

Las políticas de género han protagonizado cinco de los debates del Pleno parlamentario previo al 8M. Parecía una Cámara distinta a la que hace seis meses aprobaba, casi por unanimidad de todos los partidos, la Ley andaluza contra la Violencia de Género, y la reforma de la Ley de Igualdad. La formación de Santiago Abascal, que sostiene al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, se ha marcado como objetivo derogar esas leyes. Vox ha retirado a última hora su proposición no de ley para contraprogramar el 8M instando a participar, dos días después, en otra manifestación en Madrid frente al “feminismo supremacista de género”. La formación ultraderechista ha estrenado iniciativas inéditas en el Parlamento, como ésta, o como pedir los nombres de los funcionarios de la Junta que evalúan el maltrato a las mujeres, acusándoles de realizar “informes ideologizados” y movidos por un “feminismo de izquierdas y supremacista”.

Esas Unidades de Violencia de Género están adscritas a la Consejería de Justicia y su titular, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha aprovechado para intervenir en la polémica anunciando un aumento de 700.000 euros en el presupuesto para reforzar al colectivo señalado por Vox. También la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha asegurado que las partidas presupuestarios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que el anterior Gobierno socialista dejó sin ejecutar (porque llegaron estando ya en funciones, tras las elecciones), “se utilizarán en su integridad”.

El presidente y el vicepresidente de la Junta mantendrán este viernes sus agendas oficiales y no se sumarán ni al paro ni a la huelga. Del Gobierno, sólo la titular de Igualdad ha confirmado que acudirá a la marcha. Del Parlamento, la presidenta, Marta Bosquet, se sumará a la movilización, como ya hizo el año pasado. Susana Díaz hará el paro de dos horas convocado por los sindicatos de clase. Antonio Maíllo, de Adelante Andalucía, hará huelga junto a todo su grupo parlamentario. Vox asegura que irá a trabajar.