El avance en la investigación de los ERE deja ya siete imputados en prisión
Muchas cosas han pasado desde que el miércoles por la mañana se desplegara la Operación Heracles, la segunda fase de investigación del caso sobre el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía. La Guardia Civil ejecutó ese día 22 detenciones y practicó 13 registros en empresas, despachos de abogados y domicilios particulares de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, desvelando de momento un desvío de 50 millones de euros de fondos públicos.
Esta fase de la investigación se centra, por tanto, en el papel jugado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado hasta el momento siete ingresos en prisión (dos de ellos con posibilidad de libertad bajo fianza) y ha dejado libres con cargos a siete personas a las que ha tomado declaración estos días.
El encarcelamiento más destacado ha sido, justo un año después, el del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ya estuvo en prisión preventiva por este mismo caso entre marzo y octubre de 2012 y que el miércoles a las 20.30 horas salía de los juzgados en dirección a la cárcel. Ahora, la juez considera que existe riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas, y de contacto con otros imputados. Su abogado, Fernando de Pablo, ya ha señalado que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente, al que se le imputan delitos “parecidos” a los de la ocasión anterior (delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil).
Mercedes Alaya también acordó, en la madrugada del viernes, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y supuesto 'conseguidor' de los ERE fraudulentos, que se supuestamente se apropió de 13 millones de euros de forma ilícita desde el año 1990, según fuentes del caso. Según Pablo Luna, letrado del exsindicalista, que se negó a declarar, se le acusa de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. Al igual que con Guerrero, la juez ordenó prisión al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El abogado quiso aclarar que los 82.000 euros en metálico que se le han intervenido en el domicilio familiar de Lanzas en Jaén, cuyas imágenes difundió la Guardia Civil, iba destinado a que su familia “pudiera seguir viviendo” ante la previsión de que pudiera entrar en la cárcel y que “ha sido extraído de sus cuentas corrientes”.
Pero la investigación del caso se está centrando en los intermediarios de los ERE y en el “verdadero negocio” en que se había convertido el sistema de ayudas, como dice la juez instructora en uno de sus últimos autos, en el que las mediadoras “corrompían” a cargos públicos y los sindicatos buscaban “nuevas empresas en situación de crisis para incrementar” dicho sistema. Así, los directivos de las aseguradoras, “previo ofrecimiento de dádivas” a Francisco Javier Guerrero, se garantizaban que se “obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros”.
La juez incluye en la “trama corrupta” a la autoridad pública que “permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración” y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que “seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio”. Esta distracción de fondos públicos suponía “todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial”.
En el caso de la mediadora Vitalia, la juez relata en un auto que su director entre 1995 y 2011, Antonio Albarracín, ahora en prisión, “presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CCOO, a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados”, procedentes de las sobrecomisiones “pactadas” con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación. Albarracín “daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta”.
Según la declaración de Albarracín ante la juez, que compareció durante siete horas, “los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta”, pues “teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían”, añadiendo que “piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo -el dinero público- no echaban cuenta”. El imputado, que trabajó en Vitalia entre 1995 y 2011, cuando la empresa cerró, declaró por espacio de siete horas el jueves ante Alaya, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza por delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil. Su letrado, Francisco Rubiales, tacha este caso de “enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía”.
Otros dos exdirectivos de Vitalia, Eduardo Pascual (excoordinador) y María Vaqué (exdirectora general y administradora), también están ya en prisión provisional por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la hacienda pública. Albarracín se defendió diciendo que dependía directamente de ambos, y que nunca ejerció como director general ni director comercial. Un exconsultor de la propia Vitalia, Jesús María Bordallo, imputado en el caso, quedó en libertad sin fianza el jueves tras asegurar que desconocía el supuesto cobro de sobrecomisiones
Tanto Ismael Sierra (cuñado de Juan Lanzas y al que se le acusa de delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda Pública y asociación ilícita) como Eduardo Leal del Real (uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla” empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones) podrán abandonar la prisión si pagan una fianza de 50.000 euros. Leal del Real sería el administrador único de dos empresas de mensajería que, según un oficio entregado al juzgado por la Guardia Civil, tendría información financiera relacionada con la mediadora Vitalia y con Estudios Jurídicos Villasís.
Tras la última jornada de declaraciones han quedado en libertad con cargos María José Marcos, la esposa de Antonio Albarracín; José González Torrent, hijo del que fuera administrador de una mediadora, Uniter, José González Mata, también imputado en la causa; Roser Masa, administradora de Fortia; y Gregorio M.P., amigo de Francisco Javier Guerrero. Aunque no fueron detenidos en el marco de la Operación Heracles, también comparecieron en calidad de imputados ante la juez y quedaron también en libertad con cargos Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas.
Por otro lado, la juez Alaya ha dejado en libertad sin fianza, tras así solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, a otro presunto testaferro de los ERE, Juan Francisco Algarín, quien permanecía en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día 15 de enero. Según la Guardia Civil, esta persona mantuvo relaciones económicas con una serie de empresas beneficiarias de ayudas entre 2001 y 2006, en cuya concesión Juan Lanzas habría desarrollado un importante papel, y con empresas vinculadas de una u otra manera a éste.
La juez Mercedes Alaya tiene previsto tomar declaración este lunes 25 de marzo al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y a José González Mata, ambos imputados en la causa.
