Los ayuntamientos afrontan con dudas la reapertura de las playas: “Un repunte nos llevaría a la casilla cero, sería ruinoso”

En los 8.000 kilómetros de costa española cabe todo: hay cemento y ladrillo, playas familiares y otras casi clandestinas, populares chiringuitos y clubes exclusivos, y todo tipo de servicios para el turismo: pistas deportivas, vestuarios, atracciones infantiles y actividades deportivas. Ahora, el temor a que el coronavirus circule hará que algo cambie. Todavía no se sabe con certeza cómo serán las playas este verano, pero no serán como las de antes.

Los ayuntamientos costeros trabajan desde hace unos días con el borrador de una guía que ha elaborado el Instituto de Calidad Turística de España (ICTE). Ese borrador, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, está sobre la mesa del Ministerio de Sanidad, que debe dar su visto bueno o introducir modificaciones. El ICTE, un organismo de certificación que está coordinando la elaboración de protocolos turísticos por encargo de la Secretaría de Estado de Turismo, prevé que la decisión de Sanidad se produzca esta semana. Cuando eso ocurra, el protocolo servirá de guía orientativa para los municipios.

El peso, en los municipios

El texto es claro: la COVID-19 “supone una amenaza clara para la reapertura de las instalaciones sin riesgo de contagio y la garantía del servicio”. El documento establece unas recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio y pone el peso de garantizar la seguridad sobre los municipios, a los que pide un “compromiso firme” como gestores de las playas. La previsión es que sean los municipios quienes asuman la tarea de velar por la seguridad, lo que genera dudas en los responsables municipales consultados.

Por ejemplo, se contempla que un comité municipal determine la capacidad, la comunique a los usuarios e identifique los riesgos en cada playa. La casuística es compleja: accesos, arenal, aseos y vestuarios, puntos de suministro de agua potable, duchas y lavapiés, infraestructuras y equipamientos de empresas concesionarias o los equipamientos de uso específico para personas con discapacidad son potenciales puntos de transmisión. La instalaciones y equipamientos deberán ser objeto de un “repaso” al menos cada dos horas y de una limpieza profunda por jornada.

También se pide a los municipios que hagan acopio de material de protección, pero también advierte de que “deben considerar” que “pudieran existir para el aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de dichas restricciones”.

Además de estas pautas, que no serán vinculantes, las comunidades autónomas también están elaborando su propia normativa. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, por ejemplo, el martes un Decreto-Ley que regula los planes de contingencia para las playas, que los ayuntamientos deberán remitir a Protección Civil en el plazo de un mes.

A finales de semana pasada, los alcaldes de los 61 pueblos del litoral andaluz se reunieron con Elías Bendodo, consejero de Presidencia, que les informó de los principales puntos del Decreto-Ley. El gobierno andaluz quiere abrir las playas el 25 de mayo.

“No sabemos el alcance de nuestra responsabilidad legal”

Desde Isla Canela hasta la disputada Playa de los Cocedores, en Andalucía hay más de 600 kilómetros de costa. 372 playas que, según los datos de la Junta, recibieron 17,6 millones de turistas en 2018. Más de la mitad de los turistas vino a Andalucía a la playa.

Desde los años 60 Torremolinos (Málaga) es la estampa del turismo de sol y playa, y el prototipo de playa urbana densamente ocupada, con multitud de servicios e infraestructuras. Su alcalde, José Ortiz (PSOE), advierte de que garantizar la seguridad sanitaria en sus siete kilómetros de playa, donde en condiciones normales pueden juntarse “hasta 200.000 personas”, excede las competencias y recursos municipales. “No podemos ser los garantes de la seguridad sanitaria porque no tenemos recursos y competencias. La Junta de Andalucía nos tiene que decir cuáles son los niveles de aforo y los protocolos. Hemos trasladado nuestras dudas y disconformidad con que sumemos más cargas, cuando no tenemos recursos suficientes”.

El Ayuntamiento de Níjar (Almería), que cuenta con 50 kilómetros de playas y calas muy distintas a las de Torremolinos, también tiene dudas. Fuentes oficiales explican que les gustaría disponer de “mayor detalle” sobre los criterios científicos y jurídicos para la reapertura. “No conocemos el alcance de la responsabilidad legal si por no tener un procedimiento adecuado ocurre algún problema de salud”.

Para facilitar la adaptación, la Junta de Andalucía ha anunciado una partida de cinco millones de euros para instalar cartelería, dotar de más equipos de salvamento o reforzar la vigilancia en los 800 kilómetros de playa. Además, destinará otros 5,5 millones en subvenciones para actuaciones de limpieza, higiene y adquisición de material.

“Hay dudas y falta de recursos. Adaptar una playa a los nuevos protocolos obliga a una serie de inversiones”, explica Ortiz, que cree que la partida se queda muy corta. El protocolo del ICTE es prolijo en detalles. Por ejemplo, la recomendación es que las áreas infantiles se cierren, que los walkies o los prismáticos de los vigilantes se limpien tras su uso o que las duchas y lavapiés se clausuren de momento y sólo se reabran “en función de la evolución de la pandemia”. Todos estos detalles preocupan.

Cómo garantizar el aforo

Con todo, el aforo es el mayor quebradero de cabeza. Algunos municipios prevén el uso de la tecnología para limitar la densidad. Por ejemplo, Torremolinos y Rincón de la Victoria participan en un proyecto piloto de la Diputación de Málaga: aplicarán una tecnología de geolocalización que les permitirá conocer en tiempo real cuántos usuarios hay en cada zona.

Por su parte, Fuengirola ha presentado un software desarrollado por Juma, una empresa local, que se basa en la instalación de entre 40 y 50 sensores en las farolas de sus playas. Estos sensores miden el volumen de personas que entran a cada una de las cuadrículas virtuales en las que se divide la playa, según explican desde el Ayuntamiento.

Con esta información, los ayuntamientos planean colocar carteles informativos, transmitirla por redes o desarrollar una app que informe a los usuarios de a qué playas pueden ir. Sin embargo, controlar de forma efectiva los accesos es más complejo. Los municipios cuentan con poder ofrecer un aforo del 50%, pero en playas urbanas, donde se entra desde cualquier punto, un control físico es prácticamente imposible. Torre del Mar planea adaptar un tractor de limpieza para dividir la playa en cuadrículas, que servirán para mantener la distancia de seguridad.

El dilema entre la seguridad y la ruina

Nadie duda de que este año las playas serán otra cosa. Los municipios costeros sostienen su economía en los meses de junio a septiembre. Torremolinos (68.000 habitantes censados) recibió más de un millón de visitantes el año pasado. Es el primer destino turístico andaluz de sol y playa y el segundo en pernoctaciones, sólo tras Sevilla. Según el alcalde, el turismo genera más de la mitad del empleo, más otro 25% de forma indirecta.

No abrir es la ruina. En demasiadas ocasiones el trabajo es temporal, precario, o cae directamente en la economía sumergida, de modo que muchos de esos trabajadores ahora no tienen nada: ni ERTE ni desempleo. Sólo los servicios sociales y los comedores sociales de Cruz Roja o Emaús: “La dotación para todo el año ya la hemos agotado y estamos reorganizando partidas”, advierte el alcalde.

Ortiz pone voz a una ecuación diabólica. Urge abrir, pero caer de nuevo sería fatal. “No es una carrera a ver quién abre antes las playas. Se trata de garantizar la seguridad. Lo peor que puede pasar es que haya un repunte y regresemos a la casilla cero. Sería ruinoso”.