La decisión del Supremo sobre el ERE de Jerez: entre el alivio y la indignación
La decisión del Tribunal Supremo de avalar el Expediente de Regulación de Empleo realizado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados. Tras casi dos años de pelea, los 260 trabajadores implicados esperaban la sentencia con la esperanza de que los despidos fueran declarados improcedentes o nulos. No contaban con que el Supremo diera la razón al Gobierno municipal, del Partido Popular.
Y había optimismo entre los afectados porque, en marzo de 2013, seis meses después de que se anunciara el ERE, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo había tumbado aparentemente por la selección arbitraria de los despedidos. “En la aplicación del criterio de evaluación continua se ha incurrido en una absoluta arbitrariedad”, decía la jueza Ana María Orellana en aquella sentencia. El fallo del Supremo dice ahora que se declara ajustado a derecho el despido por estimar suficientes los criterios invocados y por apreciar causa económica según la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores introducida por la Ley 3/2012 a la vista de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, según los hechos declarados probados.
Los afectados ya habían cobrado los 20 días por año trabajado que tan bien conocen todos los que han pasado por la guillotina de la reforma laboral. Muchos esperaban cobrar 25 días más hasta llegar a los 45 del despido improcedente, una cantidad importante en los tiempos que corren. Pero eso no se va a producir, a no ser que prospere alguna de las demandas individuales que han presentado muchos de los despedidos que no se dan por vencidos.
Es el caso de Dolores Caravaca, una jerezana que tiene muy claro que en la decisión del Supremo influyen cuestiones políticas: “Ha sido una sorpresa muy desagradable porque ninguno esperábamos que esto fuera hacia atrás. Se ve que hay buena mano de Jerez con Madrid a nivel político, tiene tintes políticos. Mi caso está muy claro. Yo he sido incluida en el ERE por acoso político. Estoy muy señalada por el PSOE y vinieron a por mí desde el primer momento. Para nosotros ha habido una caza de brujas. Si hubieran puesto un criterio objetivo, se acepta. Pero de esta manera es increíble. Que me digan que soy una enchufada me da igual porque ya hubo un juicio y se demostró que no era así. A ver a cuántos ha enchufado la alcaldesa del PP. Voy a luchar hasta el último momento por mi puesto de trabajo”.
“Fue una medida dolorosa”
En el Ayuntamiento hay tranquilidad y alivio. Hay rumores que de ya se había liberado en Tesorería una partida para pagar las indemnizaciones por despidos improcedentes, pero al final todo queda como estaba. “Fue una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria. Hay que destacar la importancia de la decisión del Tribunal Supremo ya que evidencia que el ERE fue ajustado a derecho, y que, por tanto, este se hizo cumpliendo la ley, sin que se produjese arbitrariedad alguna”.
Nada que ver con la opinión de los sindicatos, que claman contra una sentencia que consideran escandalosa. Juan González, secretario general de CGT, comenta al respecto que “nos hemos quedado perplejos, ha sido un palo muy serio y mostramos nuestra repulsa ya que entendemos que el Poder Judicial debe ser independiente y creemos que no ha habido independencia. Vamos a continuar con las más de 80 demandas individuales que tenemos y ya haremos un juicio de valor cuando tengamos la sentencia del Supremo”.
En el PSOE se habla con indignación de la medida adoptada por el Supremo. “Nos parece absolutamente indignante que mientras una ex alcaldesa de esta ciudad se sienta en el banquillo de los acusados por cumplir con su deber con la plantilla municipal y abonar en tiempo y forma las nóminas a que tenían derecho, la actual alcaldesa María José García-Pelayo se encuentre brindando en la alcaldía con Moët & Chandon por haber destrozado la vida a cerca de 300 trabajadores y sus familias”.
Es la parte política de un asunto que ha dejado sin trabajo a trabajadores como Dolores Caravaca, que recuerda que “aquí no ha habido corazón. Han despedido a matrimonios que ganaban sólo mil euros. Ya no es una cuestión de siglas, sino de humanidad y de hacer mal las cosas. Nos han despedido por flojos, eso dicen ellos, pero no han seguido criterios objetivos. Así que iremos a Estrasburgo o donde haga falta para que se haga justicia. Esto no se ha terminado”.
