Política y ciencia: desafíos y oportunidades en un debate complejo

Muchos de los retos a los que se enfrentan las sociedades modernas no pueden ser resueltos solo a base de sentido común, experiencia, o preferencias ideológicas. Las verdaderas amenazas para la humanidad que suponen el cambio climático, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria o las pandemias, pueden ser solo abordadas desde el reconocimiento de su gran complejidad y requieren el aporte de la ciencia. Sin embargo, obtener un asesoramiento científico riguroso y útil que permita a los gobernantes seleccionar la mejor opción entre diferentes escenarios posibles de gestión no es un asunto trivial, sobre todo si tenemos en cuenta lo inevitable de que en cada toma de decisión confluyan intereses contrapuestos. Lograr un interface operativo e independiente que permita el adecuado diálogo entre la política y la ciencia puede resultar por ello difícil, pero será imprescindible para poder abordar los retos presentes y de ahí que se lo debamos a las generaciones futuras.

Existen varios retos a la hora de plantear los términos en los que la relación ciencia/política debe ser concebida. El primero es simplemente que los científicos y los políticos generalmente tienen objetivos diferentes. Mientras que el enfoque de la ciencia se suele situar en la generación de nuevos conocimientos bien consolidados en un área determinada, el político prioriza la adopción de medidas y políticas que respondan a un conjunto de necesidades e intereses, algunos contrapuestos, con unos recursos que suelen ser escasos, y, muchas veces, desde un conocimiento necesariamente limitado de la realidad. La priorización de intereses y objetivos por parte de la política no será nunca, ni debe serlo, la traslación directa de unos conocimientos científicos sino que requerirá siempre una adaptación de las medidas a la situación sociocultural y los recursos económicos disponibles y estará además siempre mediada por la visión del bien común que represente el gobierno de turno. Ese es el arte de la Política en su mejor acepción.

Los programas de investigación suelen durar años, las decisiones políticas se toman diariamente, a veces, semanal o mensualmente.

Otra diferencia entre la acción política y la científica reside en las escalas temporales en las que operan. A los gobernantes les exigimos una acción que responda de forma inmediata a los problemas y necesidades de la población y aunque queramos pensar que algunos, al hacerlo, tienen en cuenta no solo el corto sino también el medio y largo plazo, el sistema de mandatos representativos limitados en el tiempo introduce un fuerte incentivo a la acción cortoplacista. Los programas de investigación suelen durar años, las decisiones políticas se toman diariamente, a veces, semanal o mensualmente. Las certezas consolidadas en la ciencia no lo son sin antes pasar por unos filtros de control de calidad, que básicamente consisten en la revisión anónima y externa de los resultados de una investigación, para medir el rigor del método y la validez de los resultados, antes de su publicación, siendo igualmente frecuentes los estudios en paralelo para validar resultados obtenidos, puesto que a los revisores también se les pueden escapar errores como sucediera cuando en 1998 se dio por bueno un estudio de Andrew Wakefield, publicado en la prestigiosa revista The Lancet según el cual las vacunas producirían autismo (artículo que, tras revisiones posteriores, tuvo que ser retirado conllevando el incidente la pérdida de la licencia profesional del autor). En definitiva, el proceso científico es lento y sumatorio. Frente a la imagen nítida que a veces esperamos de la respuesta científica, estaríamos más bien ante un cuadro impresionista que resulta de una suma de puntos de colores, representando cada punto un estudio particular, siendo así que la imagen resultante es únicamente inteligible y fiable cuando se suman los resultados del conjunto de las investigaciones en un proceso que, por definición, lleva tiempo.

Por todo ello, el riesgo no es únicamente el que se da cuando los políticos, a la hora de tomar acciones, ignoran por completo los dictados de la ciencia, como hiciera el presidente Trump cuando recomendó inyectarse desinfectante para llegar una solución rápida y simple contra la Covid-19 (solución que, por cierto, no se aplicó a sí mismo cuando contrajo la enfermedad), sino cuando, en una labor de “cherry picking” escogen los resultados que avanzan estudios concretos para defender ciertos intereses, ideologías o para imponer soluciones rápidas, como hicieron los presidentes Trump y Bolsonaro al validar el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento contra el virus aunque sus asesores científicos señalasen que el estudio que avalaba la postura era poco robusto por no haber pasado aún por la exhaustiva revisión por pares propia de las publicaciones científicas. Cuando, como en el momento actual, la producción científica se somete al estrés que acompaña al ansia por dar con la solución a una crisis sanitaria mundial, se pone en evidencia el lado desordenado de la ciencia: no todos los estudios sobre la Covid-19 son igualmente sólidos y muchos de ellos habrían requerido más tiempo para aportar conocimientos más fiables. Cuando además los políticos se enfrentan a resultados científicos que van cambiando sobre la marcha y mucho de lo que aparece en los titulares de los medios de comunicación son solo resultados preliminares, el riesgo de un uso “politizado” de la ciencia -es decir la ciencia como justificación o excusa para defender intereses partidistas, y no como eje de guía- es especialmente alto. No nos debe sorprender que en este contexto y ante una población angustiada y desconcertada ganen también atractivo las soluciones simplistas, cuando no el puro negacionismo o las teorías conspiratorias que también han avalado algunos gobiernos en distintos momentos de la pandemia.

Llegados a este punto se hace apremiante pues tanto explicar el proceso científico incluyendo su parte de incertidumbre a los políticos y a la sociedad en su conjunto, como pensar en formas de mejorar la relación y el diálogo entre estas dos comunidades (ciencia/política) para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a tomar decisiones más basadas en la evidencia científica, sin que ninguna de las partes deba transmitir la falsa idea de que las políticas pueden o deben ser dictadas únicamente por consideraciones científicas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero ayuda saber cómo decidir lo que corresponde a cada uno. En este sentido, son varias las ideas que se vienen barajando acerca de cómo mejorar la comunicación entre ciencia y política. Entre ellas destacan la relevancia de la explicación del método científico; el desarrollar un lenguaje apropiado que permita la comunicación entre ambos mundos y la importancia del debido asesoramiento de expertos de distintas disciplinas. De forma más concreta, se avanzan propuestas y experiencias que atañen tanto a la identificación de criterios de inteligibilidad y de validación de la aportación científica como a la articulación de instrumentos de interacción y enriquecimiento mutuo entre ambas comunidades.

En cuanto a la identificación de criterios de inteligibilidad y validación, siguiendo a Justus Lentsch y Peter Weingart (“The politics of scientific advice”) durante las últimas décadas han ganado aceptación universal cuatro principios fundamentales a la hora de definir lo que se considera un asesoramiento científico fiable, riguroso y útil: (i) distancia e independencia entre asesor y asesorado, (ii) pluralidad y carácter multidisciplinario del organismo asesor científico, (iii) transparencia en el proceso de asesoramiento y (iv) publicidad y acceso a la información tanto por lo que hace a las declaraciones oficiales del organismo asesor como a su uso político. Con respecto al desarrollo de criterios para evaluar la solidez de la evidencia científica en el contexto de decisiones políticas resulta pionero el proyecto THEARI desarrollado por un grupo multidisciplinario, incluidos los campos de la medicina, la ingeniería, la economía y la política, liderado por Kai Ruggeri (Columbia University) con el objetivo de desarrollar un marco de cinco niveles para evaluar la solidez de la evidencia científica en el contexto de decisiones políticas. Las calificaciones van desde “teórico” (el nivel más bajo, cuando se ha propuesto una idea científicamente viable pero no probada) hasta “impacto” (el nivel más alto, que implica que un concepto ha sido probado, replicado, aplicado y validado con éxito en el mundo real). THEARI fue desarrollado en parte para establecer un “lenguaje común” entre las disciplinas científicas, objetivo que podría ser particularmente útil para los legisladores que evalúan la evidencia de un campo del que saben poco o que depende de insumos de distintas disciplinas.

Por lo que hace a la articulación de instrumentos de interacción, en distintos países proliferan iniciativas y estructuras al servicio de estos fines. Algunas iniciativas de promoción de interacción entre políticos y científicos datan ya de más de dos décadas. Es el caso de Australia, que desde 1999 organiza anualmente un encuentro de dos días con el nombre de Science meets Parliament en el que participan unos 200 científicos de diferentes disciplinas. Desde el 2005 el Parlamento Europeo cuenta con una iniciativa similar y, junto con Francia y Reino Unido, desarrolla también programas de intercambio que permiten a los parlamentarios estancias en centros de investigación y a los científicos estancias para familiarizarse con la dinámica parlamentaria.

Otro instrumento clave a la hora de fomentar la interacción entre ciencia y política es la existencia dentro del parlamento de estructuras permanentes como son las oficinas de asesoramiento científico que ofrecen un espacio único y continuo de debate entre ciencia y política permitiendo a los parlamentarios, y no sólo al poder ejecutivo, reciclarse en las últimas innovaciones tecnológicas e hitos científicos de manera que se facilite su labor legislativa. Estas oficinas, englobadas en la red EPTA existen ya en 22 parlamentos en el mundo, una lista que desafortunadamente no incluye a nuestro país. Además de estas estructuras y otros posibles canales de interacción permanente cabe lógicamente crear comités de expertos ad hoc, como los que se han creado para la gestión de la pandemia figurando en el portal de la OECD y entre los que figura el “Comité Científico y Técnico COVID-19” español.

En España, 2018 un pequeño grupo de cientific@s lanzó la iniciativa Cienciaenelparlamento para acercar la ciencia a la sociedad y a la gestión pública. Por el momento se ha constituido en asociación sin ánimo de lucro, con 39 miembros

En España, 2018 un pequeño grupo de cientific@s lanzó la iniciativa Cienciaenelparlamento para acercar la ciencia a la sociedad y a la gestión pública. Por el momento se ha constituido en asociación sin ánimo de lucro, con 39 miembros, cuyo objetivo prioritario es avanzar en la implementación de la oficina de asesoramiento científico del Parlamento aportando información sintetizada sobre el estado de la ciencia de forma que la evidencia científica sirva en la toma de decisiones políticas. Quién sabe si esta iniciativa podría redundar también en un aumento significativo de la exigua financiación que se destina a la ciencia en España, en comparación con otros estados europeos avanzados, así como en la flexibilización de su gestión, siendo nuestro país un verdadero campeón en “burocracia kafkiana.”

En definitiva, comparando las diferentes respuestas institucionales a la pandemia se ve que todos los países han creado Comités de Expertos, implicando a institutos de investigación y a diferentes Ministerios. Si partimos de la base de que la ciencia opera por conductos de validez universal, sorprende por lo tanto la diferencia entre las políticas adoptadas por los gobernantes de distintos países. Y es que el conjunto de factores que confluyen son muchos.

De Alemania, cuya gestión ha sido alabada, se ha dicho por ejemplo que no puede ser irrelevante a la hora de valorar el grado de receptividad política a la evidencia científica proveniente de una variedad de disciplinas (que en ese país han incluido la epidemiología, virología, economía, salud pública y las humanidades), el hecho de que la Canciller Angela Merkel fuera doctora de ciencias. Pero como bien ha demostrado esta pandemia, la mera existencia de un mejor asesoramiento multidisplinario no sirve si la comunidad científica no ha tenido la posibilidad de trasladar mediante las infraestructuras requeridas previamente y de manera suficiente su idioma y su forma de generar conocimientos a una clase política y a la sociedad para que ambas estén en condiciones de beneficiarse de sus insumos. En este sentido, y por lo que nos toca, estimamos que la evaluación independiente de la gestión de la Covid-19 en España que lleva desde hace tiempo reclamando un grupo de científicos punteros españoles es imprescindible no sólo para entender qué es mejorable con respecto a las medidas que se han adoptado para atajar la pandemia sino también para entender mejor, y así poder mejorar, los cauces por los que en nuestro país interactúan de forma más o menos óptima la política y la ciencia. El modo en el que afrontemos retos inminentes igualmente acuciantes, como el del cambio climático, podría beneficiarse inmensamente tanto de este ejercicio introspectivo como de una mirada a experiencias comparadas más consolidadas en el tiempo.