RegularizaciónYa, seis años de deudas invisibles

Seis años. Seis años han pasado ya de cuando se hablaba de cierto virus que nos hizo encerrarnos en casa, perder seres queridos y desnudar las letales vergüenzas del sistema en que vivimos. Mientras todo esto pasaba, el que era llamado en ese momento “el Gobierno más progresista de la historia” (PSOE y Unidas Podemos) decía repetidamente que no había que dejar a nadie atrás, mientras que medio millón de personas se encontraban en situación administrativa irregular.

Es en este momento que nace RegularizaciónYa, una plataforma impulsada por organizaciones de personas migrantes y racializadas; porque muchas no podían salir de casa para ir a por medicación o hacer la compra por miedo a ser deportadas. En el contexto del Estado de alarma, durante el confinamiento, la vigilancia policial aumentó; lo que hizo que, ante la falta de medidas, la ceguera deliberada y voluntad política, el estrés y el miedo de ese medio millón se disparase, tanto como la vulnerabilidad a la que se veían sometidas para poder sobrevivir y preservar la poca dignidad que las instituciones quisieran permitir.

Desde aquella primavera de 2020 en la que la respuesta del Gobierno fue que no era posible hacerlo debido al Pacto Migratorio Europeo de 2008, otros países comunitarios como Italia y Portugal habían emprendido regularizaciones extraordinarias de personas migrantes. Es importante situar este marco porque fue el argumento estrella, especialmente desde el ala socialista, para negarse a realizar una regularización extraordinaria y así rechazar la PNL presentada por esa plataforma en aquel momento, siendo ese el espíritu que durante años acompañaría a estas instituciones para negarse a no seguir dejando atrás a todas estas personas, pasando incluso por complicar aún más su situación con cambios en la normativa que parecían sacadas de una chistera.

Creo que esa parsimonia con la que han tomado desde el PSOE este asunto tiene que ver con el argumentario ayusista sobre la migración. Y sí, digo ayusista porque si la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que hay que respetar y dar derechos a las personas migrantes para que trabajen en el campo o cuiden a los mayores, el racismo por deshumanización es evidente. Pero si lo hace Rufián o cualquier persona, organización o medio percibido como progresista, tan sólo está siendo “solidario” con la causa.

Ese miedo vertiginoso a que pudieran votar en las próximas elecciones, como si fueran a dejar de estar en esa ciudadanía de segunda (o tercera, o ninguna), ¡Qué terror! O peor, ¡que quieran quedarse! Ni que fueran personas que trabajen, paguen los impuestos y no las veamos más. ¿Ese es el plan?

Pero esa deshumanización también se ha manifestado en los argumentos en contra: los antecedentes. Es tal el nivel de racismo, xenofobia y criminalización que se presupone que todas las personas migrantes, especialmente en situación administrativa irregular, como si esa falta administrativa fuera constitutiva de delito. Pero claro, tenemos los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). ¿Cómo no se iba a percibir como ilegal una persona? ¡Ni que esto fuera Estados Unidos!

Pero bueno, no se asusten, que hay inmigrantes buenos, pero a esos le llamamos extranjeros o expatriados porque vienen de aquí, de las Europas, del occidente, y se portan bien queriendo todo en su idioma y desplazando a la gente local.

También ese miedo vertiginoso a que pudieran votar en las próximas elecciones, como si fueran a dejar de estar en esa ciudadanía de segunda (o tercera, o ninguna), ¡Qué terror! O peor, ¡que quieran quedarse! Ni que fueran personas que trabajen, paguen los impuestos y no las veamos más. ¿Ese es el plan?

Y si más allá de la mano de obra explotable, se concibiera a las personas migrantes, especialmente a las no comunitarias, como seres humanos, se entendería de plano que una regularización es un mecanismo de justicia social ineludible, no un gesto caritativo o utilitarista. Y que toda resistencia apesta a lo que apesta el partido de los capataces de las huertas, que buscan la mano de obra más maltratable posible, y eso con derechos, no es posible.

Pero también apesta a lo que apestan los argumentos que durante seis años se han esgrimido para negar la mayor: la falta de voluntad política para defender y proteger los derechos humanos y sociales de las personas migrantes.