Durante el pasado año 2015 que acaba de terminar, la deriva restrictiva de las políticas de la UE y sus miembros en materia de control de fronteras, gestión de flujos migratorios y, muy especialmente, de asilo ha estado en el centro de las preocupaciones de los colectivos sociales que trabajamos en el ámbito de las migraciones. De hecho, ha sido tema recurrente en nuestros artículos de esta tribuna que tan amablemente nos ofrece eldiario.es.
En los posicionamientos y denuncias de la sociedad civil de los últimos meses sobre esta materia se ha puesto preponderantemente de relieve las vulneraciones de los Derechos Humanos “directas” que sufren las personas migrantes y refugiadas, lo que es totalmente lógico (y necesario). Sin embargo, entendemos que es imprescindible no perder de vista el impacto global que estas políticas tienen en el sistema democrático y el Estado de Derecho en el concierto europeo.
Los últimos días estamos asistiendo a una sucesión de decisiones políticas en el ámbito de la UE que ilustran con una claridad meridiana lo anterior. Nos llegan por una parte noticias de que algunos Estados nórdicos y Alemania pretenden confiscar bienes de los refugiados para “financiar” los costes sociales de su atención. Y por otra, son preocupantes las denuncias de que en Reino Unido se están identificando las viviendas destinadas para personas refugiadas con un color de pintura específico o que tienen que llevar pulseras de colores para poder recibir comida.
También destaca la persistencia de las “situaciones excepcionales” que justifican la reintroducción de controles fronterizos en la zona Schengen y el llamamiento al aumento y agilización de las expulsiones de migrantes en situación irregular e incluso de solicitantes de asilo “indeseables” (esto último con especial virulencia tras las intolerables agresiones sexuales que tuvieron lugar en algunas ciudades alemanas durante la noche de fin de año, en la que supuestamente podrían estar implicadas algunas personas refugiadas).
Estas situaciones tienen por supuesto su dimensión de inaceptable menoscabo de la dignidad humana y de los derechos básicos de las personas que las sufren, pero también conllevan un ataque a los pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho que, en teoría, deberían estar en la base del proyecto de la Unión Europea y de cada uno de sus Estados, algo que en un medio, en incluso en un muy corto plazo, afectará al conjunto de la sociedad europea.
De esta manera, la confiscación de bienes de las personas refugiadas para una hipotética cobertura del gasto público dedicado a su acogida, ¿no sigue en realidad la misma lógica de los “copagos” impuestos en servicios públicos al calor de los recortes sociales sufridos en el actual contexto de crisis social y económica? Y la criminalización de personas migrantes y refugiadas al vincularlas con problemas de seguridad y el terrorismo y las consiguientes medidas represivas aplicadas sobre ellas, ¿no guardan grandes similitudes con iniciativas político-normativas de criminalización general del ejercicio de la ciudadanía que se han articulado incluso en nuestro contexto más cercano como la tristemente famosa ley mordaza?
El ejemplo donde más nítidamente se puede trazar la conexión entre la restricción de derechos fundamentales de las personas migrantes y/o refugiadas y los del resto de la sociedad europea es en la puesta en cuestión de la libertad circulación dentro del espacio Schengen. Además de, por supuesto, la vulneración de distintos principios clave del Derecho Internacional en el caso de los migrantes y refugiados, con ello se socava uno de los elementos fundamentales del propio concepto de ciudadanía europea, como es la señalada libertad de circulación.
Por lo tanto debemos concluir, una vez más, que en materia de Derechos Humanos no existen compartimentos estancos. Que la vulneración de los derechos básicos de un colectivo concreto no dejará indemnes los del resto de la sociedad, ya que antes o después se extenderá como la gangrena y corroerá todos los rincones del sistema democrático y el Estado de Derecho. Un sistema que, en realidad, se construye en un entramado de vasos comunicantes de la dignidad humana de cada uno de los miembros de la comunidad socio-política. La Historia y la realidad contemporánea no están precisamente escasas de ejemplos de ello.
Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la APDHA.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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