Las izquierdas vetan por segunda vez el debate sobre la ley del 'solo sí es sí' en Andalucía a las puertas del 8-M

El Parlamento andaluz ha retirado del orden del día del próximo Pleno una alusión a la Ley de Garantía Sexual (la llamada ley del 'solo sí es sí') inserta en una proposición no de ley del PP sobre igualdad y lucha contra la violencia de género. Era, en realidad, el mismo párrafo que ya registró hace dos semanas y que los grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- ya vetaron entonces argumentando que el asunto invadía una competencia exclusiva del Estado y era, por tanto, contrario al reglamento de la Cámara.

Para dejar este debate fuera del orden del día del próximo Pleno -que coincide con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer- los socialistas han vuelto a invocar un artículo en desuso del reglamento de la Cámara [rl 171], que no se ha usado en los 18 años que lleva en vigor. Ese artículo restringe la tramitación de aquellas iniciativas que versan sobre competencias exclusivas del Estado, que “sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”.

El PSOE ha logrado vetar por segunda vez el debate sobre la ley del solo sí es sí -el asunto que más está desgastando al Gobierno de Pedro Sánchez- sumando los votos en contra de Por Andalucía y Adelante Andalucía. La coalición de izquierdas que preside Inmaculada Nieto comparte con el PSOE la crítica al PP andaluz por “tratar de instrumentalizar la Cámara autonómica para confrontar con el Gobierno central con claros intereses electorales”. El grupo mixto Adelante Andalucía, en cambio, justifica su voto “en la defensa del movimiento feminista” y acusa a los populares de llevar este debate al Parlamento para ahondar en su fractura.

“Efectos indeseados”

La ley del solo sí es sí incluye una reforma del Código Penal que ha facilitado la rebaja de penas de más de 700 agresores sexuales en toda España (más de un centenar contabilizados por ahora en Andalucía). El asunto ha golpeado políticamente al Gobierno de Sánchez, que ha admitido los “efectos indeseados” de la aplicación de la norma en los tribunales, y motivado una propuesta de reforma registrada en solitario en el Congreso. También ha abierto un cisma con sus socios de Unidas Podemos, reacios a cambiar la ley.

El debate se ha sustanciado este jueves en la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz, que ha aprobado la proposición del PP pero eliminando la parte relativa a la ley del solo sí es sí. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz de su grupo, Ángeles Férriz, ha invocado el artículo 171 para someter a votación ese aspecto, aunque previamente ha intentado que fuera el PP -como proponente- quien justificase que tenía la mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta. Los populares contaban con el respaldo de Vox pero, pese a sumar 72 diputados, les faltaba uno para alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el citado artículo.

El PP andaluz es consciente del daño político que los efectos de la ley del sólo sí es sí está haciendo al PSOE y por eso vuelve a registrar su iniciativa, colocando a los socialistas en la tesitura de vetar el debate o encajar las críticas en el salón de Plenos. Férriz, visiblemente incómoda, ha hecho una relectura del reglamento de la Cámara para que fuera el PP quien tuviera que justificar el uso del artículo 171, aunque los letrados de la Cámara ya han dejado claro en un informe al respecto que la iniciativa de pedir que un asunto se someta a votación porque atañe a competencias del Estado le corresponde en este caso al PSOE.

El segundo veto al debate sobre la ley del solo sí es sí tendrá lugar en el Pleno del 8 y 9 de marzo, en el que se conmemora también el día contra la violencia de género. Los populares, aunque han visto decaer parcialmente su proposición no de ley, aseguran que abordarán el asunto de frente durante el debate y a pesar de los recelos de la izquierda.

El Gobierno de Moreno denuncia que desde la entrada en vigor de la Ley de Garantía Sexual, el número de consultas de mujeres agredidas al teléfono de ayuda del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) “se ha triplicado”. En torno a 50 mujeres habían pedido información sobre la revisión de las condenas de sus agresores, dado que los servicios jurídicos de la Junta defendieron sus causas en los juzgados.

El PSOE de Juan Espadas ha desempolvado el artículo 171 del reglamento en esta legislatura para “frenar el abuso” de las iniciativas legislativas del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la antesala de las elecciones generales. En los cuatro primeros meses de legislatura, el PP había presentado 20 proposiciones no de ley y 19 de ellas versaban sobre competencias exclusivas del Estado, que derivaron en debates muy broncos y duros ataques de la derecha contra el Gobierno de Sánchez y, de rebote, contra la bancada socialista.

El caso más significativo fue el debate sobre “la revisión de los delitos de sedición y malversación”, que fue rechazada por el Parlamento en medio de una sonora bronca entre derechas e izquierdas. El diputado de Vox, Javier Cortés, terminó llamando “golfos” a los socialistas y Aguirre, visiblemente enfadado, le ordenó abandonar la tribuna tras negarse varias veces a retirar los descalificativos del diario de sesiones.

El PP andaluz ya ha denunciado que el “uso masivo” del artículo 171 para vetar sus PNL supondría un “ataque a la libertad parlamentaria”, “una mordaza a la Cámara” y “un bloqueo a la democracia parlamentaria”, en palabras de su portavoz. Martín avisó hace semanas a los socialistas de que si persistía en la idea de “recurrir a una argucia parlamentaria para intentar limitar la libertad de esta Cámara”, su grupo no descarta contraatacar, bien con un recurso ante el Constitucional -la vía lenta- bien con una reforma exprés del reglamento para eliminar de un plumazo dicho artículo (la vía rápida). Los populares, con 58 diputados, tienen la mayoría absoluta necesaria para abordar dicha reforma sin necesidad de pactarla con el resto de formaciones políticas.