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Un juzgado declara procedente el despido de un trabajador que se aplicó un descuento excesivo sobre unos huesos de pollo

Mercadona intensifica la implicación de sus clientes en la innovación de los productos que vende

Néstor Cenizo

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El despido de un charcutero del Mercadona que se autoaplicó un descuento excesivo sobre unos huesos de pollo que iban a ser descartados, pagando 2,51 euros en lugar de 5,02 euros, es un despido procedente. Así lo ha decidido la jueza titular del Juzgado de lo Social 9 de Málaga, en el que recayó este caso denunciado por el extrabajador, con una trayectoria de 27 años en la cadena de supermercados. Había solicitado la nulidad del despido y volver a su trabajo.

El charcutero se aplicó un descuento del 50%, pese a que solo estaba autorizado a liquidar por un máximo del 20%. Se ahorró así 2,51 euros respecto al precio original, o 1,51 si se hubiese aplicado el descuento máximo autorizado. La jueza razona que la calidad, el importe o el valor de lo “sustraído” no es relevante; lo importante es “la actuación misma del trabajador, que justifica por sí misma” la pérdida de confianza.

Hay una falta grave, aunque “no se acredite la existencia de lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado”. Basta “el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral”, resalta la sentencia. “No exonera de responsabilidad ni la autoinculpación del actor ni el hecho del reintegro posterior de la cantidad”.

La jueza comparte así la tesis de Mercadona: aplicarse a sí mismo incorrectamente un descuento es una falta “muy grave de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza”, y entiende que corresponde a la empresa imponer la sanción, sin que ella pueda matizarla. Los abogados del extrabajador, empleado de Mercadona desde que la cadena abrió su primer supermercado en Málaga (en 1993), anticipan que recurrirán la sentencia.

Un ahorro de 2,5 euros

El caso fue publicado por elDiario.es/Andalucía el pasado septiembre (ver aquí). Un veterano empleado malagueño de Mercadona, de 51 años de edad, compró cuatro bandejas de carcasas de pollo rural justo después de la hora de cierre del 12 de septiembre. Previamente se había realizado un descuento sobre el precio general de compra (2,50 euros/kilo).

Al pasar por caja, el inusual descuento generó una alerta a la coordinadora, que llamó al trabajador y le recordó que solo estaba autorizado a liquidar productos con una rebaja de hasta el 20%. El hombre firmó un documento reconociendo que era responsable de la liquidación irregular, pero no advirtió de que él había sido el comprador.

A continuación, la coordinadora preguntó a la cajera y constató que la liquidación se la había aplicado el trabajador a sí mismo. El hombre lo había hecho sin ocultarse y entre bromas: le había dicho a la cajera que quería las carcasas “para echárselas a los perros”. Se trataba de productos que iban a ser tirados a la basura minutos después, puesto que el supermercado ya había cerrado. En total, aquel día (sábado) se tiraron productos cárnicos por un valor total de 32,71 euros.

Cuatro días después, el trabajador fue despedido. Mercadona le remitió una carta de despido en la que le imputaba “claro ánimo de lucrarse y de beneficiarse de ese precio privilegiado que usted se ha puesto”.

El trabajador asegura que sufrió una crisis ansioso-depresiva tras ser despedido. En su defensa, siempre ha alegado que descontarse más de la cuenta fue un error, fruto del cansancio tras haber doblado turno y del hecho de que desempeñara habitualmente sus funciones en charcutería, y no en carnicería. En otras ocasiones se han producido errores similares que no se han saldado con la sanción disciplinaria más dura posible, afirma.

El hombre, que llegó a ser coordinador de tienda durante más de seis años, aceptó en 2009 una rebaja de categoría de Gerente C a Gerente A. A partir de entonces estuvo casi siempre destinado en charcutería, manteniendo un salario superior a su última categoría.

El trabajador entendía que el castigo era totalmente desproporcionado: por su falta de intencionalidad, por su veteranía en la empresa y por el escaso perjuicio económico producido al supermercado, por lo que pedía que se declarara la nulidad del despido y lo reintegraran.

Un incumplimiento con efectos “de la máxima gravedad” con la mayor sanción posible

De momento, un tribunal da la razón a la empresa y mantiene que el despido es correcto. En la sentencia se recoge que había recibido formación en liquidación y prestaba servicios en carnicería habitualmente, de modo estaba al tanto de la normativa interna. También que su última valoración fue positiva, si bien fue amonestado por una falta grave en 2018.

Para la jueza, lo que hizo el trabajador supone una transgresión de la buena fe cuyos efectos sobre el contrato son “de la máxima gravedad”. No por el valor de lo “sustraído” sino por la “actuación misma del trabajador”: según razona la jueza, el descuento de las carcasas de pollo de un 50%, en lugar de un 20%, justifica una ruptura total de la confianza de la empresa en el trabajador después de 27 años de relación laboral. Una brecha suficiente para despedirlo de forma fulminante.

El despido no era la única opción que tenía Mercadona. El artículo 34 del convenio de empresa contempla tres posibles sanciones a faltas muy graves: las mismas previstas para las faltas leves o graves, la suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días, o el despido. Mercadona optó por la más dura, y la jueza rechaza que ella pueda modular la sanción aplicando alguna de las alternativas, a pesar de que un principio general del derecho sancionador es la proporcionalidad. Una vez confirmado que la falta es muy grave, “corresponde al empresario la facultad de imponer la sanción que estime apropiada” entre las previstas, explica la jueza. Argumenta que si aplicara una teoría gradualista estaría realizando “un juicio de valor que descalifica el cuadro normativo sancionador” de Mercadona.

En la resolución se explica que este tipo de despidos también se justifican por el “carácter ejemplarizante y disuasorio de la sanción”. Especialmente cuando se trata de plantillas con “numeroso personal”.

Jurisprudencia que aplica la teoría gradualista

El valor económico de lo defraudado no parece pesar igual para todos los jueces. Alejandro García, del despacho Rojano Vera, que ha defendido al trabajador, cree que la sentencia vulnera el principio de proporcionalidad y anticipa un probable recurso ante el Tribunal Superior de Andalucía y, eventualmente, ante el Tribunal Supremo para que unifique doctrina.

El abogado cita sentencias de tribunales superiores que para supuestos similares declaran la falta de proporcionalidad del despido. El TSJ de Madrid (15/12/2009) declaró improcedente el despido de una trabajadora que se llevó una barra de chorizo (2,60 euros) y un paquete de tacos de jamón (2,25 euros) cuyo precio no abonó. El TSJ de Cataluña 19/5/2006) declaró improcedente el despido de un trabajador que sustrajo, a la vista de todos, un producto que iba a terminar en el contenedor de residuos. El Tribunal Supremo (9/9/2015) confirmó una sentencia del TSJ de Cataluña que declara improcedente el despido de una trabajadora de Mercadona que regaló una pescadilla a una cliente porque iba a la basura. El TSJ de Castilla-La Mancha (22/11/2012) declaró improcedente el despido de un trabajador con más de diez años en Mercadona, que se apropió de una barra de pan y un paquete de chorizo.

En todos estos supuestos, los magistrados invocaron la desproporción entre la falta y el castigo, y en algún caso resaltaron la veteranía de los empleados. “En cambio, en Andalucía hay varias sentencias que hablan de despido procedente. No puede ser que Andalucía esté a la cola en materia de protección de los derechos de los trabajadores”, protesta el abogado.

Mercadona, por su parte, ha declinado hacer comentarios a la sentencia. En su día explicó que el trabajador estaba formado en los métodos de descuento, conocía lo que “se puede y lo que no se puede hacer” y que la empresa necesita “criterios estables” para sus más de 90.000 empleados.

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