Así justificó el tesorero de Mijas subastas desproporcionadas: “Cualquier oferta por pequeña que sea debe ser admitida”

El informe de la Guardia Civil incorporado al sumario en el que se investigan las subastas exprés en Mijas, y que esta semana está desgranando eldiario.es/Andalucía, recoge cuándo y cómo el Ayuntamiento empezó a adjudicar bienes de deudores tributarios por precios ínfimos. En un informe emitido a petición del entonces alcalde, Ángel Nozal, el tesorero dio por inaugurado el sistema el 14 de junio de 2012. “Estimo que cualquier oferta por pequeña que sea debe ser admitida”, dejó por escrito el tesorero, según recoge el informe de la Guardia Civil.

A partir de entonces, ni la mesa de contratación ni los servicios jurídicos pusieron pega alguna a que se adjudicasen inmuebles por precios que representaban hasta una vigésima parte del valor de tasación. Las adjudicaciones directas se producían después de dos subastas desiertas, realizadas de forma inmediatamente consecutiva, y a la primera oferta que llegara, sin esperar durante seis meses una oferta mejor, como prescribe la ley. Según los investigadores, era habitual que no se pusiera especial celo en notificar a los deudores, muchos de ellos extranjeros.

Hay un momento en el que todo cambió en la forma de ejecutarse las subastas públicas en Mijas. A.S.C. tenía una deuda tributaria con el Ayuntamiento de 21.803,83 euros. Para saldarla, el Consistorio sacó a subasta su vivienda, valorada en 367.865,46 euros. Después de dos pujas desiertas, se presentaron cuatro ofertas para la adjudicación directa, la mejor de ellas de 110.000 euros. La mesa de contratación acordó declarar insuficientes todas las ofertas por ser “exageradamente inferiores al tipo de subasta (…), lo cual podría ocasionar un enriquecimiento injusto del adjudicatario y unas fuertes pérdidas para el deudor, por último al ser la vivienda familiar y habitual de A.S.C., cuya privación le causaría daños”.

Sin embargo, el postor de los 110.000 euros no quedó conforme, recurrió y unos meses después el tesorero confeccionó un informe a solicitud de la alcaldía cuestionando el criterio de la mesa de subasta: “Mientras el Ayuntamiento no regule, vía ordenanza fiscal o bases de ejecución del Presupuesto, cuál será la oferta mínima admisible, estimo que cualquier oferta por pequeña que sea debe ser admitida”.

Tesorería, Recaudación y Asesoría Jurídica discrepaban sobre cómo finalizar estos casos y finalmente se impuso el criterio del tesorero y la asesoría jurídica: al no existir en la legislación local mijeña precio mínimo para la adjudicación directa, sino únicamente la obligatoriedad de “causar el menor perjuicio al deudor”, bastaba con adjudicar al mejor postor con independencia de la cuantía de la oferta.

El 31 de octubre de 2012 se adjudicó la vivienda de A.S.C., revocando la primera decisión de la mesa, aunque los 110.000 euros ni siquiera sirvieron para saldar toda la deuda tributaria a favor del Ayuntamiento, porque este sólo había inscrito su preferencia de cobro por 5.216,89 euros, de modo que sirvieron para saldar una deuda hipotecaria preferente.

El informe policial considera que este caso es el “punto de inflexión”. A partir de entonces la mesa de subasta y la asesoría jurídica dejaron de considerar la falta de proporción o el perjuicio que se podía causar al deudor. Además, el Ayuntamiento empezó a entregar el inmueble a la primera oferta después de las subastas desiertas. Así ocurrió con una finca valorada en 129.194,19 euros, adjudicada por 18.000 euros para cubrir una deuda de 2.788,30 euros. En este caso el plazo de admisión de ofertas estuvo abierto durante cinco días. En algún caso, los adjudicatarios llegaron a pedir que su oferta se mantuviera sólo durante la primera reunión de la mesa de subastas, y no durante seis meses como es preceptivo.

La unidad de delitos contra el patrimonio de la Guardia Civil documenta más de ochenta casos similares y aprecia posibles infracciones de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Recaudación, que obligan a que los embargos sean proporcionales a las deudas y fijan un procedimiento que, a juicio de los investigadores, no se habría respetado.

Adjudicatarios

Los investigadores llaman la atención al hecho de que el marido de quien fuera “adjunto de tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Mijas” (según su propio perfil de LinkedIn) fuera adjudicatario directo de uno de los inmuebles subastados.

No es la única vinculación entre adjudicatarios y funcionarios públicos. Las investigaciones llegan hasta el propio exalcalde, Ángel Nozal y su exconcejal de Hacienda, Mario Bravo, ambos administradores de fincas de profesión. Según la Guardia Civil, ambos participaron de en la tramitación y resolución de algunos expedientes pese a “tener intereses” en empresas de administración de fincas, que acabaron gestionando la adjudicación en favor de comunidades de propietarios.

La propia esposa de Nozal, Michelle Van Gaalen, también administradora de fincas, aparece como firmante de diversas notificaciones. Van Gaalen logró una fama fugaz en las redes sociales cuando en las últimas elecciones municipales le cantó a su marido un tema del Dúo Dinámico: “Resistiré”.