Bajo este lema diversos colectivos sociales iniciábamos una campaña de denuncia y sensibilización sobre la situación en la cual se encuentran los CIEs, de cara a visibilizar lo que sucede en estas instalaciones, cuya opacidad se manifiesta no solo en la dificultad de acceder a cualquier información sobre los mismos, sino de forma más severa en la prohibición de acceso a los medios de comunicación. Solo las entidades que de alguna manera venimos accediendo a estas instalaciones podemos dar testimonio de lo que allí sucede, bajo un denominador común, la vulneración sistemática de derechos humanos basada en actuaciones de dudosa legalidad.
Supone una contradicción legal que, teniendo los CIEs por definición “carácter no penitenciario”, el CIE de Algeciras se encuentre ubicado en la antigua prisión, manteniendo una impronta carcelaria que no solo se manifiesta en su aspecto externo, sino también en elementos internos como el sistema de celdas, patios, mamparas de visita o el régimen de funcionamiento interno.
Igualmente supone una ilegalidad manifiesta el uso como CIE de las instalaciones de Tarifa, constituida como de uso provisional, y justificada bajo el encaje de “anexo” del CIE de Algeciras, figura que, como ha aclarado el Defensor del Pueblo en diversos informes, carece de cobertura jurídica. Siendo además una argumentación inverosímil, pues el CIE de Tarifa funciona en realidad como un CIE totalmente independiente, con una Dirección policial paralela a la del centro de Algeciras, y lo que es más grave, sin que exista Orden Ministerial que ampare su creación y funcionamiento.
No tiene sentido alguno que tratándose el internamiento de una medida cautelar cuyo único fin es garantizar la expulsión, se proceda al internamiento de personas que provienen de países en conflicto, o de personas en situación de especial vulnerabilidad cuya expulsión resulta irrealizable. Seguimos encontrando en el CIE diariamente personas que provienen de República Centroafricana, Congo, de zonas castigadas por las tropas de Boko Haram, con un desprecio absoluto al principio legal de no devolución. ¿Alguien puede entender que en el 2015 fuera internada una persona procedente de Siria?
Los recientes Autos del Juzgado de Control del CIE de Algeciras han venido a ratificar lo que desde las organizaciones sociales se viene denunciando desde hace años, la precariedad tanto de las instalaciones como de los servicios inexistentes. La sola ausencia de intérprete en la plantilla del CIE anula el ejercicio de cualquier derecho por parte de las personas internas, se procede con asiduidad a una desinformación absoluta sobre el sentido, motivo y fin del internamiento, el boletín de derechos se encuentra parcialmente manipulado, o no se permite por ejemplo la llamada al país de origen para el sencillo gesto de comunicar a los familiares que se encuentran bien. Carecen estos centros de una asistencia médica adecuada, únicamente se realiza un rápido reconocimiento externo a su llegada, no contando además con servicio de asistencia psicológica para personas que han sufrido experiencias traumáticas.
Se vulnera los derechos humanos cuando pisoteamos la dignidad de las personas, cuando hablamos de habitaciones compartidas por hasta 24 personas, con un “aseo” a la vista de los ocupantes de la habitación donde tienen que hacer sus necesidades en un boquete en el suelo sin intimidad ni decoro alguno. Se vulnera la dignidad cuando pese a contar con lavadora únicamente proporcionas una muda de ropa para una estancia que puede durar hasta 60 días.
Los CIEs en definitiva, persisten bajo la cobertura que le otorga una sociedad indiferente, donde el Estado de Derecho ni se ha visto, ni se le ve, ni se le espera.
