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PRESUPUESTOS ANDALUCÍA
El PP indulta el “gasto superfluo” del Gobierno andaluz: más altos cargos, más estructura territorial y subida salarial de Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

Daniel Cela

2 de noviembre de 2022 20:36 h

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El proyecto de Presupuestos Andaluces para 2023, los primeros de la legislatura y del Gobierno con mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, transita por un camino que ya habían tomado los anteriores gobiernos socialistas, y que fue duramente criticado por el PP desde la oposición. Las cuentas del año que viene contienen un aumento del 10% en el número de altos cargos de la Junta de Andalucía, un 65% en la estructura territorial -las llamadas delegaciones provinciales- y un incremento del 3,5% en el salario del presidente y de sus consejeros.

Tres conceptos que la consejera de Hacienda, Carolina España, omitió en su presentación, el pasado viernes tras un Consejo de Gobierno extraordinario, y que el propio Moreno ha orillado en las muchas comparecencias públicas en las que ha ido adelantando partidas concretas del Presupuesto en las últimas semanas. Un gasto en personal de confianza y emolumentos de los altos directivos calificado año tras año como “superfluo” por el PP, cuando desde la oposición abanderaba el discurso de la “austeridad”.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, ha sido el primero en justificar el incremento del número de puestos directivos en el Ejecutivo, este miércoles a preguntas de los periodistas: “Los gobiernos deben funcionar por una política de resultados. La estructura de funcionamiento del Gobierno de Juanma Moreno tiene un resultado positivo, y por eso Andalucía va bien. Antes había un determinado número de altos cargos y no iba bien. Ahora es la estructura optimizada, porque si el resultado es bueno, ésta es la estructura que necesita el Gobierno”.

Tal explicación es una especie de enmienda a la totalidad al discurso que el propio PP abanderó durante más de tres décadas cuando ejercía de líder de la oposición a los gobiernos socialistas. Entonces, el número de directivos en la Junta era una constante referencia al “enchufismo”, el “despilfarro” y el “gasto superfluo”. Los populares denunciaban lo abultado de la plantilla -incluso cuando empezó a menguar como consecuencia de la crisis financiera de 2008- y los derechos asociados a ésta, sobre todo las indemnizaciones para alquilar una vivienda para aquellos que no residían en Sevilla al ser nombrados. “Casa gratis”, advertían.

Los de Moreno, y antes bajo el mando de Javier Arenas, contrastaban la proporción del gasto en altos cargos con la plantilla de médicos y sanitarios. Todavía lo hacen, de hecho, cuando cuestionan la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez, que cuenta con 22 ministerios, uno de los más abultados de la historia democrática.

En el Presupuesto andaluz para 2023 se contabilizan 280.200 empleados públicos, de los que 234.878 son funcionarios, 23.393 son personal laboral y otros 21.439 son también personal laboral pero no del VI Convenio Colectivo de la Junta. Un tercio del gasto de las cuentas lo absorbe el capítulo uno de personal, tanto por el incremento de plantilla como por la subida salarial de los funcionarios pactada por el Gobierno de Sánchez y los sindicatos, que las comunidades deben ejecutar.

En el proyecto de ley, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, aparece un aumento del 10% en el número de directivos que trabaja para la Junta, esto es, 17 más que en el Presupuesto de 2021, prorrogado en 2022. En total la plantilla de altos cargos pasa de 172 a 189 directivos [sin contabilizar los altos cargos en el sector instrumental, que aproxima el total a los 300 puestos de confianza]. Este incremento tiene que ver con la suma de dos nuevas consejerías -de las 11 del mandato anterior a las 13 actuales- pero también con el fichaje en cascada de puestos de confianza que antes trabajaban para los departamentos de Ciudadanos y han seguido en sus funciones, junto a los nuevos nombramientos del PP. Las áreas de Educación y Empleo son las que más han aumentado en este sentido.

El aumento de la plantilla de altos cargos en el Presupuesto de 2023 es mucho mayor en las delegaciones territoriales, esto es, la estructura del Gobierno andaluz distribuidas en las ocho provincias. El anexo de personal del proyecto de ley recoge un incremento del 65,3%, pasando de los 49 representantes de la Junta en 2021 a los 81 que prevé fichar el próximo año.

Moreno llegó a la Presidencia en 2018 prometiendo un ahorro de casi un 20% en el número de altos cargos, pero hizo justo lo contrario en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, según la última relación publicada en su portal de transparencia. El último año completo del mandato de PP y Cs (2021) se cerró con 290 altos cargos. La cifra suponía 33 más que los 267 del último año de gobierno de Susana Díaz pese a tener dos consejerías más, unos datos que chocaban con los continuos mensajes de austeridad que abanderaba el PP desde la oposición.

A los 280.200 empleados públicos de la Junta se suman otros 7.218 efectivos en el sector instrumental, cifras que suponen aumentar en 1.974 trabajadores la propia Administración y reducir 1.592 efectivos en el sector público, respectivamente, en comparación con el Presupuesto de 2021, informa Europa Press. También retrocede el personal eventual en 12 efectivos, pasando de los 233 empleados eventuales de 2021 a los 221 que aparecen en el proyecto de Presupuestos de 2023.

En el capítulo de gasto de personal también se incluye la subida salarial del presidente Moreno, del 3,5%, junto con el resto de consejeros de su gabinete, que llevaban dos años con el salario congelado, mientras que el de los funcionarios ha crecido un 8% de media, justificó la consejera de Hacienda.

Los gastos de personal del Presupuesto de 2023, que ascienden a 14.795,25 millones, suponen el 32,4% del gasto total de la Junta de Andalucía, que será de 45.603,8 millones. El peso relativo de los gastos de personal es prácticamente idéntico al de las cuentas de 2021, cuando fue de 32,6%: 13.140 millones sobre un total de 40.188 millones. De los 7.218 empleados públicos en el sector instrumental, 4.600 trabajan en sociedades mercantiles y 2.618, en las fundaciones.

Veiasa, RTVA y Cetursa pierden empleados

Entre las sociedades mercantiles sobresalen por su volumen de trabajadores Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que cuenta con 1.674 empleados, seguida de Canal Sur Radio y Televisión con 1.116 efectivos y Cetursa Sierra Nevada con 623 componentes.

Sin embargo, estas tres empresas pierden personal en comparación con 2021. Veiasa tendrá 151 trabajadores menos que en 2021 (una bajada de un 8,2%), Canal Sur merma su plantilla en 96 efectivos (-7,9%) y Cetursa reduce sus efectivos en 41 empleados (-6,1%).

Entre las fundaciones descuellan los 1.055 trabajadores de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y los 854 trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende. En ambos casos pierden empleados.

Faisem retrocede en 128 empleados, -10,8%, mientras que Andalucía Emprende merma su plantilla en 62 trabajadores, -6,7%. Sobresale también la pérdida de empleo en fundaciones dedicadas a la investigación sanitaria como Fimabis, Fibao o Fisevi, que en 2023 tendrán 51, 48, y 60 trabajadores, respectivamente, cuando en 2021 tuvieron 275, 267, y 509, lo que supone un descenso de un 81,4%, de un 82% y un 88,2%.

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