El banco público de Andalucía no estará esta legislatura
Ente público de crédito. Es el nombre con el que nace el embrión de lo que será el futuro banco público de Andalucía si se cumple la hoja de ruta que se han marcado el PSOE-A e IU y que tiene como punto más complicado conseguir la ficha bancaria que debe otorgar el Banco de España y cuyo coste dependerá de los activos con que nazca. Queda desterrada la idea que se había barajado de comprar la ficha bancaria del Banco Europeo de Finanzas, participado mayoritariamente por Unicaja. “La idea es partir de algo nuevo y sin ningún tipo de hipotecas”, ha matizado Franciso Vallejo, ponente del PSOE-A en el grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para su impulso.
Después de nueve meses de estudio, ha presentado este viernes su informe, aclarando que no es un instituto público de crédito al uso (como es el caso del ICO que gestiona el Gobierno de España), porque si no, se quedaría en eso, y el objetivo es caminar hacia la banca pública, “que existe en casi todos los países europeos, menos en España y en pocos más”, en palabras del diputado del PSOE-A. Hasta diciembre de 2011 se contaban 302 entidades financieras con participación pública total o parcial en Europa. “Los expertos sí nos han dicho que sería una temeridad crear un banco público que naciera de la noche a la mañana dada la situación del mercado para asumir riesgos y donde nadie parece tener la receta ni tampoco la solución para una crisis sin precedentes”, ha agregado.
El informe, que el PP-A ha rechazado, es en realidad un documento con las propuestas del PSOE-A, por un lado, y las de IU, por otro, por lo que hay que coger los puntos de coincidencia que serán los que use el Gobierno de Andalucía si asume el reto de elaborar el proyecto de ley que regirá el organismo. Entre esos puntos en común figura que tendrá la fórmula de sociedad anónima y que inicialmente trabajará con fondos que ya posee la Junta de Andalucía y que se gestionarán bajo este paraguas para propiciar el crédito a las empresas.
La cifra de activos concreta no ha sido facilitada por ninguna de las dos fuerzas políticas, dado que en un primer momento el PSOE-A hablaba de 1.500 millones de euros en poder de los instrumentos financieros de la Junta de Andalucía, pero IU ha aclarado que son “únicamente los fondos reembolsables”, como los que lleva la agencia IDEA, y quedarían fuera partidas de otro tipo, “que además están contaminadas”, como las subvenciones, como ha puntualizado por parte de la coalición de izquierdas, Rosalía Martín. El caso es que los fondos reembolsables no están resultando atractivos para las empresas, a la vista de su bajísima ejecución presupuestaria (en torno al 25%). Es más, según este informe, no tienen capacidad para solventar los problemas de la economía ni para ser el pilar financiero para el cambio del modelo productivo en Andalucía.
Contra la sequía crediticia
Los tres grupos (PP-A, PSOE-A e IU) han coincidido en que el principal obstáculo para salir de la crisis está en la sequía del crédito, igual que ha reconocido las complicaciones generadas por el desmantelamiento de las cajas de ahorros. Pero sólo los socios del Gobierno de Andalucía han respaldado un dictamen que en febrero pasará por la Comisión de Hacienda y Administración. Posteriormente, se instará al Consejo de Gobierno a la elaboración del proyecto de ley -IU pretende que sea con carácter urgente para que esté en junio del próximo año- y a su posterior paso por el Parlamento de Andalucía. Según los expertos que han participado en el grupo de trabajo, desde su aprobación por el pleno puede pasar un año hasta que eche a andar, por lo que no será hasta 2015.
Y luego, calculan entre uno y dos años más para comenzar su transición a banca pública, lo que lo hace prácticamente imposible para esta legislatura, entre otras cosas porque se reconoce que debe tener un periodo de maduración y superar una curva de experiencia. De todas maneras, está previsto que si el ente público de crédito está constituido en 2014, se pueden modificar los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio para que gestione los fondos reembolsables. En una tercera fase, la aspiración de IU es que sea banca pública universal, es decir, que no sólo facilitaría créditos a las empresas, sino también a los ciudadanos, pero sí un banco público.
También hay coincidencia en que debe tener un gobierno corporativo propio que le permita alcanzar los máximos niveles de independencia. El consejo de administración será designado por el Gobierno de Andalucía y las dos formaciones han insistido en su empeño de que tenga un perfil técnico e independiente. Habrá un órgano de control en el Parlamento de Andalucía para su evaluación.
En cuanto a la ficha bancaria, que IU quiere pedir desde que esté aprobada la ley, no corre tanta prisa a los socialistas, que entienden que “no es esencial en un primer momento”, aunque sí “a medio plazo” para acceder al ahorro mediante la constitución de depósitos y también para conseguir financiación del Banco Central Europeo.
Valoraciones políticas
Una veintena de expertos y una decena de organizaciones de distintos tipo han colaborado con los políticos en la elaboración del informe. Dentro de la filosofía con la que nace, hay que destacar también que será un instrumento que no va a apoyar a ningún sector que no apueste por la sostenibilidad ni responda a los principios de la banca ética.
Francisco Vallejo ha destacado especialmente las aportaciones de los expertos. “Nos han iluminado en muchas cuestiones, como que no hay que pensar en el corto, sino en el medio y largo plazo, es decir, no para hacer frente a este momento de crisis, sino con garantías de futuro”, ha subrayado, recordando que el proyecto viene avalado por el Estatuto de Autonomía que obliga a la Junta de Andalucía a dotarse de instrumentos financieros para generar riqueza. Se ha diseñado desde la máxima ambición, pero “desde un planteamiento serio y riguroso”, según el parlamentario, quien ha definido el proyecto como “audaz, pero a la vez, creíble y solvente”.
“Prudencia pero optimismo, porque hemos dado un primer paso importante, pero no es el definitivo”, ha sido la valoración del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, tras conocer el resultado de este grupo de trabajo. “Más tarde o más temprano, habrá en Andalucía un banco público”, ha sentenciado.
Por su parte, Mario Jiménez, portavoz del grupo del PSOE-A, ha recordado que más del 90% del tejido productivo de la comunidad autónoma lo componen pymes, y hay que facilitarle la inversión “porque el crédito no va a llegar en los próximos años ni nadie sabe realmente cuándo”.
Por contra, para el PP-A, no es necesario este nuevo órgano porque la Junta de Andalucía ya tiene instrumentos financieros para ello. Su portavoz en el grupo de trabajo, José Antonio Miranda, ha criticado que con este proyecto se vayan a “crear falsas expectativas”. Ha recordado que la anterior consejera de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Carmen Martínez Aguayo, ya manifestó que su creación era “muy difícil, por no decir imposible”. En la misma línea, ha recalcado: “Lo que hay que hacer, en lugar de crear nuevas instituciones, es gestionar de forma profesional e independiente, los instrumentos que hay a disposición de las empresas”.
