El sector del aceite de oliva busca mecanismos para enfrentarse a la mayor crisis de su historia
Llevan dos campañas en crisis, agravadas en los últimos meses por la pandemia de la COVID-19, que ha congelado la demanda. Por eso, el sector del aceite de oliva urge cambios de cara a que las cosas empeoren en una tercera, que empieza en octubre. Esas medidas pasan por profundizar en una de las herramientas más poderosas que tiene el sector para controlar la oferta y contener la caída de los precios: reservar parte de la producción y ponerla en circulación en un momento más propicio. Básicamente porque a menos aceite de oliva en el mercado, más elevado su precio.
Es lo que se conoce como almacenamiento privado. Desde el anterior marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC), no había precedentes de esta medida, que se activó con la caída de los precios de 2012 y ha sido reeditada en 2019. En plena ofensiva arancelaria de EEUU contra los productos europeos y cuando se negocia una nueva PAC. Se trata de una política de intervención pública, a la que solo se pueden acoger determinados productos y por la que se fija el volumen que se puede reservar, el periodo para ello y las compensaciones que paga la Unión Europea por el tiempo en que se mantenga inmovilizado a la espera de que mejore su cotización.
Sin embargo, se están reclamando medidas que sirvan para hacer más efectivo este mecanismo, que se puede activar cuando el producto llega a unos límites de referencia. En el caso del aceite de oliva, lleva años sin actualizarse, por lo que son umbrales por debajo del coste de producción y que ya no resultan determinantes para autorizar el almacenamiento privado. Entre los cambios que se quieren introducir, uno de los más importantes es hacerlo pasar de voluntario a obligatorio para determinadas categorías de aceite de oliva, como ya ocurre con otros productos.
Una vez que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han acordado, dentro de esas disposiciones para la transición, que los países productores de aceite de oliva establezcan normas que contribuyan a estabilizar el mercado, es el turno del Gobierno de España para proponer esas medidas. Tiene hasta septiembre en previsión también de que la caída de los precios pueda ir a peor por el incremento de la producción con la próxima recogida, que se prevé de récord.
Tres factores que han cambiado el escenario
¿Qué es lo que ha ocurrido en la última década para marcar un escenario tan complicado para el aceite de oliva español? Fundamentalmente tres factores han llevado a esta situación: la producción ha experimentado un crecimiento medio anual de punto y medio; que ha sido del doble en el caso de las exportaciones; mientras que las importaciones han subido por encima del 20%.
Los productores ya han hecho el cálculo de la cantidad que necesitarían retirar: 400.000 toneladas incluso sin las compensaciones que asume la UE. En este sentido, desde Cooperativas Agroalimentarias, la antigua Confederación de Cooperativas Agrarias de España, ya han remitido a la Comisión Europea su propuesta de autorregulación. Rafael Sánchez de Puerta, responsable del sector en la organización de cooperativas, explica que para ello han estudiado “exhaustivamente” la herramienta para la adecuación de oferta y demanda, e insiste en que son medidas imprescindibles para lograr un mayor equilibrio en el mercado, contando además en todo momento con el apoyo y colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El MAPA trabaja en este sentido para permitir inmovilizar hasta el 10% de la producción con carácter voluntario y hacerlo obligatorio para determinadas categorías, donde el precio está más lejos de cubrir el coste de producción. Pero hay también otra idea que permitiría implementar los resultados del almacenamiento. El ministro del ramo, Luis Planas, se refería a ello hace unas semanas en Jaén: está a favor de no almacenar en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero producto de origen extranjero. Hay empresas que compran en el exterior y luego se sirven del alquiler de estas instalaciones comunes para guardarlo. Eso se quiere evitar.
Cristóbal Cano, responsable del sector en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), remarca que esta prohibición puede ser “un paso muy importante” tras dos años de una situación “muy crítica”. Quieren la implicación de la fundación y que, si hay empresas que importan este producto, “que lo almacenen en sus propias instalaciones”. Pero no depende solo del voto del MAPA, por eso Cristóbal Cano hace un llamamiento a los demás patronos de la fundación: “Entendemos que las empresas que quieran beneficiarse de la importación de aceite de oliva de terceros países deben almacenarlo en sus propias instalaciones”.
"Entendemos que las empresas que quieran beneficiarse de la importación de aceite de oliva de terceros países deben almacenarlo en sus propias instalaciones".
En este contexto, ya se conocen los datos de las salidas a mercado de junio, que se situarían cercanas a las 145.000 toneladas según información de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Es un récord para un mes de junio, según explica Luis Carlos Valero, gerente de la organización agraria Asaja en Jaén. Lamenta que “los precios no se activan como nos gustaría o como debiese”.
Andalucía, la más afectada
También según datos a 30 de junio, las existencias totales de aceite de oliva suman 869.300 toneladas, más de la mitad en Andalucía, que tiene listas para la venta en concreto 450.394. Destaca del total que 525.000 toneladas están en almazaras y 282.700 en envasadoras, y de ellas, 51.200 en las referidas instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Jaén sigue siendo la provincia a la cabeza, con 260.837 toneladas.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) creen que el sector se enfrenta a una de las mayores crisis de su historia y esto amenaza la economía de muchos pueblos, sobre todo de Andalucía, líder mundial en exportaciones de aceite de oliva. “La pandemia está incidiendo negativamente en los flujos comerciales a nivel internacional, lo que provoca más incertidumbre”, apuntan desde COAG. También ellos coinciden: tiene por delante apenas un mes para establecer medidas que eviten llegar a una situación límite.
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