Un hotel de carretera

Kilómetro 412, Nacional II, una carretera con una siniestralidad terrible, conocida también por el rodaje de “Jamón, jamón” de Bigas Luna.

El desalojo y clausura en Candasnos de un hotel de carretera sin actividad, “La Cruzanzana”, en el que se alojaban hacinados un centenar de trabajadores agrícolas ha destapado que la explotación y la indefensión de los temporeros continúan muy vivas, a pesar del esfuerzo durante los últimos años de las administraciones y de las organizaciones agrarias por la contratación ordenada y la vivienda.

Ha sucedido en la comarca del Bajo Cinca, en cuya capital, Fraga, se vivió un 29 de junio de 1992 un episodio racista que terminó con 5 heridos, uno de ellos grave, con 6 jóvenes de la localidad entrando en prisión y con la dimisión del carismático alcalde socialista, Francisco Beltrán, abrumado por lo sucedido y la falta de apoyo del Gobierno Civil de Huesca.

El alcalde, un firme defensor de los derechos humanos pero también de la regulación ordenada del flujo de temporeros, se sintió solo cuando se desbordó el conflicto social coincidiendo con la campaña de recogida de la fruta. Un grupo de jóvenes decidieron tomarse la justicia por su mano agrediendo a otro de magrebíes que dormían en un pinar.

Hasta hace dos años no se abrió en Fraga un albergue que ha resultado insuficiente para resolver el problema habitacional de un colectivo que está dejando de ser temporal. Está viviendo ya una precarización continua por la irrupción en la agricultura de los fondos de inversión especulativos y la multiplicación de grandes fincas. La fotografía se puede hacer extensiva en mayor o menor medida a las comarcas de Valdejalón y de Caspe en Aragón, y a otras muchas de agricultura intensiva en España.

A la espera de que concluya la investigación de la Guardia Civil, ha trascendido que el centenar de jornaleros pagaban 140 euros cuando la normativa obliga a sus empleadores a habilitar un espacio para que puedan pernoctar los que no residan en el municipio donde están trabajando. Un reciente informe de Comisiones Obreras añadía otros problemas en el trabajo agrícola: la falta de control de las horas de trabajo y el pago de jornadas por debajo del salario mínimo.

Tendemos a invisibilizar, o en el mejor de los casos a mirar desde la distancia, una realidad que está muy presente en el medio rural. La estamos detectando también en los pequeños municipios aragoneses donde algunos agricultores están vendiendo o arrendando sus tierras a grupos de inversión o integradoras que persiguen una reducción de costes que les garantice una alta rentabilidad y una conexión directa de proveedor a cliente. Es un modelo similar al de las integradoras porcinas.

A la finca llega una furgoneta o un microbús con un grupo de jornaleros, sin vinculación alguna con la localidad, que se ponen a plantar por ejemplo cebollas en largas jornadas, algunos días por encima de los 30 grados, cargados con varias bandejas de plantero. Cuando las terminan las van sustituyendo por otras que esperan apiladas en un extremo de la finca.

Van abrigados, cubiertos de cabeza a pies para protegerse de los rayos de sol, abstraídos manejando a una sorprendente velocidad el “cohete” que va picando la tierra para introducir la planta. Una actividad robotizada, de cadena de montaje, que se les tiene que hacer interminable en esas grandes fincas. Cuando finalizan la jornada laboral regresan para descansar en sus viviendas localizadas en barrios tradicionales de las ciudades más próximas, hacinados en muchos casos. Y al día siguiente vuelta a empezar. Una prueba extrema de resistencia y de supervivencia.

Los datos dicen que 900 grupos de capital riesgo controlan ya 100.000 millones de euros en tierras agrarias en la Península. El Ministerio de Agricultura certifica que el 6,6 por ciento de las sociedades jurídicas acaparan ya el 42 por ciento de la producción en el campo español. Una tendencia paralela a la desaparición de pequeños y medianos agricultores.

No lo he dicho todavía pero la abrumadora mayoría de los contratados por esas sociedades jurídicas son inmigrantes. Paradójicamente, en las zonas que más porcentaje de votos recibe Vox, por ejemplo en el Poniente y en el Campo de Níjar almeriense, son los inmigrantes a los que reiteradamente asocia ese partido con la delincuencia los que sostienen el “mar de plástico”, la economía de los invernaderos.

Los votantes de Vox aceptan que hagan los trabajos que rechazamos los españoles pero al mismo tiempo los señalan por invasores y los utilizan política e indignamente para extender el miedo y la alarma. Como ha sucedido en Huesca en una de las entradas a la ciudad con un cartel racista y xenófobo: “¡Extreme la preocupación en esta zona! PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí. Tu seguridad nuestra prioridad”. Un mensaje que está más cerca de la cruzada que del cristianismo cuyas raíces tan hipócritamente dicen querer preservar en Occidente. No se puede deshumanizar a los menores no acompañados ni genéricamente a los inmigrantes asociándolos con la delincuencia. Ningún ser humano es ilegal.

Los datos no solo desmienten esa asociación sino que también cuestionan la vinculación genérica del inmigrante con la precarización y el desempleo. En España hay tres millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Representan el 14 por ciento de toda la fuerza laboral en la economía regulada, 1 de cada 7, y muchos de ellos, que han huido de países en guerra o de la inseguridad física o económica, están sobrecualificados para los puestos que desempeñan. Si nos fijamos en los autónomos, el pasado mes de mayo se alcanzó el récord de 485.000 no nacidos en España, con un aumento del 6,5 por ciento en el último año.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 45 por ciento de los nuevos empleos generados en el sector privado durante los últimos cinco años los han ocupado personas no nacidas en España. Están contribuyendo, por tanto, al crecimiento económico, a mantener el sistema público de pensiones y a la creación de empleo.