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La privada concertada debe ser corresponsable
Diputado de Podemos Aragón y maestro de Educación Primaria —
Asistimos a una polémica artificial alentada por los obispos, la patronal de colegios privados, la confederación empresarial y los partidos de la derecha -PP, PAR y Ciudadanos-, que han enrarecido y exacerbado un proceso habitual, reglamentado legalmente, como es la revisión temporal de conciertos educativos.
Contextualizando, un colegio concertado es un colegio de titularidad y gestión privada, cuya financiación es 100% pública. Así, además del sueldo a los profesores, un colegio privado concertado recibe fondos públicos que sufragan por completo los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparaciones y de pago al personal de administración y servicios. El Gobierno de Aragón abona las cuantías establecidas en la Ley Presupuestos Generales del Estado (que cualquier ciudadano puede consultar), además de otros suplementos adicionales.
Precisamente por estar sujeto a la total financiación pública, un colegio privado mantiene un acuerdo temporal con la administración, denominado concierto, que finaliza, dependiendo de la etapa educativa, cada 4 o 6 años, y que en Aragón concluye para todas estas etapas en el curso 16-17. Entre los criterios establecidos para que las aulas financiadas se renueven, la legislación refleja que los centros “satisfagan necesidades de escolarización y atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables”.
El primer requisito es la clave del asunto. La bajada de la población escolar es un hecho en numerosos barrios y localidades. Es decir, aunque que se bajen las ratios, se van a necesitar menos aulas. Por ello, se requiere acomodar la nueva realidad demográfica a la oferta educativa en el próximo acceso a la escolarización en algunos centros educativos; nunca cerrando o dejando de financiar aulas ya existentes en funcionamiento. Pretender hacer creer que esta mínima adaptación supone acabar con la educación concertada no tiene ningún sentido, y los que lo han afirmado son los mismos que decían que el matrimonio homosexual acabaría con la familia. Además, nadie ha puesto en cuestión a familias ni a profesores; en ningún momento.
Lo que se plantea con seriedad es que ha llegado el momento de la corresponsabilidad por parte de los propietarios de estos centros privados, de racionalizar la nueva oferta en función de la necesidad poblacional actual. La pública ya lo ha hecho, y con creces. Fue duramente castigada por el PP-PAR en la legislatura anterior: descenso de un 18% en su financiación, 220 aulas menos -incluyendo cierres de colegios en el medio rural- y pérdida de más de 2.000 plazas docentes, como bien recuerdan los profesores interinos que perdieron su trabajo. Trabajo que no perderán los docentes de la privada concertada gracias a las jubilaciones y a los acuerdos vigentes de recolocación con la administración.
El segundo requisito para renovar un concierto es de justicia, equidad, sentido común y compromiso social. Un centro financiado completamente con dinero público no debería excluir a niñas y niños por su origen, necesidades educativas o condición económica. Algunos propietarios de estos colegios, donde abundan las congregaciones católicas, deberían hacer una profunda reflexión al respecto, porque la realidad, con datos oficiales en la mano, es que unos centros privados concertados cumplen y otros muchos no.
Así pues, colegios públicos y privados concertados deben estar en igualdad de condiciones. Igualdad a la hora de asumir el actual descenso demográfico, igualdad para escolarizar a todo tipo de alumnos e igualdad para impartir las enseñanzas de forma totalmente gratuita, sin cuotas obligatorias y con precios de comedor accesibles. Porque si entre todas y todos financiamos tanto los centros públicos como los concertados, también todas y todos deberían tener el derecho de poder escolarizar en cualquiera de ellos a sus hijas e hijos. Porque hay que conseguir una educación en igualdad, de calidad para todos; también en el medio rural, donde la escuela pública es la única que vela por ello. Porque deben ser los poderes públicos los que, con el propio dinero público, establezcan y aseguren una equilibrada planificación educativa en función de los intereses generales. ¿O acaso esta capacidad debe estar supeditada a los intereses particulares de entidades privadas?
