Tangentopoli a la española

La primera mitad de la década de los noventa fue convulsa en Italia, con su sistema político sacudido por la Tangentopoli, un proceso judicial que llevó a declarar a más de 4.000 empresarios y políticos y que supuso la debacle de los partidos tradicionales.

“Todo el mundo sabía y nadie hablaba”, declaró Bettino Craxi, secretario general del Partido Socialista Italiano, el 29 de abril de 1993 en el Parlamento, llegando a decir que “los partidos, especialmente aquellos que cuentan con aparatos -grandes, medianos o pequeños-, periódicos, actividades de propaganda y promoción y demás estructuras políticas, han recurrido o recurren a la utilización de recursos adicionales irregulares o ilegales”.

No sería de extrañar que con lo que está pasando en la política española acabemos viendo a un alto cargo del Partido Popular declarar algo similar. Al fin y al cabo ya se ha demostrado la financiación irregular de varios partidos aunque las pruebas se hayan anulado, los casos hayan podido prescribir o sus responsables hayan sido indultados.

Corrupción sistémica

El origen de esta corrupción no viene dado porque sea intrínseca al ser humano, no se trata de una cuestión genética. Tampoco porque nuestra cultura, según dicen algunos caracterizada por la picaresca, nos conduzca irremediablemente a esta situación: el caso de las emisiones de Volkswagen o la manipulación del Libor y el Euribor por parte de los bancos más importantes de Europa demuestra que no es algo exclusivo de los países del sur. El origen hay que buscarlo en un sistema económico que busca la máxima rentabilidad a toda costa: de las condiciones laborales de los trabajadores, del medio ambiente y también de las leyes y normas que rigen nuestra sociedad, por poner tres ejemplos.

En España la corrupción se ha comportado como el aceite que ha engrasado la maquinaria de un sistema económico rentista, adicto al pelotazo, generador de burbujas y dependiente del expolio de lo público. A su vez, las puertas giratorias han supuesto no sólo el pago por los servicios prestados en forma de jubilaciones doradas a los políticos más dóciles sino, también, la acumulación por parte de estos de poder económico.

La perpetuación de esta dinámica durante décadas hace que, de la misma forma que las grandes empresas ejercen presión como lobby a los diferentes gobiernos, los partidos políticos tradicionales ejercen su influencia en estas empresas ocupando puestos en sus consejos de administración.

También hemos podido ver cómo el Estado se muestra no sólo incapaz de combatir esta lacra de forma eficaz sino que incluso está conformado para fomentarla. Hemos visto jueces inhabilitados, a un fiscal del Estado actuando como un abogado defensor, aforados a los que resulta muy complicado investigar, delitos prescritos y penas insuficientes.

Una oportunidad para el cambio

Sin embargo, un escenario así, con una corrupción sistémica enraizada en el Estado y en importantes sectores de la economía, supone una oportunidad para las fuerzas del cambio (de las cuales, obviamente, excluyo a Ciudadanos).

Es cierto que las candidaturas de unidad popular que gobiernan importantes ayuntamientos deben implantar una gestión eficiente y que los partidos que estén en los parlamentos autonómicos en disposición de arrastrar al PSOE a posiciones a las que no llegaría por sí solo deben realizar esa presión. Es importante hacer lo posible para mejorar la vida de la gente, pero también debemos comprender que los esfuerzos que se realicen en este sentido no van a suponer una transformación social ni van a crear condiciones para que se produzca.

En cambio, todo esfuerzo que se realice en destapar las miserias de este sistema y comunicarlo de forma efectiva a la población no sólo ofrece una rentabilidad electoral inmediata sino que, además, supone un elemento pedagógico que puede ayudar a que crezca en la población la percepción de que nos encontramos en un sistema injusto. Y eso sí supone crear condiciones para una verdadera transformación.

En las negociaciones para la conformación de un nuevo gobierno, Podemos se ofreció a ocupar las carteras de Justicia o Interior, además de las atribuciones que corresponden a la vicepresidencia, entendiendo a la perfección que de no desbaratar las estructuras que han llevado a esta situación, de no sacar a la luz a tanta podredumbre la transición en la que nos encontramos puede quedarse en una nueva transacción.

La falta de alternativa supuso en Italia una 'berlusconización' de su sistema político que propició no sólo que nada cambiase, sino que fuera a peor. Por suerte nosotros contamos en estos momentos con varias propuestas democráticas que suponen una auténtica alternativa frente al resto de partidos 'gatopardianos', y que además cuenta con respaldo popular. Pero todo este capital político rupturista puede malograrse si se equivocan las prioridades, se yerra en la táctica y se cometen errores que podrían haber sido evitables. No podemos permitirnos fallar. La ventana de oportunidad puede sufrir un cierre oligárquico y que al final nada cambie, salvo las caras.