Huesca sigue apostando por el cuartel Sancho Ramírez dos meses después de su cierre

Dos meses después de su cierre, el cuartel Sancho Ramírez de Huesca sigue vivo. O, al menos, esa es la intención de quienes continúan apostando por dar utilidad a los más de 40.000 metros cuadrados de superficie construida, 107.000 en total, tras el desmantelamiento y el traslado de las tropas a otros destinos. La que se consideraba como la segunda ‘empresa’ más importante de la capital oscense por su impacto económico unió a políticos, colectivos sociales y familiares de militares afectados por la decisión que tomó en 2015 el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés. Una medida “política” y “hecha por narices desde un despacho de Madrid” para unos y “de ahorro y eficacia organizativa” para la actual ministra, María Dolores de Cospedal.

Unos 250 militares que desarrollaban su labor en Huesca han vivido el cambio en primera persona. El mantenimiento del cuartel costaba unos 700.000 euros al año y fuentes próximas al proceso, que no se terminó en la fecha fijada del 31 de marzo sino que ha continuado después, señalan que en el cierre del Sancho Ramírez se han invertido 3 millones de euros. Solo para desplazar materiales a Zaragoza se han gastado 900.000 euros. A estas cifras se han de añadir las indemnizaciones a militares por el traslado a otra provincia, estimadas en 250 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar.

Además, se da una ayuda de unos 200 euros más al mes en idénticas condiciones a aquellos que hayan tenido que buscar vivienda fuera de la capital oscense. De los soldados del Grupo de Transportes y de la Unidad de Servicio del acuartelamiento, 174 fueron destinados a Zaragoza, 16 a Monzalbarba, ocho a Jaca y uno a Valdejasa.

Además, una residencia y un conjunto de viviendas

En Sancho Ramírez disponía de una residencia militar en el Paseo Ramón y Cajal que ya se encuentra vacía y de un conjunto de viviendas en las proximidades del cuartel. El Ayuntamiento de Huesca fijó el impacto de la instalación para la ciudad en 8 millones de euros anuales. Cualquier decisión se encuentra en las manos de Defensa puesto que se trata de un suelo calificado no urbanizable que el Consistorio cedió en 1946 para la puesta en marcha del complejo militar.

En términos económicos directos, el único beneficiado de una venta sería el propio Ministerio. Hace un año se puso a la venta el cuartel en la web del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied) pero se retiró a las pocas horas con el argumento de que se trataba de un error.

Las mismas fuentes militares explican que sin el Sancho Ramírez se ha perdido un “apoyo logístico fundamental”. Y ponen varios ejemplos: Huesca era una parada clave en los transportes de material que se realizaban entre Madrid y Barcelona puesto que de esta manera se ahorraba el coste de la circulación por autopista que ahora, con escala en la capital aragonesa, es obligatorio. El Grupo de Transportes conectaba los cuarteles de Aragón, Cataluña y Navarra y realizaba desplazamientos, asimismo, a País Vasco o Andalucía.

El cuartel de Zaragoza, “masificado y en condiciones inadecuadas”

La Agrupación de Apoyo Logístico 41 de Zaragoza se encuentra ahora “masificada” por el incremento de personal y “presentaba unas condiciones inadecuadas para almacenar el material, para lo que ha habido que acondicionar nuevos espacios que han encarecido el proceso”, señalan fuentes conocedoras de la situación. El Sancho Ramírez contaba asimismo con un campo de tiro en la cercana localidad de Igriés que se empleó para preparar la misión española en Afganistán. También era la sede de cursos de fuerzas todoterreno a nivel nacional y realizaba simulaciones de convoyes en territorio hostil muy apreciadas por los participantes.

Otro aspecto que genera “extrañeza” entre los implicados en el proceso de desmantelamiento reside en que siguen abiertos cuarteles “semivacíos”, y ponen como ejemplos los de Arala, en Vitoria; San Clemente Sasebas (Girona), la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida) o la Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid), con unos 200 militares en estos momentos. Los presupuestos de Defensa han ido menguando de manera sostenida hasta este mismo año, que han aumentado un 32 % respecto a 2016 por la inversión en armamento. También sigue en marcha el proceso de enajenamiento de terrenos y viviendas militares en otros puntos del país.

El tablero se traslada a Madrid

El tablero se traslada a MadridLa cuestión se mantiene abierta y el Sancho Ramírez se resiste a morir. Los actores han cambiado. El socialista Luis Felipe es el alcalde de la ciudad en lugar de la popular Ana Alós y aboga porque el cuartel, como propiedad de Defensa, se pueda dedicar a otros usos militares y acoger nuevas unidades. Felipe lleva meses esperando que Cospedal responda la carta que le envió el año pasado planteando la situación y a mantener un encuentro en Madrid, para lo que no se cuenta aún con una fecha pese a la promesa de la ministra.

Fuentes del Ayuntamiento se muestran “dolidas” con la actitud de Alós, quien durante su mandato, entre 2011 y 2015, enarboló la causa del cuartel en contra de los pareceres de su partido. Ahora, como diputada en el Congreso, se sumó al voto en contra de la proposición no de ley defendida por Gonzalo Palacín, del PSOE. “Alós tampoco ha facilitado la entrevista entre Cospedal y el alcalde”, manifiestan estas mismas fuentes. Desde el PP se sigue defendiendo la actuación a nivel local, desarrollada al tiempo que Luisa Fernanda Rudi presidía el Gobierno de Aragón con mayoría absoluta.

Pugnando por mantener encendida la llama del Sancho Ramírez en Madrid figura la senadora socialista Begoña Nasarre, quien además pertenece a la Comisión de Defensa y, por tanto, mantiene encuentros regulares con Cospedal y el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. “Si estoy en el Senado es por defender el cuartel. Y no me voy a rendir”, asegura Nasarre.

Las dos últimas elecciones generales y la aprobación de los Presupuestos han ralentizado el avance de una cuestión que quiere ponerse sobre la mesa “lo antes posible”. Los afectados canalizaron sus reivindicaciones a través de la plataforma que presidió Patricia Novo y que emprendió numerosas acciones durante estos dos años. La tesis a la que se abrazan las fuerzas favorables a la ‘reapertura’ del acuartelamiento es la de vertebración de un territorio víctima de la despoblación.