Álvaro Sanz (IU): “Azcón no tiene plan: el plan lo diseña el libre mercado. Y eso Aragón, tierra de sacrificio, lo pagará”
Cuando se cumplen dos años de Gobierno de Jorge Azcón en Aragón, el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, Álvaro Sanz, valora las políticas del PP −primero en coalición con Vox, después en solitario− y afronta otras cuestiones complicadas, como la proliferación de renovables, la división de la izquierda o la regulación de los ríos.
¿Qué balance hace de los dos años de Gobierno de Azcón?
He revisado las leyes que se han aprobado, que es la forma como se concreta qué está haciendo el Gobierno, y el balance es terrible. Tanto en la etapa actual como en la anterior, en coalición con Vox. Ha sido un tiempo destructivo, centrado en desmantelar derechos y cuestiones básicas: la protección de la agricultura social y familiar, la deuda que tenemos con las víctima de la sublevación franquista y en la posterior dictadura, la custodia compartida o las bajadas de impuestos. Poca cosa más ha hecho este gobierno.
Entonces, más que lo que han construido, desde su punto de vista es lo destruido.
Ahora tenemos tres leyes abiertas, la más importante la Ley de Vivienda por su trascendencia e implicaciones. Dudamos mucho de que el PP quiera abordar ese debate desde una perspectiva social. De entrada, es insumiso con una ley estatal que pone en el foco la vivienda como derecho y no solo como propiedad. El Gobierno de Aragón ya ha dicho que no quiere tocar las zonas tensionadas. El fin de semana conocíamos que van a lanzar pisos de alquiler por 900 euros al mes: yo no sé en qué mundo viven. El PP, con Vox primero y sin Vox después, tiene una agenda centrada en la propaganda centrada y en utilizar al Gobierno de Aragón como ariete contra el Gobierno central, y eso para tapar una incapacidad manifiesta para avanzar en los retos pendientes de Aragón: la transición ecológica, la economía o la igualdad a todos los niveles. Es un balance de confrontación, de bronca, de desprecio a las Cortes y de desacato a lo que supone el Parlamento.
Vox ya no forma parte del Ejecutivo y ahora lo sufren menos ahí, pero más el resto de grupos en las Cortes: ¿mejor dentro o fuera de la institución?
Evidentemente, nosotros saludamos que saliese del ámbito del gobierno, pero siempre dijimos que la agenda del PP estaba supeditada a la agenda ultra. Y también que al PP no le hace falta Vox para determinadas cuestiones.
La reforma de la ley de agricultura familiar se aprobó ya sin Vox en el Gobierno.
Y van a seguir dependiendo de ellos para cuestiones básicas como los presupuestos. En temas como vivienda, el PP tiene una hoja de ruta y un programa político muy conservador y neoliberal. Hasta en donde había consensos han conseguido romper la hoja de ruta: son rehenes de su propia incapacidad y de sus potenciales socios.
El último requisito de Vox para aprobar el presupuesto es limpiar el cauce de los ríos.
Bueno, ha sido siempre un requisito en la agenda de Vox. Consideran que se puede intervenir en los cauces de los ríos enladrillándolos, haciendo presas y pantanos en todos los lugares donde nace un barranco. [El portavoz de Vox Alejandro] Nolasco dijo una cosa divertida, si no fuera porque es un representante público: que las lluvias torrenciales van a ser más recurrentes porque no hay pantanos. La ultraderecha está a un paso del terraplanismo. La extrema derecha es insaciable, y cuando no la combates, cuando no pones pie en pared, das oxígeno a los fundamentos más reaccionarios.
Un apunte: ¿no cree que nos estamos pasando de politizar todos los ámbitos? ¿También los pantanos son de izquierdas o de derechas?
La regulación de los ríos es necesaria en cierto modo, pero también hay una nueva realidad: debe incorporar la sostenibilidad. Valorar, por ejemplo, si es posible incrementar la superficie de regadío en el actual ciclo climático. Hay que hablar con claridad de escasez del recursos básicos y, a partir de ahí, priorizar. El debate no es tanto incrementar los consumos sino en decrecer en consumo: replantearnos un modelo productivo que nos está abocando una depredación permanente. Si no protegemos determinados usos en un momento de escasez, la priorización se va a convertir en un capítulo más de la ley de la selva.
Debemos cuidar el planeta, adaptarnos a la realidad climática y entender que la escasez ha venido para quedarse, aquilatar los consumos a esa escasez y priorizar qué modelo queremos que sobreviva. La agricultura social y familiar, por ejemplo: apostamos por defender a nuestro agricultor, el que vive en los pueblos, cuida los ganados y mantiene el territorio, pero que lo hace con sus manos, que vertebra; y eso frente a la penetración de la agroindustria, a esa urbanización del campo que estamos viviendo. Y sobre todo frente a nuevos desarrollos industriales que tienen el agua en el punto de mira, como los centros de datos. Cuestiones como por qué los pueblos se han construido en zonas inundables. Si no hablamos de todo eso, hablar de regulación está de más. Pensar que podemos gestionar o no una catástrofe de lluvias torrenciales solo mediante presas y pantanos es absurdo.
¿Puede Aragón estar un año más sin presupuestos? Con el tobogán de Panticosa, por ejemplo, el Gobierno se ve obligado a dar una subvención directa justificada en el supuesto interés general de la obra.
Ese es el problema. Poder, pueden; ahora, políticamente es un despropósito. Cinco decretos leyes llevamos ya en 2025. Y están exprimiendo hasta límites insospechados la arbitrariedad en cuestiones de dudoso interés general, como el tobogán de Panticosa. Nosotros presentamos por ejemplo una iniciativa para delimitar las condiciones en que se otorga esa declaración de interés general y no quieren hablar de eso; ellos mismo reconocen que están haciendo un uso torticero de esa figura. No pueden poner alfombra roja permanente a cualquier iniciativa de corte privado sin valorar sus implicaciones sociales. O generando incluso una alteración en el marco de la competencia con otras empresas. Es lo que está pasando con la nieve, que no tiene nombre.
Usted lo pinta todo muy negro, pero el presidente Azcón presume de la llegada de miles de millones de euros en inversiones privadas a Aragón.
Es que el ciclo económico del país -como país- nos sitúa ahora mismo como una isla, gracias precisamente a esas políticas que en buena medida el Gobierno del PP aquí en Aragón ataca, iniciativas de corte nacional. Las macrocifras mejoran. Además, ante todo lo que dice Azcón hay que tener cautela: habla de inversiones multimillonarias sin ninguna concreción y, ojo, sin retorno hacia lo público: parece que nos vienen a regalar los millones, cuando lo que hacen es aprovecharse de ventajas fiscales, de suelos baratos y de incentivos. Además de ser una agencia de recepción de intereses privados, pedimos a Azcón que haga política, que haga leyes, que intervenga; para eso está, no solo para decirle a las empresas que tienen la puerta de su despacho abierta. Hablamos de lo que están haciendo para desmantelar lo público. En materia sanitaria, poner el sistema a los pies de los caballos de lo privado, lo que se traduce en un incremento de la privatización. En materia educativa, con el decreto de escolarización, profundizar en la política de guetos y facilitar que la empresa privada siga creciendo en un contexto de descenso demográfico. Lo vemos en derechos sociales, que confunden con el asistencialismo y con mensajes reaccionarios, casi de racismo institucional. Y la última ocurrencia es el hub militar. Azcón no tiene plan: el plan lo diseña el libre mercado a pasos agigantados. Y eso Aragón, que es tierra de sacrificio, lo pagará caro.
¿Es el de los impuestos un debate perdido para la izquierda?
Yo creo que es una cuestión de pedagogía. Y hay que recordar que, cuando la izquierda teórica ha gobernado en los años previos [del socialista Javier Lambán], ha cometido el error profundo de comprar ese marco de pensamiento. Los impuestos son fundamentales, pero hay que valorar cómo: nosotros hablamos de subir a quien más tiene, de una política fiscal progresiva. Ahora en Aragón solo el impuesto de sucesiones y donaciones acumula más de 350 millones de euros en bonificaciones al año; es decir, cada año perdonamos esa cantidad solo por ese impuesto. El déficit estructural de la comunidad autónoma año a año, según la Cámara de Cuentas, entre lo que ingresa y lo que gasta, es de entre 250 y 400 o 500 millones. Y no solo eso: los propios inspectores de Hacienda dijeron la legislatura pasada que tenemos margen para incrementar entre 100 y 150 millones de recaudación de forma justa y progresiva. Ahora está en boga el debate del modelo de financiación de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Y nos quejamos mucho por los pactos con otras comunidades. Nosotros siempre hemos exigido que, antes de mirar afuera, veamos qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestra capacidad para corregir desigualdades. Y en ese sentido el PSOE ha sido un gran precursor en Aragón de bajar impuestos que poco tienen que ver con lo que necesita la sociedad. Espero que eso cambie a partir de ahora.
El problema es identificar delincuencia con migración, e identificar solución con deportación: primero inventan un problema y luego una solución
El presidente afirmó sin ambages en una reciente entrevista que el inmigrante que cometa un delito tiene que ser deportado.
Es un elemento dentro de ese racismo institucional que acompaña a las posiciones reaccionarias de este país. El problema es identificar delincuencia con migración, e identificar solución con deportación: primero inventan un problema y luego una solución. Y al mirar los datos es lo de siempre: no hay nada objetivamente que se corresponda con ese relato de alarmismo. Lo que no puede hacer el PP es alimentar ese odio con declaraciones como las de Azcón o las que hizo la consejera Susín sobre los menores migrantes.
¿Hay que poner coto a las renovables?
Hay que ordenar la renovables. Son una realidad necesaria para garantizar una transición energética, pero sobre todo en el marco de un nuevo modelo productivo que nos lleve a reflexionar sobre la lógica del consumo. Lo que no podemos es entender que esa transición ecológica o energética del modelo productivo se base única y exclusivamente en una sustitución tecnológica; es decir, lo que antes producíamos con fuentes de energía fósil ahora con renovables. Antes de continuar hay que planificar cómo se desarrollan esas renovables.
Porque ¿se puede estar a favor de limitar las renovables, ir contra los combustibles fósiles, rechazar la energía nuclear y al mismo tiempo pretender el desarrollo social?
Hablamos de poner pie en pared al desarrollo especulativo, de procesos económicos que revierten poco en empleo y en el territorio en el que se instalan y que, gastando muchos recursos, generan muchos beneficios a quienes los impulsan. No somos contrarios a las energías renovables; al revés. Pero sí a que se desarrollen sin control ni criterios de sostenibilidad sobre territorios que deberían ser protegidos, sectores económicos que han permitido la pervivencia de las comunidades locales, y sin revertir nada en el territorio. ¿Queremos un modelo extractivo en el que lo único que ponga Aragón sea el territorio y los recursos naturales, a disposición de unos intereses económicos trasnacionales muy concretos, especulativos o tecnológicos?
En Aragón, IU es el único partido al que las encuestas dan una subida. ¿Por qué cree que es?
La propuesta de IU es nítida, concreta, coherente y reconocible a lo largo del tiempo. Somos de fiar, planteamos una tierra firme, que puede gustar más o menos, pero que no engaña. A partir de ahí, la izquierda necesita hacer una propuesta sólida, contundente, unitaria, que recoja toda el universo de votantes progresistas que, no queriendo votar al PSOE, necesitan de una opción política clara en su definición. Y en eso intentamos trabajar. Queremos construir un espacio unitario que nos permita golpear juntos y plantear una opción concreta en lo ideológico, nítida en lo programático y útil no en lo social.
¿Cómo ve los problemas en la transición del PSOE aragonés?
Todos los procesos internos de las formaciones políticas implican periodos de reajuste, más aún cuando suponen cambios profundos ante liderazgos sólidos. Izquierda Unida respeta esos procesos. Lo que sí esperamos es que haya una sincronía más ajustada con las propuestas políticas de corte federal que se están lanzando desde el gobierno de coalición, en el que Izquierda Unida participa. Porque ha habido unos años en los que eso aquí no se ha producido.
¿Es más de una izquierda pura sin capacidad de llegar al gobierno o de una izquierda que acepte concesiones pero al frente de las instituciones?
Nosotros siempre nos presentamos a las elecciones para gobernar. Ahora, lo que siempre hemos tenido muy claro es que Izquierda Unida está para gobernar, no para ser gobernada. Aquí falta cultura democrática, a pesar de tener experiencia en coaliciones, porque se ha entendido siempre el gobierno como una cuestión de ranchitos personales: tú tienes esta parte, yo esta otra. Esas fórmulas están agotadas y consideramos que hay que implementar nuevas fórmulas de gobernanza de las coaliciones, en las que nos sintamos todos y todas cómodos.
Siempre hemos tenido muy claro es que Izquierda Unida está para gobernar, no para ser gobernada
La unidad de la izquierda ¿se ha convertido en un mito?
Hay mucha liturgia en torno a la unidad: en sí mismo es un fetiche. Lo que tiene que haber es una voluntad clara de unidad en torno a una serie de propuestas concretas. Y sobre todo lealtad. En 2019 había dos actores, uno las candidaturas de confluencia y otro CHA, que no quiso participar. Y en 2023 tenemos como ejemplo lo que sucedió en Huesca capital, con hasta cuatro ofertas: Chunta, Podemos, Equo e Izquierda Unida. De todas maneras, agua pasada mueve los molinos justos. La experiencia tiene que hacernos reflexionar y replantearnos las cosas con lealtad y honestidad hacia lo que representamos, que no son nuestras siglas sino el interés de la clase trabajadora aragonesa.
¿Cómo compagina un internacionalista declarado su relación con los nacionalismos?
Es complicado. Nosotros entendemos que hay quien siente que Aragón es su país, y yo entiendo perfectamente ese sentimiento. Es una cultura política que en su día representaron Vicente Cazcarra o Emilio Lacambra, aragoneses y aragoneses que recuperaban las esencias del aragesismo de las Platajuntas predemocráticas. Ahora bien, yo creo que corren tiempos en los que el no tener una dimensión internacional de clase, con un proyecto concreto, el no tener respuestas incluso ante cuestiones lacerantes en términos de derechos humanos como el genocicio en Gaza… Vemos cómo incluso las arquitecturas internacionales, la multilateralidad, la ONU o los tribunales penales internacionales se están desmoronando. Yo entiendo que la gente busca refugios que aporten cierta seguridad, en territorios cercanos; hay una dimensión de necesidad de certidumbre. Y España es un país muy diverso. Yo siempre he pensado que no explotan los pueblos, sino que explotan las clases. Y, desde esa perspectiva, el internacionalismo político radica en ser capaz de encontrar los puntos de conexión entre los que tienen diferentes sentimientos nacionales, para situar elementos transformadores que favorezcan el desarrollo de las comunidades políticas de unos y de otros por igual.
Pero volviendo a lo concreto: ¿cómo compagina su planteamiento con el de Junts, que se olvida de las clases y se centra en los pueblos?
Bueno, Junts es un partido de derechas. España tiene un problema la definición de país: cuando unos hablamos de la plurinacionalidad del Estado, otros hablan de una España grande y libre. IU tiene una propuesta que daría respuesta a todos los problemas existentes, que es avanzar hacia un proceso federalizante. Entre tanto tenemos la obligación de entendernos, y allí es donde IU nunca va a negar la identidad del otro, que es donde radica el gran problema que tenemos la derecha en España: que no acaba de entender cuestiones de marco territorial, que hay una realidad innegable que ahora mismo están ninguneando
A los políticos se les reprocha en la actualidad falta de trabajo. Usted, que lleva siendo el único diputado de Izquierda Unida, puede hablar con conocimiento de causa: ¿trabaja lo mismo un diputado solo que uno en un grupo con veinte o treinta representantes?
Es evidente que no (se ríe). Tu equipo y tú tenéis que prepararlo todo, sobre todos los temas, mientras que los grupos grandes se reparten el trabajo.
¿En la oposición hay riesgo de acomodarse?
Sí. Y es un riesgo del que hemos huido siempre. Cada enmienda legislativa que hace IU intentamos cargarla de todo el rigor. A pesar de que sabemos que muchas veces es trabajo baldío. Pero para la construcción de un país alternativo, para estar preparados para gobernar, tienes necesariamente que tener una propuesta concreta en todo. Buscamos un proyecto político sólido y eso es lo que intentamos con los medios que tenemos. Sí, se corre el riesgo de ser efectistas, de pensar que, total, esto no va a servir para nada. Pero caer en esa trampa es caer en el apoliticismo al que muchos nos quieren llevar. Ahora mismo hay una pauperización de la política que daña mucho al propio ejercicio político. En IU somos muy conscientes de ese riesgo e intentamos no caer en él.
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