Las 257 viviendas sociales de La Remonta se ajustan al planeamiento urbanístico vigente en Santander

Las 257 viviendas sociales que el Gobierno de España contempla construir en la finca santanderina de La Remonta, en suelos que actualmente pertenecen al Ministerio de Defensa, se ajustan a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico vigente en la ciudad, que data de 1997, aunque no colma la disponibilidad del suelo ya que se podría construir otro 10% de vivienda más.

Anulado por la justicia el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, la capital cántabra tiene en el documento de 1997 su principal marco normativo por el que se rige el desarrollo de la ciudad. La ficha A-11 de este plan establece que la finca puede albergar un máximo de 287 viviendas, por lo que el anuncio de Pedro Sánchez de un Plan de Viviendas Sociales aplicado a Santander no colma la disponibilidad sino que reduce un 10% sobre el total posible en la finca. La ficha prevé la construcción de dos tipos de edificaciones de cinco y tres alturas.

Así lo ha valorado el candidato socialista a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández, para quien el plan del PSOE para la finca de La Remonta cumple “estrictamente” con el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, con el mínimo número de viviendas posible (257), lo que encaja “perfectamente” en el Modelo de Ciudad elaborado durante esta legislatura y, a su juicio, “respeta un gran pulmón verde en la ciudad”.

El Modelo de Ciudad al que hace referencia Fernández es el que ha promocionado la Concejalía de Urbanismo liderada por Javier Ceruti (Ciudadanos) a lo largo de la legislatura y que servirá de base para la redacción final del nuevo Plan General, si el futuro equipo de gobierno no lo impide la próxima legislatura. Según dicho Modelo, la previsión de 257 viviendas no solo se ajusta sino que lo hace en una proporción mucho más reducida, ya que el Modelo elaborado por dos estudios de arquitectura, urbanismo y paisaje proponen hasta 1.300 viviendas nuevas en la zona.

El Plan de Barrio para Campogiro, Cajo y La Remonta, que se incluye en el Modelo de Ciudad, contempla hasta 2.403 viviendas potenciales (1.300 viviendas nuevas), prácticamente duplicando la densidad humana de la zona (de los 45 habitantes por hectárea actuales a 87). Las zonas verdes potenciales se cifran en 91.617 metros cuadrados.

“La construcción de vivienda es compatible con el mantenimiento de la finca de 300.000 metros cuadrados y su potenciación como 'pulmón verde' de la ciudad”, insisten desde el PSOE. Como ejemplo, señalan que el proyecto de construcción de 250 viviendas públicas para alquiler asequible que impulsa el Gobierno de Cantabria en el Campón de Peñacastillo ocupa una superficie de 22.000 metros cuadrados y tendrá un 30% de zonas verdes.

Actualmente los partidos son cautos a la hora de anunciar la construcción de vivienda en la finca. Pero no siempre fue así. De hecho, la anulación del PGOU de 2012 echó por tierra el Plan Parcial SUP-11 aprobado por el pleno en 2015, durante la gestión de Íñigo de la Serna (PP), el cual preveía la construcción de 1.300 viviendas de hasta 10 alturas (nueve más el bajo) en la calle de Campogiro.

“Este nuevo escenario para La Remonta es una gran oportunidad de crear un gran pulmón verde, uno de los mejores parques urbanos de Europa, y además es una solución al principal problema de Santander que es la escasez de viviendas en alquiler, con 400 en toda la ciudad y a precios desorbitados, y como consecuencia de ello a contener la sangría de población de casi 24.000 habitantes en las últimas décadas”, ha valorado el candidato socialista.

Un hecho significativo es que desde que hay existencia de un plan, los negociadores para la venta de la finca han cambiado. Si hasta hace unos días era algo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Santander exclusivamente, ahora intervendrá el SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) con mandato expreso del Gobierno de España para hacer un gran parque público de vivienda.

El SEPES ha comprado terrenos del Ministerio de Defensa por 600 millones de euros, lo que implícitamente supone que ni entre organismos del Estado hay cesión gratuita, como demanda el PP para el caso de La Remonta.