El Ayuntamiento destina a alquiler social las 12 VPO reservadas para los expropiados de Prado San Roque
Las 12 VPO (Viviendas de Protección Oficial) de General Dávila que permanecían vacías pasarán a formar parte, de forma temporal, del parque extraordinario de vivienda social habilitado por el Ayuntamiento de Santander -a propuesta del Grupo Socialista- para facilitar el acceso a una vivienda a las familias en dificultades económicas. Así lo ha acordado esta semana, por unanimidad de todos los grupos, el Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda Municipal (SVS).
La promoción de VPO de General Dávila consta de 60 viviendas, de las cuales 48 fueron adjudicadas por sorteo en enero de 2014 y entregadas a sus propietarios el pasado mes de julio. Tal y como había adelantado eldiario.es Cantabria, las 12 viviendas restantes permanecían vacías, ya que habían sido reservadas por el Consistorio santanderino para realojar a los vecinos afectados de Prado San Roque.
Sobre este barrio, el Plan General de Ordenación Urbana proyecta construir un nuevo edificio de 56 viviendas, para lo cual es necesario demoler varios inmuebles en los que viven cerca de una cuarentena de personas, que serían expropiados. El Ayuntamiento planteaba realojar a parte de ellos en esta promoción de VPO a cambio de que abonaran 70.000 euros, un planteamiento que los afectados ya habían rechazado.
Ante la movilización de los vecinos, el Ayuntamiento, que durante meses ha negado cualquier actuación urbana en la zona, habla ahora de que “no es prioritaria”, según ha manifestado este martes el alcalde, Íñigo de la Serna. “Como ese proyecto no es ahora una prioridad, se ha optado por destinar esos pisos al alquiler social, para lo cual, era necesaria la cesión previa por parte de la SVS al Ayuntamiento”, ha señalado el regidor municipal en un comunicado.
Estos doce inmuebles se suman así a los cinco adjudicados ya en régimen de alquiler social a otras tantas familias de la ciudad. Se trata de una propuesta planteada por el PSOE durante la pasada legislatura -fue aprobada en mazo de 2014- y que el Consistorio ha tardado más de un año en poner a disposición de los santanderinos. En este tiempo se ha elaborado la ordenanza que regula los criterios de acceso y adjudicación de las viviendas, a las que recientemente se han apuntado como demandantes 115 personas.
El alquiler social es una medida de apoyo, destinada a las familias que atraviesan dificultades económicas, tanto a matrimonios como a familias monoparentales, que tengan hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente, a su cargo. El reglamento establece que podrán acceder a estas viviendas familias en las que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen en dos veces el indicador del IPREM, cuyo valor para el año 2015 se sitúa en 14.910 euros.
Río de la Pila
Otros de los vecinos afectados por una reforma urbanística recogida en el Plan General de Santander, los de El Pilón, han confirmado este martes lo que ya sospechaban: la reforma de la Ley del Suelo no llegará a tiempo para garantizar su realojo, según ha confirmado la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.
Aún así, para los afectados esta cuestión no era prioritaria, ya que su principal objetivo es evitar que sean derribadas la veintena de viviendas que una promotora -propietaria del 60% de los terrenos- pretende llevarse por delante para construir dos nuevos bloques con 70 viviendas cada uno. El Ayuntamiento acaba de conceder tres meses a los vecinos para que planteen alternativas.
