Extorsión aérea

Las dos últimas décadas del aeropuerto de Santander pueden considerarse una historia de éxito, si nos atenemos únicamente a los números. Es un hecho contrastable que en 2003 era prácticamente una infraestructura sin futuro. Tenía entonces apenas 250.000 pasajeros anuales y tan solo dos conexiones aéreas con Madrid y Barcelona que ni siquiera eran diarias, mientras que en 2023 el aeródromo superó su récord histórico de usuarios, alcanzando 1,25 millones de pasajeros, con media docena de aerolíneas operando vuelos y cerca de una treintena de conexiones aéreas nacionales e internacionales con una decena de capitales europeas. Un crecimiento exponencial que, no podemos obviar, está íntimamente ligado a la llegada de Ryanair a Cantabria en 2004, que supuso una auténtica revolución, ya que cerca de la mitad del tráfico aéreo del rebautizado Seve Ballesteros está vinculado a la actividad de la compañía irlandesa.

Miles de cántabras y cántabros —entre los que me incluyo— hemos conocido a lo largo de los últimos años ciudades como Roma, París, Londres, Bruselas, Berlín, Viena, Lisboa, Dublín, Edimburgo o Venecia, por poner algunos ejemplos, gracias a los vuelos de 'bajo coste' y a las conexiones aéreas disponibles directamente desde Santander. Lo que no hemos sabido nunca, y quizás tampoco lo sepamos ya, es cuánto nos han costado realmente esos supuestos billetes baratos, regados siempre por millones de euros de dinero público escondidos en contratos más que dudosos y bajo leoninas cláusulas de confidencialidad que rozaban la ilegalidad y acababan con la competencia. El año pasado, sin ir más lejos, el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Cantur, aprobó un pago cercano a los 18 millones de euros para Ryanair con el objetivo de “promocionar la comunidad autónoma como destino turístico durante los próximos cuatro años”. La adjudicación de este lote publicitario tuvo como único destinatario a la compañía irlandesa, aunque se tramitó a través de un concurso público.

“La insolencia y la desinhibición de las exigencias públicas de Ryanair a los gobiernos democráticos en los países en los que opera con sus aviones, para obtener ventajas económicas, revelan dos características muy arraigadas y poco edificantes de esta aerolínea. La primera es que Ryanair tiene una inquietante concepción plutocrática del sistema político, es decir, atemoriza a la opinión pública con la retirada de sus aviones, reclama la dimisión de ministros de media Europa y de la presidenta de la Comisión Europea, se burla de los políticos elegidos democráticamente y pide el cambio de leyes a su favor porque considera que la toma de decisiones de los gobiernos debe doblegarse a los intereses de las empresas con mayor poder económico, como Ryanair, en vez de proteger el interés general. La segunda característica es una política de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair en permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad”.

Quien se ha pronunciado así de contundente es Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de la empresa pública AENA, en un insólito y durísimo comunicado que recomiendo leer completo, con el que reaccionó al anuncio de la compañía irlandesa de reducir drásticamente sus vuelos en España durante los próximos meses, y que en el caso del aeropuerto de Santander supondría un recorte del 38% tras la eliminación de las conexiones aéreas con ciudades europeas como Roma, París, Viena o Milán. En este texto de aclaración por parte del máximo responsable de AENA, que apenas ha tenido repercusión si lo comparamos con el eco de las amenazas de Ryanair, se desmontan muchos de los bulos y mentiras que sostienen este permanente chantaje de la aerolínea, abonada siempre a la extorsión pública y a las presiones económicas para sacar tajada.

Unas amenazas que los actuales responsables políticos del PP en el Gobierno de Cantabria han asumido con naturalidad y cobardía, poniéndose de inmediato del lado de la compañía y utilizando una vez más como ariete esta circunstancia para culpar de todos sus males —incluida su pésima gestión del dinero público— al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez. En vez de exigir a Ryanair el cumplimiento íntegro de los contratos firmados, su responsabilidad en el mantenimiento de rutas o buscar alternativas que pongan fin a la extorsión aérea a la que nos somete continuamente la compañía irlandesa, el Partido Popular ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias que no son más que fuegos de artificio, y la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha confirmado que intentará “renegociar” con Ryanair, lo que viene a ser lo mismo que colaborar dócilmente en la estrategia empresarial de una empresa privada que busca simplemente maximizar sus beneficios.