Familiares y amigos del PP, los más listos de la clase

El proceso seguido por el Ayuntamiento de Laredo para la contratación de 92 personas ha ocasionado un auténtico 'polvorín' en este municipio cántabro de 12.000 habitantes. Especialmente, por el resultado de las 46 plazas convocadas para trabajar como peón. 18 personas “allegadas” al equipo de Gobierno del Partido Popular han obtenido la máxima puntuación en el examen tipo test que ha sido empleado como método para seleccionar a los agraciados, lo que ha despertado las “sospechas” de muchos vecinos, que se han organizado en una plataforma.

Unas 350 personas se han concentrado este viernes a las puertas del consistorio para exigir la suspensión cautelar de las contrataciones, así como para pedir explicaciones al alcalde, Ángel Vega (PP). Entre gritos de “da la cara”, una portavoz de los afectados ha leído un manifiesto en el que reclaman una reunión con el regidor. Igualmente, demandan que el secretario municipal garantice que se ha respetado la “cadena de custodia” de los exámenes. 

Entre esas personas “allegadas” al PP que han obtenido un diez en el examen figuran el hermano y el primo de la concejala de Festejos, Laura Recio; dos sobrinos y dos primos de los sobrinos del primer teniente de alcalde, Ramón Arenas, y el hijo de la la concejala de Empleo, Margalena Gómez, según explica a este diario el concejal de IU en el municipio, Alejandro Abad.

El escándalo también salpica a funcionarios del Ayuntamiento, a los que igualmente se acusa de haber “metido” a familiares entre los elegidos para trabajar durante un periodo de seis meses. 

Pero esta no es la única causa que ha provocado la “indignación” de los vecinos, ya que el Ayuntamiento ha permitido participar en el proceso de selección a personas que ya se encontraban trabajando, para más inri para el propio Ayuntamiento, que hace cerca de seis meses había realizado un proceso similar.

La posibilidad de consentir que estas personas se “reenganchen” por otro medio año “supone una injusticia para otros ciudadanos a los que se les priva del derecho al trabajo bien repartido”, denuncian desde la plataforma. 

El edil de IU, que ha participado en el acto de protesta, ha argumentado que las bases de la convocatoria han sido “un desastre desde el inicio”. Así, por ejemplo, ha señalado que para las plazas de peones no se ha exigido la TPC, la conocida como 'tarjeta azul' que acredita experiencia en el sector de la construcción.

Esto ha supuesto que muchos de los seleccionados tengan una alta cualificación pero que “no han visto una paleta en su vida”. Sin embargo, personas que abandonaron los estudios muy jóvenes y que han trabajado durante años en la construcción no han podido inscribirse porque no tienen el Graduado Escolar, ha lamentado Abad.

En una línea similar se ha manifestado Albert Rivadeneira, miembro de Podemos, quien cuestiona que en la selección de los 46 peones “no se ha tenido en cuenta ni la vida laboral ni la situación social ni ningún otro tipo de condicionante”. En este sentido, Rivadeneira ha explicado que el mayor conflicto se ha producido con los puestos de peones porque son las plazas en la que menos titulación de estudios se exigía y, por lo tanto, a las que podía optar una gran mayoría de la población.

Desde las filas de PRC y PSOE, Pedro Diego Hoyo y Juan Ramón López Revuelta, respectivamente, también muestran su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma, que, además de organizar la concentración, ha comenzado a recoger firmas para pedir la impugnación de los exámenes y para que el Ayuntamiento vuelva a repetir el proceso de selección. 

Impecable gestión

Por su parte, el equipo de Gobierno de Laredo, a través de un comunicado, ha defendido la “impecable gestión” del proceso. El portavoz, Ramón Arenas, ha enmarcado las acusaciones en el “contexto electoral” y ha advertido que “no se puede acusar sin pruebas”.

“Si alguien las tiene, que acuda a los tribunales de esas oposiciones y lo denuncie. Nosotros estamos totalmente en contra de las irregularidades y vamos a perseguir cualquier tipo de chanchullos. Pero necesitamos pruebas, no meras insinuaciones”, ha manifestado.    

La convocatoria de estas 92 plazas de empleo público en el Ayuntamiento de Laredo responde a una subvención concedida por el Gobierno de Cantabria, que ha 'repartido' 28 millones de euros entre todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma para que en total contraten cerca de 4.000 personas por un periodo de seis meses. Así, las suspicacias por los criterios de selección y las protestas de los aspirantes han llegado a ayuntamientos de distinto signo político.