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Manual para anular condenas franquistas: “La Justicia participó del crimen y debe participar también en su reparación”

De izquierda a derecha: Roberto Ruisánchez, Dolores Delgado, Jesús Arteaga y Carlos Yáñez.

Olga Agüero

Santander —

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Dolores Delgado entró en el salón de actos de CASYC en Santander con Baltasar Garzón, el juez que enarboló el lápiz de la justicia para intentar abrir la causa de los crímenes del franquismo, en el papel secundario de acompañante. La exministra y actual fiscal de Derechos Humanos y Memoria tomó asiento en una mesa que ha despertado expectación en Santander. Tres fiscales explicando a los ciudadanos, en un acto público, cómo pueden solicitar que borren las condenas que impuso la dictadura de Franco a sus familiares. Organizado por el colectivo Desmemoriados, su portavoz, Roberto Ruisánchez, confesó que no están acostumbrados a ser reconocidos y escuchados.

Durante muchos años las víctimas han llevado el protagonismo de la búsqueda de la verdad, de sus desaparecidos y de la búsqueda de la justicia “y durante muchos años no se ha encontrado nada, ni una respuesta, desde el estado ni las instituciones”, explicó Dolores Delgado.

El relevo al frente de la Fiscalia Superior de Cantabria ha precipitado un aire nuevo con Jesús Arteaga y el nombramiento de su compañero Carlos Yáñez como fiscal de Memoria y Derechos Humanos de Cantabria que, después de años de inacción, ha exigido al Ayuntamiento de Santander que cumpla sus propios acuerdos y borre el nombre de 18 calles franquistas.

Caen los rótulos de la dictadura con muchas reticencias públicas por parte de la alcaldesa, altamente preocupada por las molestias burocráticas que les pueda suponer a sus vecinos.

Pero la misión de Yáñez va más allá. Su aterrizaje está siendo un bálsamo reparador para las cicatrices de las víctimas de la dictadura que -insiste reiteradamente en ello- tienen abierta la puerta de su despacho.

Recientemente, en el primer juicio de reparación de una condena franquista, el fiscal se pasó todo el tiempo confundiendo el nombre de pila de la víctima, Bernardo Incera, condenado a cadena perpetua, con el de su nieto. “Cuando terminó el juicio me dijo: yo no soy Bernardo, soy José Luis. Pero de aquí, para toda la vida, para ti, Carlos, soy Pepe”, contó.

El fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez (con chaqueta azul) junto a los participantes en la jornada sobre procedimientos de anulación de condenas franquistas.

Los olvidados

En el acto celebrado en la tarde de este jueves, cuando el fiscal se acercó al atril sonó una canción de Pedro Pastor y Rozalen que “expresa mucho de lo que hacemos en la Fiscalía”. Se escuchó en medio de un silencio solemne. Los olvidados. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos, dice la letra.

El estribillo fue abriendo la memoria, penetró con extraordinaria sensibilidad en las cicatrices. Las gargantas seguían mudas. Algunas lágrimas resbalaban despacio, como gotas de agua de lluvia en los cristales por los rostros emocionados. Fue como abrir el álbum de un pretérito amargo que aún palpita dentro, después de generaciones, y que exige justicia. Allí estaba el nieto de Bernardo Incera, la hija de otro condenado a muerte cuyo rastro no encuentra, la sobrina de un fusilado contra la tapia de un cementerio que busca reparar su asesinato y otras historias más íntimas que se quedaron dentro de las personas que asistieron a un acto que fue una especie de catársis, una reconciliación con la Justicia tantas veces negada y que aún cuesta tanto reparar en lo posible, en aquello hasta donde llega la Ley de Memoria Democrática.

Al acabar la canción siguió la melodía. Carlos Yáñez dijo que su letra habla de un régimen “asesino” que deshumanizó a las víctimas: “Les quitaron su identidad, les quitaron su existencia. Por tanto, la labor de hoy es humanizarlas, decir que la Fiscalía está cerca de ellas”.

“La Justicia participó del crimen y la justicia debe también participar en su reparación”, consideró, en la misma línea que Dolores Delgado que explicó que la propia Justicia “fue un elemento de represión que utilizó la dictadura franquista”.

“Hablamos de personas que retumban -como dice la canción- en nuestra memoria” -prosiguió- “esa es la palabra clave: retumban. La voz de los perseguidos, los deportados, las personas que jamás vieron correr a sus hijos”. Considera que las víctimas no han sido escuchadas y que cuando hablamos de ellas, en el presente, “son las que llevan esos sentimientos clavadas en el alma, esa son las gentes que vienen a la Fiscalía”. “Hablamos de personas y hechos, y hay una frase que últimamente martillea la cabeza del fiscal de la memoria: ”Si ocurrió, puede volver a ocurrir“, alertó.

Anulación de condenas franquistas

El fiscal habló de la necesidad de poder hablar de los abuelos sin que haya una mácula que diga que era un criminal, que nadie pueda cuestionar su honorabilidad, que no cometió delito que fue injustamente arrancado de su hogar y fusilado.

“Frente al olvido tenemos investigación, memoria y verdad para tener dignidad”, Yañez animó a visitar la Fiscalía, a presentar procedimientos de anulación de las condenas franquistas. “No vamos contra nadie, vamos siempre a favor”, aclaró.

Un proceso que consiste en acudir a un juez para que diga que ese hecho no se ajustó a la legalidad, que se negaron todos los derechos. Todos los asistentes recibieron al llegar un formulario creado en la fiscalía para facilitar el trámite. “Lo único que me interesa es que me molesten, que me molesten cuando quieran: les vamos a escuchar”, subrayó.

El fiscal habló de la necesidad de poder hablar de los abuelos sin que haya una mácula que diga que era un criminal, que nadie pueda cuestionar su honorabilidad

Todas las personas que tengan un derecho o un interés legítimo sobre alguna víctima de la dictadura pueden pedir que se anule su condena, cualquier familiar directo o indirecto. Basta con identificarla y relatar los hechos pasados que se quieren rectificar.

La Fiscalía también quiere que se explique las consecuencias lesivas que tuvieron los hechos sobre el entorno familiar porque, como explicó, sobre la familia de un fusilado caía un estigma. Se detuvo especialmente en hablar de las mujeres que quedaban exclusivamente a cargo de sus hijos sin ningún tipo de ayuda que se condenada al hambre y al ostracismo: “Esos hechos son en el entorno familiar y eso es muy importante porque actualiza la condición de víctima a las personas actualmente”. Añadió que las familias eran perseguidas por la propia sociedad, “unas veces por convicción y otras por miedo, que acaba haciendo barbaridades”.

Yáñez considera que es importante reseñar esas consecuencias, como las de familias que soportaron desplazamientos, hijas que han ido a pedir la libertad para su padre y han sido violadas, las periódicas visitas de la Guardia Civil a las casas de deportados para proporcionarlos algún tipo de tortura física o psíquica. Todo esto hay que contarlo. Por último, en el formulario también se requiere aportar la documentación que se tenga sobre el caso.

Yañez contó que hace poco llegó a la Fiscalía una persona que no había tenido nunca la partida de nacimiento de su familiar y lograron encontrarla. En otras ocasiones se han planteado la búsqueda de un cadáver y habló de las reticencias con las que a veces tropiezan a la hora de investigar, especialmente con alguna institución eclesiástica a la que ha habido que requerir tres veces hasta que contestan de forma casi displicente.

El impulso que el fiscal Carlos Yáñez está dando a la reparación de las víctimas de la dictadura es tan insólito en Cantabria que algunos asistentes, acostumbrados a los reproches sociales y la indiferencia, estaban mudos de emoción y agradecimiento.

Delgado: la primera ley de memoria, tímida e insuficiente

La fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, había iniciado el acto subrayando que España sufrió una dictadura de las más longevas de Europa y del mundo que fue especialmente cruel, represiva, y que sentó unas bases de silencio, olvido y desaparición de todos aquellos que podían significar una obstaculización a todo el régimen.

“Después de más de quinientos mil exiliados, después de todo eso, cuando alcanzamos la democracia tampoco llegó la verdad, ni la justicia porque hubo una infinita generosidad por las víctimas”, consideró. En su opinión, la Ley de memoria de 2007 fue necesaria aunque también “tímida” e “insuficiente” hasta el punto de que “a veces hasta pedía perdón y no hablaba de justicia”.

Durante muchos años se privó a la gente de la dignidad de haber defendido una democracia y se les hizo pasar vergüenza

Delgado calificó la memoria histórica como “la expresión de los derechos humanos” y opinó que la ley de 2022 proporciona la “justicia necesaria para devolver la verdad, la justicia y la dignidad a las víctimas” que han estado luchando solas.

“Durante muchos años se privó a la gente de la dignidad de haber defendido una democracia y se les hizo pasar vergüenza y sufrir injustamente física y mentalmente”. “La propia sociedad es una víctima directa de aquel golpe de estado, de aquella guerra injusta, de aquel exilio y de aquella represión para intentar consolidar la dictadura”, concluyó.

La exministra de Justicia considera necesaria “la convicción” de los 49 fiscales de la memoria que existen en España. Dijo que es importante que entiendan el espíritu de la Constitución y la letra de la Ley. La de la canción que inspira al fiscal de la memoria de Cantabria, que fue el hilo conductor de la jornada, es un himno emocional que clama justicia.

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