El Sindicato Médico acusa de “pasividad” al SESCAM ante las agresiones a facultativos

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha criticado lo que califica de “pasividad” del Servicio de Salud en la región (SESCAM) ante las agregisiones a facultativos y exige la “adopción inmediata de medidas que protejan eficazmente a los profesionales”.

El colectivo recuerda varios meses después de “la salvaje agresión” sufrida por un médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Camarena, el SESCAM sigue sin adoptar medidas eficaces que garanticen la integridad de sus profesionales y que se incumple así “un deber legal ineludible”. Y no solo eso, denuncian “una nueva agresión al equipo médico de guardia del Centro de Salud de Santa Olalla”, también en la provincia de Toledo.

Se traba, explican, de un centro con un largo historial de incidentes, y del que repetidamente se ha solicitado la adopción de medidas de seguridad que garantizasen la integridad de los trabajadores del mismo. Medidas que, en su opinión, pasan por la dotación de un vigilante de seguridad o de  la dotación de dos equipos de guardia.

Esta situación de violencia contra los facultativos, venía precedida la semana anterior, añaden, “por la retención forzada de una psiquiatra en su consulta por un paciente descontento. Casualmente en una Unidad con sumo peligro por tratarse de una consulta de conductas adictivas”. El sindicato muestra su sorpresa en este caso porque “anteriormente se retiró el vigilante de seguridad y no se repuso a pesar de la solicitud de la Junta de Personal”.

El CESM reitera sus propuestas relacionadas con la elaboración de un Plan de Prevención de agresiones y protocolos de actuación bien definidos, junto con la instauración “inmediata” de medidas eficaces porque, sostiene, “el SESCAM sigue sin proteger adecuadamente a sus profesionales”.

También apunta que sigue pendiente la convocatoria inmediata del Observatorio de la Violencia, “que tan urgentemente anunció el Gobierno regional ante la salvaje agresión al médico de Camarena hace meses”.

Además, ha hecho pública una lista de medidas que pasan por la incorporación de vigilantes de seguridad en los centros de salud “más conflictivos”, la instalación de botones de alarma en todas las consultas “para que el profesional en peligro pueda activar una respuesta inmediata de seguridad para su protección efectiva y eficaz”, un sistema de atención inmediata al profesional agredido que suponga su relevo del trabajo y la asistencia médica necesaria hasta su completa recuperación, la garantía absoluta de que su baja médica y su convalecencia no supondrán pérdida retributiva alguna hasta su total recuperación así como que se garantice que la reincorporación al trabajo no se producirá hasta la total y absoluta garantía de protección de su integridad.

Mientras el SESCAM valora la adopción de las medidas propuestas, este sindicato anuncia que ha puesto a disposición de su asesoría jurídica toda la documentación sobre agresiones a facultativos para valorar la reclamación de responsabilidades a la Administración regional.

El SESCAM rechaza las críticas de “pasividad”

Fuentes del SESCAM consultadas por eldiarioclm.es rechazan la postura de “pasividad” que les atribuye el sindicato y recuerdan que ya el viernes se anunciaba que el Gobierno regional se  personará como acusación particular en el caso de apertura de un procedimiento judicial tras el “deleznable suceso” en Santa Olalla, además de denunciar al presunto agresor por la vía penal por atentado a la autoridad

 

El Ejecutivo regional ofreció asesoramiento legal y el soporte jurídico y administrativo y recuerda que la región cuenta con el ‘Plan Perseo’, específico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en caso de agresiones, cuyo objetivo es actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de esta naturaleza, como los que desgraciadamente se produjeron la pasada noche en Santa Olalla (Toledo).

 

Asimismo, el Gobierno, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se encuentra en contacto permanente con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno, así como con la Gerencia del Área de Atención Integrada de Talavera de la Reina, para la que trabajan los facultativos agredidos, y con el Colegio de Médicos.