Vicente, 71 años y 370 euros de ingresos mensuales: el desahucio que puede parar un alquiler social

La vivienda abandonada en Fuentenovilla (Guadalajara) en la que vive Vicente, un jubilado de 71 años

Vicente tiene 71 años. Vive en Fuentenovilla, un municipio de poco más de 600 habitantes de Guadalajara. Ocupa una vivienda abandonada de la urbanización Monte Rebollo, cuya empresa gestora está pendiente de juicio por un presunto delito de estafa.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) rescató las deudas que la promotora de las viviendas tenía con varias entidades financieras e inició un proceso judicial para desahuciar a este jubilado, natural de un municipio minero en El Bierzo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha denunciado la situación personal de este jubilado que vive con unos ingresos de 370 euros al mes. Según explica la plataforma no tiene ingresos de otro tipo, ni vivienda, ni tampoco ayudas sociales.

En julio, el Juzgado de Instrucción nº3 de Guadalajara dictaba sentencia en la que le condenaba a 180 euros de multa a instancias de la SAREB por un delito leve de usurpación de vivienda y a desalojarla de inmediato. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial que todavía no se ha pronunciado.

“He bregado mucho desde la infancia”, explica a eldiarioclm.es. La mayor parte de su vida ha trabajado como autónomo y se define como “un industrial activo”, pero la “precariedad” ha sido uno de las constantes de una vida laboral que se truncó definitivamente en el año 2006, con la llegada de la crisis económica y con una edad ya avanzada.  

“Lo paso mal, pero toda la vida he sabido disfrutar el momento”, relata en su situación actual y a pesar de las muchas veces que, nos explica, ha tenido que dormir en el suelo.

Su historia reciente termina en el municipio de Fuentenovilla. Allí, en el año 2016 entró en una de las casas de Residencial Monte Rebollo, abandonada desde 2011, según los datos aportados por la PAH. “Entré a una casa en la que todo estaba roto, no había sido terminada, no tenía puertas ni baño…Puse unos maderos para bloquear, lo limpié y allí me metí”, cuenta Vicente.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara denuncian la situación del jubilado que, en caso de ratificarse la sentencia, se enfrentaría a la privación de libertad por cada día que no pudiera asumir la multa de 180 euros, la mitad de sus ingresos actuales.

 “Vicente no solo necesita una vivienda sino intervención social. Su estado físico es de debilidad además de tener una gran depresión”, señalan las mismas fuentes.

Reclaman a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria que dé marcha atrás y facilite un alquiler social acorde a la capacidad económica de este jubilado, "sobre todo teniendo en cuenta lo que es la SAREB, que cada vez funciona más como una empresa. Hablamos además de un parque de viviendas abandonadas y resulta muy grosero que se expulse a alguien de su casa cuando esto podría tener una solución mucho más eficaz y humana”.

Bastaría con formalizar un contrato de alquiler social, sostiene la Plataforma. “Ya hemos tenido casos de éxito similares. Si hay voluntad se puede hacer”.

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17 de septiembre de 2020 - 19:16 h

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