Cerrojazo a la mina de uranio en Salamanca: “La lucha ciudadana ha sido fundamental”

Este lunes, José Ramón Barrueco, uno de los impulsores de la plataforma Stop Uranio contra la mina de Retortillo en Salamanca, recibió la buena noticia mientras trabajaba en el campo. A mediodía, el Consejo de Seguridad Nuclear anunció que tumbaba el proyecto de la multinacional Berkeley después de una década de andadura. “Ha sido un verdadero descanso”, explica Barrueco por teléfono. A este vecino de Villavieja de Yeltes, el proyecto de la mina a cielo abierto le cambió la vida hace diez años.

En 2011 acudió a una charla en Boada, un municipio a seis kilómetros de Retortillo, en la que un extrabajador de Berkeley les explicaba en qué consistiría el proyecto. No solo era un “desastre” ambiental para la comarca, también había un objetivo especulativo, o así lo entendieron muchos vecinos. “Este técnico nos explicó que el mineral era de baja calidad, con lo que el interés de abrir la mina tenía más que ver con las posibilidades de enriquecerse en bolsa, que con lo que sacarían vendiendo el uranio, que era bastante escaso”, señala.

Barrueco comenzó a informarse y a moverse junto a otros vecinos de los pueblos vecinos y en 2013 crearon la Plataforma Stop Uranio. En este tiempo han organizado charlas, manifestaciones, se han reunido con consejeros, con representantes políticos y sindicales, y han acudido a las Cortes de Castilla y León e incluso al Parlamento Europeo. “Todo para intentar que nos dieran la razón”, como finalmente ha sucedido. El Consejo de Seguridad Nuclear llegó a denunciar presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la mina.

Por eso el camino no ha sido fácil y ha dividido a algunos pueblos e incluso a algunas familias. “La promesa de empleo y de riqueza es muy atrayente en estas zonas poco pobladas”, señala Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción. Y de eso se aprovechó la empresa, que contó con el favor de algunos ayuntamientos, después de que Berkeley firmase convenios con los consistorios llegando a dar anticipos como futuros cánones. “Daba igual el partido que fuese, pero en sitios como en Retortillo los concejales siempre han estado a favor”, explica.

La empresa también intentó recabar el apoyo de los vecinos, explican desde la asociación STOP Uranio. Ofreciendo contratos y con promesas de empleo estable para los ciudadanos de la zona. “Hay bastantes que decidieron empadronarse aquí”, señala Barrueco. Pero tras diez años de promesas y sin apenas movimiento en el terreno, la gente ha acabado cansándose. La ilusión acabó por volverse en escepticismo, lo que ha hecho que cada vez más vecinos dudasen del proyecto. Es por eso que desde STOP Uranio y desde Ecologistas coinciden: la oposición ciudadana ha sido fundamental.

“La decisión del CSN es técnica, pero no sería entendible sin la presión social que ha habido”, señala Andaluz, miembro de Ecologistas en Acción. “Creo que, si la población hubiese estado masivamente a favor, la decisión habría sido la contraria. Sin la lucha ciudadana no se habría conseguido”, incide Barrueco. La empresa anunció el lunes por la tarde su decisión de estudiar posibles vías legales. Pero las asociaciones se muestran tranquilas y creen que el cerrojazo al proyecto es definitivo. “El Consejo de Seguridad Nuclear ha considerado insuficientes los informes de la empresa, y además está la nueva Ley de Cambio climático que impedirá su puesta en marcha”, subraya el portavoz de STOP Uranio.

Ahora casi más por una cuestión moral que ambiental, Barrueco espera que la justicia no dé la razón a la empresa. “Creo que buscan lo que pasó con el Proyecto Castor: una indemnización millonaria. Y sería una mala noticia, porque talaron un encinar centenario y han hecho muchísimo daño a la convivencia. Indemnizarles sería una forma de premiarles por todo el mal que han hecho a esta tierra”.