La victoria del PP andaluz compromete la continuidad del pacto de gobierno en Castilla y León

Estaba escrito que el resultado de las pasadas elecciones andaluzas iba a tener repercusiones muy directas sobre el compartimentado gobierno de Castilla y León, donde el socio minoritario, Vox, ha venido imponiendo su discurso ideológico e intentando aplicar su programa de máximos ante la cómplice pasividad del socio mayoritario (PP). Un abierto desafío a la autoridad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incapaz hasta ahora de desautorizar las constantes extralimitaciones de la extrema derecha y en especial del vicepresidente Juan García-Gallardo.

En Andalucía Vox apostaba por un resultado que condujera a una coalición de gobierno similar a la de Castilla y León, lo cual hubiera consolidado el frente común de ambos partidos en el horizonte de las siguientes elecciones generales. Dicho mimetismo entraba en abierta colisión con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, convencido de que la mejor receta para relanzar al PP pasa por distanciarse de Vox y de su discurso ideológico.

El arrollador triunfo de Moreno Bonilla ha avalado la estrategia de Feijóo y convierte el pacto en Castilla y León en un oneroso lastre en el camino a recorrer hacia La Moncloa. Al propio tiempo, el batacazo de Macarena Olona ha obligado a García-Gallardo a recoger apresuradamente velas en su osado intento de dinamitar el Diálogo Social en Castilla y León.

Tras su explosiva comparecencia del pasado lunes 13, en la que, acompañado por el consejero de Empleo, el inefable Veganzones, anunció con toda rotundidad un recorte de 20,3 millones de euros en las subvenciones y programas asociados al Diálogo Social, García-Gallardo apareció el pasado jueves junto al consejero Portavoz, para negar sin pestañear lo que todo el mundo le oyó decir y se hizo constar en el comunicado oficial de la propia Junta.

“Donde dije digo, digo Diego”

Díez días después de haber provocado semejante crisis, el vicepresidente ha tenido el rostro de achacar toda la polémica a la “brocha gorda” utilizada por los medios de comunicación. Gallardo dice ahora que lo único que se va a rebajar es la subvención directa de 4 millones en total que reciben los sindicatos y la patronal por su papel institucional, sometiéndose a “libre concurrencia” el resto de los programas que completan los 20,3 millones en cuestión.

Después de largos días de vergonzante ambigüedad en los que el PP ni ratificó ni desautorizó a Gallardo y Veganzones, ha ocurrido que, en medio del clima de euforia desatado en su partido tras la victoria andaluza, Mañueco no podía secundar a Vox en ese desaforado ataque al Diálogo Social. Y así parece que lo ha entendido el vicepresidente, quien no ha tenido otro remedio que dar marcha atrás y decir digo donde todo el mundo le escuchó decir Diego. Ello sin que Gallardo haya vuelto a reproducir las gruesas descalificaciones dedicados a sindicatos y patronal el lunes de marras.

Tras este viraje, Mañueco presidirá este miércoles el Consejo del Diálogo Social sin que sobre la cabeza de los agentes sociales penda la Espada de Damocles. Previsiblemente, todo se reconduzca a una revisión general del método de funcionamiento y a una futura rebaja de los 4 millones en subvenciones directas, que, de producirse, se extendería también a las organizaciones agrarias (para contrariedad del consejero, Gerardo Dueñas, ex gerente regional de ASAJA, que no tiene ningún interés en meter el dedo en el ojo de esos interlocutores). Más adelante veremos cómo quedan las partidas del Diálogo Social en los Presupuestos de 2023 que PP y Vox han comenzado a negociar.

Después de lo de Andalucía, el PP de Mañueco necesita ir recuperando terreno cedido a Vox y desmarcarse de sus políticas más corrosivas. Y en el pleno de las Cortes de la pasada semana la oposición le proporcionó dos ocasiones que ni pintadas. El PP se sumó sin condiciones a la proposición socialista presentada precisamente en reconocimiento y defensa del Diálogo Social, a la que naturalmente se opuso únicamente Vox. Y lo mismo ocurrió con la moción del superviviente Francisco Igea en defensa de la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que Vox atribuye el “fanatismo climático” que según su peculiar percepción está hundiendo la economía y la nación española.

A contracorriente de la estrategia de Feijóo

Pero por mucho terreno que pueda ir recuperando Mañueco frente a Gallardo, lo que no va a poder evitar el PP son las dos reformas legislativas netamente ideológicas introducidas por Vox en los acuerdos de gobierno suscrito por ambos partidos.

Según lo acordado, esta misma semana deberá presentarse la llamada Ley de Concordia, que supondrá la derogación del Decreto autonómico sobre Memoria Histórica con el que la Junta ha venido colaborando en la exhumación de las víctimas de la guerra civil sepultadas en fosas comunes. E igualmente está acordado que antes del 31 de julio inicie su tramitación parlamentaria la Ley de Violencia Intrafamiliar, el engendro legislativo con el que Vox se propone desvirtuar y vaciar de contenido la Ley autonómica sobre Violencia de Género.

Para desgracia de Mañueco, el respaldo del PP a estas “señas de identidad” de Vox, va a tener una repercusión mediática nacional que empañará la imagen del partido y de Feijóo, para quien el pacto de gobierno en Castilla y León va a convertirse en un creciente dolor de cabeza. De ahí que, tras lo ocurrido en Andalucía, en Génova se esté abriendo paso la idea de romper una perniciosa alianza que, además de dar entrada a Vox en la Junta, le entregó la presidencia de las Cortes.

La celebración de las elecciones municipales a celebrar el 28 de mayo de 2023 constituye la ocasión pintiparada para que el PP se apunte a esa fecha para hacerla coincidir con unas elecciones autonómicas anticipadas previa ruptura con el PP y disolución a primeros de abril de las actuales Cortes. Sin duda esa es la opción que hoy por hoy maneja Feijóo y a la que Mañueco difícilmente estará en condiciones de oponerse.

Un consejero “achicharrado”

Y lo más lamentable. En medio de todos estos trampantojos de la relación PP-Vox, Castilla y León ha sufrido el mayor incendio forestal del siglo, en el que han sido pasto de las llamas más de 30.000 hectáreas de la zamorana Sierra de la Culebra. Un desastre ecológico, económico y social que no hubiera alcanzado tamaña dimensión si la consejería de Medio Ambiente hubiera adaptado el despliegue de su operativo antiincendios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático.

Pero no. El consejero Suárez-Quiñones, obstinado en no declarar la situación de “riesgo alto” hasta el 1 de julio, hizo caso omiso a la previsión meteorológica que anunciaba una tormentosa ola de calor en la zona a mediados de junio. Y el resultado ha sido el desigual combate librado entre las llamas y un operativo reducido al 25 por ciento de los efectivos disponibles 15 días después.

La indignación de bomberos forestales, agentes medioambientales y población de la comarca arrasada ha colocado en la picota al consejero, cuya soberbia ya quedó retratada en su famosa frase “La Administración soy yo”. Mientras Suárez Quiñones ha quedado políticamente achicharrado y la petición de su dimisión ha sido un clamor, el presidente Mañueco ha despachado el asunto afirmando que “la culpa ha sido de la Naturaleza” (sic).

Además de pedir la dimisión del consejero, CC.OO. ha dado traslado a la Fiscalía al entender que la Junta ha actuado con manifiesta negligencia. Al propio tiempo, toda la oposición ha solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación que presumiblemente será vetada por PP y Vox. Solo faltaría.