La reforma de los Estatutos de la UB, un modelo jerárquico que causa preocupación

“La reforma de los Estatutos que se quería aprobar en el Claustro es básicamente un maquillaje del modelo de gobernanza a través de la competitividad, la competencia por la financiación pública, más poder a los Consejos Sociales”, asegura Bernat Bidegain, de la Coordinadora UB.

El lunes sesenta estudiantes pasaron la noche en el edificio de la Plaza Universitat y la mañana del martes se les han sumado otros estudiantes y algunos miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). En total unas 150 personas han bloqueado los accesos hasta que la dirección del centro ha optado por suspender el claustro. Bidegain explica que buscan ganar tiempo para que cuando finalmente se someta la propuesta a votación haya una mayoría en contra.

El bloqueo ha transcurrido sin incidentes. “Nos hemos encontrado que había unos cuantos estudiantes en las puertas de acceso y no dejaban pasar ni a los trabajadores ni a los claustrales, y como no íbamos a hacer ningún enfrentamiento ni empujones, hemos esperado hasta que se ha suspendido el Claustro”, explica César Marín, responsable de la sección sindical de CCOO UB y miembro del Claustro.

Marín lamenta esta acción “porque si el Claustro es el órgano más representativo de la comunidad universitaria, es hacernos daño a nosotros mismos, sobre todo si los argumentos desde Madrid y la Generalitat son contra la autonomía universitaria”. “Lo importante es votar en contra de la propuesta, y de hecho hay muchas enmiendas contra el texto presentado”, asegura.

La universidad ha emitido un breve comunicado anunciando la suspensión del Claustro en el que, además, asegura que “la reforma del Estatuto que hoy se debía debatir responde a un compromiso electoral y ha sido fruto de un gran consenso, primero con la comisión plural, para detectar la necesidad y bases de la reforma, y ​​posteriormente por una comisión técnica claustral”. No obstante, algunos miembros de la comunidad universitaria ponen en duda este consenso.

Una motivación cuestionada

Antonio Madrid, presidente de la Junta de PDI y sindicalista de CCOO, explica que el argumento del rector Dídac Ramírez para impulsar esta reforma es “adelantarse a una probable reforma legal, pero si la ley cambiara porque la cambiara el gobierno central, los estatutos no podrán prevalecer sobre la ley”, remarca.

“Ante las propuestas de reforma del gobierno central y catalán, con una mayor jerarquización, el rector ha encontrado que se debía avanzar con algo, blindando la elección del rector pero no la de los decanos, pero es una tesis bastante ingenua, porque si hay un cambio legislativo todos, también la UB, nos tendremos que adaptar”, asegura Andreu Mayayo, vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia.

Desde la Junta de PDI, explica Madrid, hace tiempo que se pone en cuestión el criterio de la gobernabilidad. “En esta propuesta de reforma el debate sobre qué se necesitaba para mejorar la universidad no se tuvo a fondo”. “El problema de fondo es cómo conseguir una institución más democrática, más transparente, que trabaje por las necesidades sociales, y esto es conseguir una sociedad más igualitaria y más libre”, asegura el sindicalista, que añade que “esta no es la lectura de fondo que tienen el rectorado y el gobierno catalán ”.

Adelgazamiento de los órganos de gobierno

Una de las propuestas controvertidas de los nuevos Estatutos es la reducción de miembros de los órganos de gobierno de la universidad. El Claustro pasaría de tener 450 a 240 miembros y el Consejo de Gobierno de 56 a 39.

“Son propuestas que intentan hacer ágil el funcionamiento, pero no sé si el diagnóstico es el correcto, si es sencillamente porque somos muchos que nos cuesta decidir o es porque nos faltan otros instrumentos que no tenemos”, plantea Elisenda Paluzie, decana de la Facultad de Economía y Empresa. Por otra parte, remarca que todos los estamentos de la universidad seguirán representados en las mismas proporciones que ahora.

En una línea similar, Antonio Madrid explica que la Junta de PDI no considera válido el criterio aplicado por el equipo de gobierno. “Nos faltan buenos argumentos y pruebas que demuestren que con menos personas con más poder la institución se gobierna mejor”, asegura.

Andrés Millán, uno de los representantes de los estudiantes en el Claustro, considera falso el argumento de la ineficacia en la toma de decisiones. Afirma que en donde hay ineficacia es en “la falta de pluralidad y participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones”. “Desde hace años el poder se está acumulando en las altas esferas del Consejo de Gobierno y un Consejo Social que se vende como la conexión de la universidad con la sociedad pero que en realidad es la vía de control de la empresa privada de la gestión universitaria”, asegura Millán.

En un comunicado, el sindicato COS, uno de los convocantes del bloqueo al Claustro, estima que la propuesta de Estatutos “reconcentra poder en el Consejo Social, en las compañías privadas que formen parte de él y en la figura del rector, articulando un modelo de universidad estratificador, perpetuador de redes de relaciones clientelares y tendente a reproducir un modelo de empresa capitalista”.

Cambios en la elección de los decanos

La propuesta del rectorado incluye un cambio en el modelo de elección de los decanos, máximos responsables de las facultades. Hasta ahora, el profesorado fijo podía presentar su candidatura, que era votada por los representantes de los miembros de la facultad en la Junta, escogidos por votación directa. La propuesta del equipo de Dídac Ramírez es que pasen a ser designados por el rector.

El vicedecano de Geografía e Historia Andreu Mayayo se muestra contrario a este modelo. “Un representante del rector como máxima autoridad no es la mejor manera de gestionar el conflicto, sino que los diferentes estamentos universitarios han de elegir a sus representantes y sus órganos de gobierno”, asegura. “Entiendo el modelo anglosajón de captación de gestores académicos, pero creo que en una universidad pública quien ostente este cargo debe contar con la legitimidad de haber sido elegido por la comunidad universitaria”, añade el profesor.

Mayayo, además, considera que “la opinión de que el decano debe ser el brazo ejecutor del rector no es mayoritaria entre el profesorado, y menos entre los estudiantes y el PAS”. En este sentido, el equipo decanal de la Facultad de Geografía e Historia ha presentado una enmienda en este sentido que, explica, ha recogido el apoyo de otras facultades, por lo que el historiador no cree que la propuesta cuente con apoyo suficiente en el Claustro. Para aprobarse necesita los votos favorables de más de la mitad de los claustrales.

La decana de Economía y Empresa asegura que es más partidaria del modelo actual, pero remarca que la propuesta que finalmente se llevará finalmente al claustro “no es tan dirigista como la inicial”. “Lo que cambia es quien tiene la iniciativa de proponer las candidaturas, pero los decanos siguen siendo un cargo elegido por la junta de facultad, y aunque lo proponga el rector sólo puede ser elegido con los votos favorables de los representantes de la comunidad”, explica Paluzie.

Fusión de facultades

Otra medida que hace meses que genera incertidumbre entre el personal de la UB es la fusión de facultades previstas en los nuevos Estatutos. Paluzie valora la propuesta muy positivamente, pero asegura que se puede llevar a cabo sin necesidad de esta reforma. “De hecho, la Facultad de Economía y Empresa nació hace seis años fruto de una fusión que llevamos a cabo con los estatutos anteriores”, remarca.

La decana considera que la UB “tiene una estructura totalmente asimétrica”. “Hay facultades con 400 alumnos y otras con 11.000 como la nuestra, que acaban teniendo el mismo peso a nivel de toma de decisiones y acaba siendo un poco perverso”, lamenta Paluzie. “La Facultad de Economía y Empresa lo padece, porque nos fusionamos con la Escuela de Empresariales, hicimos unificar servicios, hicimos economías de escala, y ahora acabamos pesando lo mismo”, añade.

“Creo que con facultades un poco más grandes, más transversales en enseñanzas y planes de estudios, puedes aprovechar mucho más las sinergias, como por ejemplo asignaturas que podrían ser compartidas entre varios estudios, y aquí lo que tenemos es que cada facultad o departamento terminan defendiendo intereses corporativos”, dice Paluzie.

Desde la Junta de PDI, Antonio Madrid, reclama explicaciones sobre “en qué necesidades se basa y qué efectos tendrían estas medidas, en qué situación queda el PDI y el PAS y qué efectos tiene sobre el servicio que se da a los estudiantes”. Su preocupación se centra especialmente en la fusión de departamentos, no sólo de facultades. “Actualmente la UB tiene unos 106 departamentos, y el rector pretendía dejarlo en una cuarentena o cincuentena”, explica.