La Generalitat ha cobrado una de cada cinco multas a eléctricas: así avanzan las sanciones por pobreza energética
Las principales compañías eléctricas, Endesa y Naturgy –antes Gas Natural–, han pagado ya las primeras sanciones por incumplir la ley catalana de pobreza energética. Tres años después aprobar la norma, a fecha 9 de noviembre de 2018, la Generalitat ha ingresado 351.033 euros correspondientes a 33 de las 145 que ha incoado a estas alturas. Aunque no acaban aquí los trámites. Algunas comercializadoras, principalmente Endesa, han recurrido a los tribunales para que les devuelvan el dinero. No solo lo han hecho con la Administración catalana, también con ayuntamientos como Barcelona o Sabadell.
La radiografía de las sanciones a las compañías eléctricas, a partir de los datos recabados por eldiario.es de la Agencia Catalana de Consumo, revela cómo la Generalitat ha cobrado solo una de cada cinco multas impuestas, aunque el resto siguen todavía su curso administrativo, en el que las eléctricas pueden presentar recursos y alegaciones. De las abonadas, 19 corresponden a Endesa y 14 a Naturgy. Entre ambas se reparten de hecho la práctica totalidad de los expedientes. El 69% son contra la primera y el 26,2%, contra la segunda.
La mayoría de multas son de 10.001 euros, tipificadas como graves según el Código de Consumo, y corresponden a incumplimientos del principio de precaución estipulado en la ley 24/2015. Es decir, que las eléctricas cortaron el suministro de un cliente por impagos sin comprobar antes si se encontraba en situación de vulnerabilidad ni avisar a los servicios sociales. Entre las cobradas no está, sin embargo, la de 500.000 euros que la Generalitat impuso en 2017 a Gas Natural por la muerte en Reus de una anciana de 81 años, Rosa, que se alumbraba con velas por no poder pagar las facturas de la luz.
Tanto desde Endesa como desde Naturgy aseguran que en ningún caso realizan cortes de suministros si quien deja de pagar las facturas está en riesgo de pobreza. Aun así, ante la evidencia de las sanciones incoadas, fuentes de Endesa admiten haber podido cometer “errores” al tener miles de contratados. Preguntadas ambas compañías sobre si las cifras de la Generalitat coinciden con las que manejan sus respectivos servicios jurídicos, Naturgy las confirma, mientras que Endesa matiza que hay ciertas diferencias aunque rechaza aportar sus propios datos.
La ley 24/2015, de emergencia habitacional y contra la pobreza energética, se aprobó en el Parlament en verano de 2015, por una iniciativa legislativa popular de entidades como la PAH o la Alianza contra la Pobreza Energética. La portavoz de esta última, María Campuzano, considera que se debería intensificar la actividad de inspección de las administraciones por si hay más cortes que les pasen desapercibidos. “Cada vez se dan menos, pero nosotros seguimos detectando”, dice.
La mayoría, contratos de mercado libre
Del conjunto de expedientes abiertos por la Generalitat, destaca cómo más de la mitad, el 65%, corresponden a contratos de mercado libre, precisamente aquellos con los que una familia, por muy pobre que sea, no puede acceder al bono social –la rebaja en la factura– que ofrece el Estado. Endesa Energía SAU, comercializadora de mercado libre, acumula 60 expedientes, y Endesa Energía XXI, la de mercado regulado, 40. Un reparto parecido se observa con las 31 multas a Naturgy Iberia SA y las 7 de Comercializadora Regulada Gas & Power SA, ambas las nuevas firmas de Gas Natural para el libre y el regulado, respectivamente.
Aparte de estas empresas, la Agencia Catalana de Consumo ha sancionado la actividad de otras pequeñas comercializadoras, algunas de ellas de distribución local. Ha puesto dos multas a Eléctrica del Ebro SA y una a Adixa Serveis Energetics, Audax Energia, EDP Energia, Estabanell y Pahisa Mercator y Orus Energia.
Endesa lleva más de una veintena a los tribunales
Una parte importante de las multas incoadas por las distintas administraciones han llegado ya a los tribunales. Al menos 27 están recurridas, todas ellas por Endesa, en juzgados contenciosos-administrativos. “Si uno recurre es porque entiende que tiene elementos que lo avalan, la certeza de que las cosas se han hecho bien”, expresan fuentes de la compañía eléctrica. Según cifras de la Generalitat, Endesa ha presentado recurso en 11 resoluciones, aunque la compañía asegura que ha recurrido todas las que ha abonado, lo que elevaría el número a 19.
Pero no solo la Generalitat está inmersa en procesos contenciosos administrativos por sus multas a Endesa, también ayuntamientos como Barcelona y Sabadell, pionera esta última a la hora de sancionar a eléctricas por cortes de suministros. En el caso de la capital catalana, son cuatro las sanciones que Endesa les ha llevado a los juzgados de las 13 que han impuesto en total (las suyas son de 30.000 euros). En Sabadell, por su parte, son 14 las que han acabado sobre la mesa de la justicia. Destaca en su caso que sí hay dos que son de Naturgy.
Sabadell es por ahora la única ciudad en la que existen ya sentencias sobre las sanciones. Fue de hecho la primera administración que vio como la justicia le daba la razón por una sanción de 10.001 euros a Endesa por cortar el suministro a un propietario que no les constaba como “vulnerable”, pero cuyo inquilino sí lo era. La compañía asegura que lo restableció en menos de 24 horas, pero para entonces ya había incumplido la normativa, según avaló el magistrado.
Con todo, el Ayuntamiento de Sabadell ha recibido hasta siete sentencias por sus multas a eléctricas, de las cuales tres son favorables y cuatro, desfavorables, según fuentes del consistorio. En una de estas últimas, consultada por eldiario.es, el juez estima el recurso de Endesa al entender que si bien la compañía retiró la luz sin informar los servicios sociales, esto no se puede considerar “limitar los derechos del consumidor”. Considera que el acceso a suministros básicos es un derecho que tienen no como consumidores, sino como ciudadanos, por lo que debe ser la Administración quien se responsabilice de ellos si no pueden asumirlos.
Barcelona, por su parte, reclama a las eléctricas 430.000 euros por cortar suministros en 13 ocasiones entre 2017 y 2018. La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, asegura que han detectado en los últimos meses un aumento de estas prácticas desde sus Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), una herramienta que han creado para ayudar a rebajar la factura de la luz a los consumidores y con la que aseguran que han evitado posibles cortes en 10.000 hogares de la ciudad.
Pendientes de los convenios y la deuda
Para la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las otras grandes asignaturas pendientes, aparte de acabar definitivamente con los cortes, pasan porque afloren más fácilmente los casos en que los hogares no pueden pagar sus suministros –muchos no llegan a manos de servicios sociales– y por firmar convenios con las empresas para que sean estas las que asuman parte de la factura.
La ley 24/2015 dispone que las administraciones deben establecer acuerdos con las compañías para que concedan ayudas “a fondo perdido” a las personas en riesgo de exclusión o que les apliquen descuentos “muy notables en el coste de los consumos”. Pero que la norma recoja este deber de la Administración no obliga a las eléctricas a satisfacerlo. Hasta la fecha, las únicas suministradoras que se han comprometido a suscribir convenios con el Govern son las de agua.
“Hemos pedido a la Generalitat que lo lidere porque es complicado que haya convenios para cada Ayuntamiento”, expone la teniente de alcaldía Laia Ortiz. Administraciones locales, entidades y el Govern hicieron un frente común en 2017 para exigir a las eléctricas que asumieran el 50% de la factura de consumidores en riesgo de pobreza, pero no lo lograron.
De este modo, los clientes vulnerables acaban acumulando la deuda de las facturas impagadas a no ser que lo haga la administración pública. La Generalitat creó para ello un fondo de 10 millones de euros, aunque municipios como Barcelona o Sabadell consideran que no se tiene que pagar la deuda con dinero público. “Ayudas a las familias, sí, pero se convierte en un gran negocio para las empresas”, lamenta Ortiz, que asegura que solo dan ayudas en “situaciones puntuales de urgencia”.
En el mismo sentido se expresa el concejal de Acción Social de Sabadell, Gabriel Fernández. En su municipio estima que la deuda de los clientes vulnerables que no pueden pagar es superior a dos millones de euros.
