El Gobierno evita posicionarse sobre el plan del Govern para cumplir con el 25% de castellano

El Gobierno ha evitado posicionarse sobre el plan que el Govern ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para cumplir con la sentencia que obliga a implantar un 25% de castellano en el sistema educativo catalán. La Abogacía del Estado deja en manos de los jueces “apreciar el grado de cumplimiento” del fallo por parte del Govern antes de valorar si debe instar a los magistrados a la ejecución forzosa del fallo.

Tal y como adelantó elDiario.es, el Gobierno descarta por ahora pedir la ejecución forzosa del 25% de clases en castellano en Catalunya y espera a tomar cualquier decisión hasta que los jueces hayan respondido al plan de la Generalitat para cumplir con la sentencia que acaba con la inmersión.

A día de hoy, solo la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, puede instar al TSJC a ordenar la ejecución de la sentencia, puesto que es el único actor en la causa judicial a raíz del recurso que presentó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy contra la inmersión lingüística en catalán. Los jueces dieron la razón a la iniciativa del Ejecutivo del PP, pero ahora el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos opta por no incendiar en los juzgados una de las cuestiones más sensibles en Catalunya en un momento de renovación del consenso político alrededor de las lenguas en la enseñanza.

Quienes sí pidieron ejecutar ya de forma forzosa la sentencia son las entidades contrarias a la inmersión, desde la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) a una asociación de guardias civiles. Tras recibir sus escritos, el TSJC pidió posicionarse sobre ellos a Generalitat y Abogacía del Estado.

El escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso este diario, intenta hacer encaje de bolillos entre las asociaciones que han reclamado implantar este mismo curso el 25% de castellano en el aula y el plan del Govern para cumplir con el fallo judicial sin fijar un porcentaje concreto. Así, los servicios jurídicos del Estado descartan sumarse por ahora a la petición de ejecución forzosa, si bien reconocen la legitimidad a la AEB para pedirla.

La Abogacía se limita a constatar en su escrito el plan presentado al TSJC por el Govern para cumplir la sentencia. El escrito del Govern a los jueces no fija un porcentaje concreto de castellano en el aula, sino que presenta como modo de cumplimiento de la sentencia la propuesta de modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, Junts y los comuns; el nuevo decreto lingüístico que prepara la conselleria de Educación; y una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes encargada a la Universitat de Barcelona (UB).

La respuesta del Govern resulta insuficiente para las entidades contrarias a la inmersión lingüística, que el mes pasado iniciaron una ofensiva judicial para instar al TSJC a la ejecución forzosa de la sentencia. Pero a diferencia de la Abogacía del Estado, antes todas ellas deben demostrar ante el tribunal que tienen legitimación para reclamar la aplicación del fallo.

La Abogacía, al contrario que las entidades contraria a la inmersión, evita pedir la ejecución forzosa y criticar el plan del Govern, sino que se limita a indicar que serán los jueces los que “deberán apreciar el grado de cumplimiento [de la sentencia] que implican las medidas comunicadas por la Generalitat de Cataluña”.

Esta valoración judicial, recalca la Abogacía, “será esencial para pronunciarse sobre si concurre o no la ejecución forzosa” que reclaman las entidades como la AEB, así como los plazos para llevarla a cabo. Cabe recordar que las asociaciones contrarias a la inmersión quieren que los proyectos lingüísticos de los centros se adapten al 25% antes de terminar el curso, lo que añadiría un quebradero de cabeza para los directores de escuelas e institutos, que son los que legalmente tiene la responsabilidad, según la Fiscalía, de garantizar el 25%.