La Justicia archiva la querella de Vox contra Aragonès por los avales del procés

Las querellas y denuncias contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y os consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales a los encausados por el Tribunal de Cuentas no han pasado siquiera el primer examen judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha descartado investigar a los máximos responsables del Govern al no apreciar “relevancia penal” en el decreto que firmaron para permitir que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) prestara a los encausados las fianzas.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda inadmitir a trámite las querellas que presentaron Vox y la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) así como la denuncia del líder de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Govern habilitó el pasado mes de julio por decreto al ICF para prestar a Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exaltos cargos encausados un aval para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros en la causa abierta por la internalización del procés. El Tribunal de Cuentas rechazó el aval del Govern e inició el embargo de sus bienes a los encausados.

Además Vox, CCC y Ciudadanos iniciaron la vía penal por los avales, cortada en seco por el TSJC. Descarta el tribunal el delito de prevaricación porque el decreto del Govern fue un “genuino acto político” dictado en base a competencias reconocidas en el Estatut, cuyo control de legalidad debe practicar el Tribunal Constitucional.

Tampoco aprecian los juicios el delito de malversación denunciado. “Nada permite afirmar que el marco legal aprobado por el Govern sea arbitrario por sí mismo y que posibilite sin más una administración desleal de fondos públicos”, señala el TSJC, que destaca que el decreto habilita un préstamo para las fianzas que deberá ser devuelto en caso de condena firme.

Según los jueces, si se llevara “a las últimas consecuencias” tesis de las denuncias de Vox, Ciudadanos y CCC se negaría “toda posibilidad” de otorgar una cobertura a un servidor público frente al riesgo de sufrir un perjuicio patrimonial por su actuación en la administración que todavía deben juzgarse, como es el caso de la causa del Tribunal de Cuentas. Esta situación, remarcan los jueces, “carece de respaldo expreso en mandato alguno del bloque de constitucionalidad”.