Forn alega que la Fiscalía ha traducido mal al castellano un informe clave de los Mossos sobre el 1-O
Cada palabra cuenta en el juicio al 'procés'. Y cuenta todavía más cuando frases traducidas del catalán al castellano forman parte del relato por el que las acusaciones piden decenas de años de cárcel a los líderes soberanistas. El Tribunal Supremo ha aceptado un informe pericial de una filóloga, propuesto por el exconseller de Interior Joaquim Forn, que desmiente la traducción de la Fiscalía de un informe clave de los Mossos d'Esquadra sobre su papel el 1-O, una de las cuestiones esenciales para dirimir la supuesta rebelión.
“El día 1 de octubre debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Catalunya”. Esta es la traducción que hace la Fiscalía en la página 42 de su escrito de acusación sobre el informe de la comisaría general de información de los Mossos d'Esquadra del 28 de septiembre de 2017 sobre el dispositivo policial del 1-O. La perífrasis verbal “debe celebrarse”, a criterio del ministerio público, muestra que los Mossos d'Esquadra antepusieron las órdenes políticas del Govern para facilitar el 1-O al mandato judicial que les obligaba a impedir la votación.
El original catalán del informe es el siguiente: “El dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya”. La discrepancia se encuentra, por tanto, en la traducción de la perífrasis verbal “haver de” por el castellano “deber”. Lo que para la Fiscalía es un verbo que muestra que los Mossos estaban obligados por sus líderes políticos a permitir el 1-O, para Forn no es más que una traducción errónea de un verbo que en realidad sería “se va a celebrar” o “se celebrará” el 1-O y que no implica ninguna voluntad.
En la pericial filológica, elaborada por la presidenta de la comisión de gramática de la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Gemma Rigau, se expone la diferencia entre ambos tiempos verbales. Así, la filóloga argumenta que el tiempo verbal en catalán “s'ha de celebrar” no es equivalente al castellano “debe celebrarse” porque el primero se refiere a una oración pasiva refleja y carece de sujeto, por lo que su interpretación es “incompatible”, zanja Rigau, con el valor de una obligación.
“'Ha de celebrar-se no admite traducirse de ningún modo como 'debe celebrarse'”, abunda la filóloga en su informe pericial, que ha sido admitido por el Supremo como prueba del juicio al 'procés' y al que ha tenido acceso eldiario.es. Si la oración en catalán hubiera querido tener el sentido de una obligación como el castellano “debe celebrarse”, se hubiera escrito “cal celebrar” o “cal que se celebri”, concluye la filóloga.
Esta frase muestra uno de los debates de las últimas semanas entre las defensas, referente al uso del catalán en el juicio. Mientras la defensa de Forn y la de otros acusados como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart o Dolors Bassa prevén declarar en castellano para evitar errores en los matices de la traducción al catalán que facilitará el Supremo, encausados como Jordi Turull, Jordi Sànchez o Josep Rull mantienen su voluntad de declarar en catalán.
Nuevas peticiones de retraso del juicio
Por otro lado, las defensas han vuelto a pedir más tiempo para preparar el juicio al 'procés', que arrancará el próximo martes. La defensa del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller de Exteriores Raül Romeva ha vuelto a pedir al TS que aplace al menos unos diez días el inicio del juicio para tener más tiempo para examinar las pruebas.
El abogado Andreu Van Den Eynde ha presentado un recurso de súplica a la sala del Supremo que juzgará a los líderes independentistas en el que pide un margen de al menos tres semanas entre la fecha en que se notificó el señalamiento del juicio –el pasado viernes 1 de febrero– y el inicio de la vista oral.
En su recurso, el abogado también impugna la decisión del Supremo de no revelar en su auto de admisión de pruebas la identidad del único testigo protegido de la causa, pese a que, argumenta Van Den Eynde, así lo establece la ley cuando alguna defensa lo solicita de forma motivada. El testigo es un mossos d'esquadra de Lleida citado a declarar sobre las instrucciones que recibió de sus superiores para impedir –o facilitar– el 1-O.
Asimismo, el abogado Jordi Pina, que defiende a Sànchez, Rull y Turull, ha pedido pide la suspensión del inicio de la vista el 12 de febrero debido a que no se ha recibido íntegramente “la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019”, entre la que figuran varios informes sobre el dispositivo policial del 1-O o sobre cómo el Gobierno de Rajoy afrontó el referéndum.
Jordi Pina solicita que se dé un plazo de tres semanas a las partes, desde que dispongan de la totalidad de los documentos, “para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba”. Se da por descontado que el tribunal rechazará todas las peticiones.
