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El Supremo confirma que Artur Mas y otros siete exaltos cargos paguen 4,9 millones por la consulta del 9-N

Mas, Rigau, Ortega y Homs, a su llegada al Tribunal de Cuentas en 2019

Oriol Solé Altimira

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Primera confirmación de una condena del Tribunal de Cuentas por el procés. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del expresident de la Generalitat Artur Mas, tres exconsellers y otros cuatro exaltos cargos contra la sentencia del ente fiscalizador que les obligó a pagar 4,9 millones de euros por los fondos públicos destinados a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Ni el expresident ni sus antiguos colaboradores fue condenado por malversación por la Justicia ordinaria.

Casi dos años después de la sentencia del Tribunal de Cuentas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en un auto fechado el pasado 17 de junio, rechaza los recursos de Mas y el resto de condenados porque, a su juicio, sus escritos carecen de la “fundamentación suficiente” para ser admitidos y porque no han justificado el interés casacional, es decir, que la condena del Tribunal de Cuentas se aparte tanto de la jurisprudencia existente como para que el Supremo deba estudiarla.

Los líderes independentistas intentaron justificar el recurso afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era “una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Catalunya”.

La sentencia del Tribunal de Cuentas detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron. Ahora, el órgano fiscalizador deberá ejecutar la sentencia, si bien los líderes independentistas tienen abierta la puerta a recurrir a la Justicia europea.

Mas y el resto de condenados depositaron 2,9 millones de euros que las organizaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron a través de la conocida como “caja de solidaridad” y consignaron varios inmuebles como garantía, por lo que dieron por “íntegramente garantizada” la liquidación de la fianza de 4,9 millones impuestos por el tribunal.

La decisión del Tribunal Supremo, la última instancia ante la que los exdirigentes catalanes podían recurrir la condena del Tribunal de Cuentas, llega en paralelo a la nueva causa abierta por el ente fiscalizador relativa a los gastos exteriores del proceso soberanista. Este miércoles el organismo dio 15 días a Mas y a otros 33 funcionarios y exdirigentes para que abonaran una fianza de 5,4 millones de euros por haber difundido la independencia de Catalunya y el referéndum en el extranjero. Además el ente fiscalizador tiene otra causa abierta por la que impuso en 2020 una fianza de 4,1 millones de euros por los gastos del referéndum del 1-O.

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