La interventora de la Generalitat agraciada con una VPO de Alicante renunció cinco días después de destaparse su caso

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, ha afirmado que por el momento no piensa tomar ninguna medida.

En el caso de Pérez, según el informe de la Conselleria de Vivienda del pasado 2 de marzo remitido a la jueza, renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria. El documento pone de relieve que declaró una unidad de convivencia junto dos hijos y que consta como única adjudicataria. Según la consulta realizada a la Agencia Tributaria, constan unos ingresos de 57.888,00 euros, equivalente a 6,89 veces el IPREM, siendo el límite de ingreso de este expediente 6,9 veces el IPREM (6,5 más 0,2 por cada uno de los hijos).

Además, aportó certificado de no propiedades “solo de la declarante”, pero “no constan en el expediente documentación respecto de los ingresos ni del Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge”. Además, se acredita que está casada en régimen de separación de bienes, lo que deriva en una “presunta omisión de datos esenciales para verificar el cumplimiento de requisitos de acceso a la vivienda de protección pública”.

Añade el documento que “el requerimiento efectuado con fecha 9 de febrero de 2026 a la adjudicataria fue recibido el 10 de febrero” y que “presenta escrito el 18 de febrero de 2026 solicitando la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar los datos económicos ni de propiedades del cónyuge”. Así, se realiza “un segundo requerimiento el 26 de febrero de 2026, recibido el día 27 de febrero, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia” pero “a fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado a este segundo requerimiento”.

El contrato fue tramitado y visado por el funcionario Roberto Palencia, Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, también investigado en la causa: “No consta requerida la documentación del cónyuge relativa al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia. Concluyendo, desconocemos a la fecha de este informe si Sira Pérez cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública ya que no disponemos de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge”.

Como informó este diario, cinco de las 15 personas citadas a declarar en calidad de investigadas permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Además de Pérez, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.