La Audiencia de Alicante admite otro volcado de las escuchas del caso del PGOU de Alicante

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que juzga el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU) ha admitido un nuevo volcado de los audios del 'caso Brugal' que dieron origen a la investigación, así como los informes periciales aportados por las defensas en los que se pone en duda su legalidad, tras incidir en su presunta manipulación.

En un escueto auto, el tribunal admite la práctica totalidad de las pruebas solicitadas tanto por las acusaciones como por las defensas de los nueve procesados en este proceso donde se acusa a los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP, y al constructor Enrique Ortiz.

En esta línea, estima las peticiones de testificales planteadas, salvo la de un funcionario adscrito al Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) del Ministerio del Interior, al no considerarlo necesario.

Igualmente, también rechaza los recortes de prensa aportados por el letrado de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Alicante.

Respecto al nuevo volcado de los audios, el tribunal los limita a las conversaciones captadas en los terminales telefónicos del promotor Enrique Ortiz y de su esposa.

Ahora bien, aplaza hasta el dictado de la sentencia la resolución de todas las cuestiones previas planteadas en las tres sesiones del juicio ya desarrolladas, entre ellas la petición de nulidad del conjunto de los pinchazos telefónicos practicados por la policía que solicitaron las defensas de todos los procesados en las dos primeras jornadas de la vista.

Los abogados de los nueve acusados alegaron que esos audios vulneraron sus derechos al ejecutarse sin una autorización judicial debidamente motivada. Es decir, justo lo que resolvió la Sección Séptima de la Audiencia al dictar sentencia sobre la causa sobre la adjudicación del contrato de recogida de residuos de Orihuela, origen del 'caso Brugal' y de donde salió la pieza separada del PGOU.

Por último, en el auto comunicado este viernes el tribunal ratifica la presencia en el proceso del Ayuntamiento de Alicante y de la agrupación local de Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular, en respuesta a la petición de exclusión que había presentado la defensa de los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo.

El proceso se dirige contra los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; contra el promotor Enrique Ortiz, contra el constructor ilicitano Ramón Salvador; y contra los abogados Gutiérrez y Castedo (hermano de la exalcaldesa), además de contra tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.

El tribunal debe diluicidar si Alperi y Castedo moldearon el planeamiento de la ciudad en beneficio de Ortiz durante su fase de redacción, a cambio de la entrega de supuestas dádivas.

El sumario refleja que el conocido empresario pudo facilitar a los dos expolíticos diversas cantidades de dinero, un coche modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra.

La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi como autores de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias mientras que en lo que respecta a Ortiz pide 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.